La revista Forbes atribuye al rey emérito un patrimonio oculto de 2.000 millones de euros. Un fiscal suizo indaga en la supuesta fortuna del monarca. Los funcionarios de Hacienda, a través del sindicato Gestha, exigen una investigación tributaria. ¿Qué más necesitan la Administración y la Justicia española para abrir al menos un expediente sobre la cuentas de Don Juan Carlos, aunque finalmente la causa sea archivada en base a la inviolabilidad del Jefe del Estado? La prerrogativa real consagrada en la Constitución del 78 impide que el monarca sea procesado y condenado, esa es la verdad jurídica, pero nada se dice en la Carta Magna de que no se pueda examinar su dinero −con luz y taquígrafos como en cualquier democracia−, y más si ese presunto patrimonio está oculto en paraísos fiscales, detrás de cuentas opacas y de oscuros testaferros.

Todos los resortes del Estado fallan cuando se trata de hacerle una simple inspección o declaración de la renta al rey emérito, y a todo ello se suma la indecorosa actitud de los partidos políticos del bloque de la Transición, que siguen bloqueando cualquier iniciativa parlamentaria para llegar a la verdad del asunto. El manto de silencio continúa más vivo que nunca gracias al Partido Popular y al PSOE, a los que ahora se suman Ciudadanos y Vox, que no dejan de ser hijos ilegítimos del PP. Esas son las cuatro patas que aguantan un trono resquebrajado.

Con su decisión, el bloque de la Transición hace un flaco favor a Zarzuela, ya que aquí no se trata ya de cuestionar a la monarquía española en favor de la república, sino de si se está amparando un supuesto caso de corrupción de dimensiones colosales. Nuestra democracia no puede dar cobertura a supuestas prácticas oscuras o pocos transparentes, como la denuncia de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga entrañable del rey emérito que asegura haber recibido una donación de 65 millones de euros a través de un banco suizo y de una fundación panameña.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, una vez más, ha rechazado tramitar las peticiones de los diferentes grupos políticos para crear una comisión de investigación sobre las supuestas cuentas y donaciones atribuidas a Don Juan Carlos. En la votación se dividieron los dos socios del Gobierno de coalición: Unidas Podemos votó a favor de las iniciativas, mientras que el PSOE apoyó su inadmisión junto con PP y Vox.

El órgano que preside Meritxell Batet estudió hasta dos solicitudes que han sido desestimadas. Una de las peticiones fue registrada por ERC y el Grupo Plural que comparten Junts, Compromís, Más País y el BNG. Su objetivo era investigar el supuesto patrimonio irregular en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros, así como determinar las consiguientes responsabilidades “civiles, éticas y políticas” del monarca.

La otra fue promovida por Unidas Podemos y en su texto se habla de la “presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales”. Agrega que “no resulta descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad” a la abdicación de Don Juan Carlos. Dicha renuncia al trono tuvo lugar en junio de 2014, momento “en el que dejó de ser inviolable conforme al artículo 56.3 de la Constitución”, subrayan las fuentes de la formación morada. Al igual que sucedió en iniciativas anteriores, los letrados del Congreso redactaron un informe en contra de la admisión a trámite de las peticiones, reiterando los antecedentes y la interpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado que viene haciendo el Tribunal Constitucional.

La presentación de esta iniciativa ya ahondó las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas se desmarcaron de la solicitud y recordaron que los letrados siempre se han opuesto a calificar iniciativas de control de la Corona. “Es simplemente leerse la Constitución y saber que el rey es inviolable”, resumió la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

Así, esa división se ha materializado en la votación de la Mesa del Congreso. El PSOE, junto con el PP y Vox, respaldaron el informe de los letrados y acordaron inadmitir los escritos, mientras que Unidas Podemos se quedó solo apoyando su tramitación. El líder de Más País, Iñigo Errejón, afirmó certeramente que aunque el rey emérito sea “inviolable”, puede ser objeto de una investigación. Eso es al menos lo que diría la lógica de cualquier demócrata; pero por lo visto la Constitución roza el absurdo en ese polémico artículo que permite que alguien esté por encima de la ley y por encima del bien y del mal. Y ya van 40 años de surrealismo.

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