El nuevo Pedro Sánchez tiene la obligación de mantener su agenda social y de implementar las medidas quedaron sin legislar en la anterior legislatura. Sin embargo, con el incremento de escaños, más el apoyo del resto de partidos progresistas debe cumplir con una de las reivindicaciones de la ciudadanía: el blindaje de los derechos sociales en la Constitución para evitar que las consecuencias de una crisis económica como la del año 2008 las sufra el pueblo.

El primer paso es dar categoría de derecho fundamental a los derechos sociales y, sobre todo, que disponga de un desarrollo reglamentario en el que el Estado se comprometa al mantenimiento y la financiación de los mismos. El compromiso que ya mostró el Ejecutivo de Pedro Sánchez con su agenda social debe trasladarse a una profundización en políticas que prioricen la cohesión social para que España se convierta en una sociedad más justa e igualitaria, un país donde la justicia social garantice los derechos básicos de las personas.

El segundo paso para ello es dar forma de ley a las reivindicaciones de la sociedad civil que, en general, buscan, precisamente, ese blindaje constitucional de los derechos. La derogación de la Ley Mordaza, la legislación de un texto que garantice a todos los ciudadanos una alternativa habitacional en caso de encontrarse en una situación de exclusión social o en riesgo de ser desahuciado.

Por otro lado, con los cambios que está sufriendo el mercado laboral, sobre todo en un país con un sistema de trabajo basado en la precariedad, la temporalidad y la estacionalidad, es fundamental que el nuevo ejecutivo profundice en la implementación de una renta básica. Además, la revalorización de las pensiones en base al coste de la vida o del IPC es un asunto que tiene que estar en la Constitución.

Es cierto que para lograr una reforma constitucional es necesario disponer de dos tercios de los escaños del Congreso de los Diputados y que los partidos progresistas no suman. Sin embargo, los partidos que no apoyen estas reformas mostrarán a todos y cada uno de los ciudadanos quiénes son los que están de lado del pueblo y quiénes están en política para favorecer los intereses de las élites económicas, financieras y empresariales.

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