El Banco de España (BdE) ha hecho pública la contratación de cinco abogados del despacho Uría y Menéndez, el bufete de cabecera del Banco de Santander. Sorprende sobremanera esta decisión cuando el regulador tiene la posibilidad de hacer uso de la Abogacía de Estado para ser representado ante los tribunales. Sin embargo, han decidido contratar a Uría y Menéndez por 36.295 euros brutos. Según fuentes de la abogacía consultadas por Diario16, esta cuantía es muy elevada, sobre todo si tenemos en cuenta que el trabajo encargado al bufete de cabecera del Santander es en referencia a un litigio laboral, en concreto, por la demanda interpuesta por el ex directivo Jorge Pérez Ramírez, quien fue despedido del Banco de España el pasado verano.

El hecho de que una institución como el Banco de España haya contratado a los abogados que con más frecuencia representan al Santander es un claro ejemplo de conflicto de interés, tanto por parte del organismo como por el del bufete. No hay más que recordar el papel fundamental que jugó Uría y Menéndez en la resolución y venta del Popular. ¿No piden desde el BdE ejemplaridad a las empresas e independientes en los consejos de administración de los bancos? ¿Cómo pueden contratar a alguien que está defendiendo al Santander en un caso en que el BdE aporto los peritos?, ¿cómo pueden contratar a este bufete, cuando consta que fue Uría quien dirigió la declaración de inviabilidad del Popular, una inviabilidad que ahora incluso niegan los que fueron parte de aquel consejo y dicen que les dieron 30 minutos para decidir o que se atuviesen a las consecuencias? ¿Por qué el Banco de España no utiliza a los abogados del Estado que tiene asignados y que no tienen coste para contratar a estas «estrellas del firmamento»?

Son muchas preguntas que surgen de esta contratación que, además, se ha realizado sin dar ningún tipo de publicidad al concurso y al que se invitó a otros bufetes que, casualmente, también son contratados con frecuencia por el Santander.

La justicia española, por su propia salud democrática, transparencia y limpieza, tiene la obligación para con la ciudadanía de frenar las actividades «subterráneas» de estos grandes despachos porque, según se ha indicado en denuncias ante la Comisión Europea, la corrupción judicial comienza por la influencia que ejercen estos bufetes que, a través de influencias, de contratación de jueces, magistrados o fiscales de los altos órganos de la Justicia, colocan a sus grandes clientes en una situación de impunidad ante los tribunales. Este hecho supone un verdadero atentado contra el Estado de Derecho donde, supuestamente, se impone la ley a cualquier otro aspecto. Sin embargo, en España estos grandes bufetes tienen tanta influencia que son capaces de inclinar la balanza en favor de las élites a las que representan, un tipo defensa ante la que el pueblo está indefenso porque, incluso, han logrado modificar, retorcer y crear doctrinas legales a la carta para proteger a las clases dominantes.

En el Caso Banco Popular hemos tenido ejemplos de ello. El FROB contrató como asesores externos a dos bufetes para la preparación y ejecución de la resolución de la sexta entidad financiera 8 días antes de la resolución, cuando aún no se habían producido las salidas de liquidez que fueron la causa única la ruina de 1,2 millones de personas. Uno de los despachos contratados fue Baker & McKenzie, un bufete que es cliente de Carlos Gómez-Jara, abogado de Emilio Saracho, y en el que trabaja el actual decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig, el hombre que acompañó al ex presidente del Popular en su declaración en la Audiencia Nacional. Por otro lado, Christine Lagarde, la actual presidenta del BCE, fue consejera de dos filiales de Baker & McKenzie entre los años 2003 y 2005. ¿Aquí tampoco había conflicto de interés?

En otro orden, el propio Ministerio de Economía está en la obligación de controlar estos movimientos de los organismos que dependen de él. Por más que la ministra Calviño sea partidaria de realizar una política económica continuista, es decir, de claro corte neoliberal similar al de Luis de Guindos —sólo les separan pequeños matices—, el gobierno de un país democrático está en la obligación de mantenerse en una postura coherente con su deber de defender al pueblo de los abusos de los poderosos.

La incoherencia de cualquier tipo suele tener como consecuencia la tiranía, es decir, lo contrario a lo que debe defender una democracia. En un país azotado por la corrupción, con denuncias interpuestas por ciudadanos y ciudadanas o por organizaciones de la sociedad civil ante los organismos judiciales y políticos europeos contra el Reino de España por presunta corrupción judicial, el papel de control de la dignidad democrática que deben ejercer los representantes del pueblo debe ser observado de manera absolutamente metódica, sin resquicios. Permitir que se realicen contrataciones de los grandes bufetes que utilizan la influencia de sus «contrataciones estrella» para que la Justicia se vuelva injusta es abrir la puerta al sometimiento popular respecto de las élites. Así no funciona la democracia ni, desde luego, la ética.

3 Comentarios

  1. ¿Está el Banco Santander intentando tener MANIPULADO al Banco de España ‘??? El CAPITALISMO CHAPUCERO Y DE AMIGUETES PARA ESTAFAR AL PUEBLO NO TIENE FIN. España se encamina a ESTAFAR AL PUEBLO COMO SEA, SE TRATA DE UN PAIS BANANERO. MENUDO COMPADREO.

  2. El Banco de España está al servicio de los intereses intereses de los ciudadanos de España. Mas ocultismo ???; nepotismo financiero ??. Hay un clraro conflicto de intereses. Poca transparencia. El Banco de España pierde credibilidad.

  3. Son todos una pandilla de delicuentes que se tapan unos a otros y estan de mier da hasta arriba, por el poder y el dinero venderian hasta su madre QUE ASCO DE PAIS Y DE DEMOCRACIA…..

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