La Fundación Artemisan ha registrado un documento de 14 páginas presentando numerosas alegaciones al anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, según ha recogido hoy el Portal Veterinaria.
El anteproyecto ha sido promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Desde la Fundación piden en primer lugar la retirada del proyecto «por su clara tendencia animalista y su fuerte carga ideológica«. Señalan además la «falta de criterios científicos y la nula participación de los sectores afectados«.
La Fundación Artemisana defiende que se parte «del concepto equivocado de querer equiparar los derechos de los animales con los de las personas» y además, critica que se imponga la castración de animales y la prohibición de cría por parte de particulares. Consideran que es «absolutamente injustificable».
La entidad considera que la norma invade competencias de las Comunidades Autónomas que ya han regulado sobre esta cuestión y cree que invade las del Ministerio de Agricultura en el caso de los animales de producción.
Actividad cinegética
La Fundación considera que no puede ser objeto de regulación del anteproyecto materias como la actividad cinegética y la utilización de animales auxiliares del cazador. Por ello, pide que se excluya de forma expresa a los perros de caza, así como a los de pastoreo y vigilancia.
Insta también en las alegaciones propuestas a que se excluyan del anteproyecto los animales silvestres, incluidos los que estén en cautividad o se críen con fines cinegéticos. «Animales todos ellos que son objeto de una regulación específica tanto internacional, como nacional y autonómica».
Recuerdan desde la fundación que «la comunidad científica se ha posicionado claramente en contra del anteproyecto y que la definición de maltrato animal reflejada es contraria a la legislación europea». Recuerda que la legislación europea impide que determinados animales, como perros, gatos y hurones sean considerados «per se» animales domésticos, como pretende la ley.
Retirada del título de Inspección y vigilancia
Se pide la retirada del título V «inspección y vigilancia» por ser «contrario al ordenamiento jurídico». Se prevé la obligación de las personas poseedoras de animales de permitir la realización de inspecciones sin existir mandato judicial previo, o la instalación de sistemas de videovigilancia en instalaciones donde se manipulen o sacrifiquen animales: según la fundación esto supone una clara colisión con el derecho a la intimidad y a la propia imagen.
Además, señalan la sorpresa de que el anteproyecto cuente con un apartado exclusivamente dedicado a las colonias felinas, como si fuera «la especie más necesitada de protección». En este sentido, la Fundación Artemisan recuerda que «no se han tenido en cuenta los estudios científicos que señalan los perniciosos efectos sociales y sobre la conservación de la fauna salvaje que generan los gatos callejeros».
