Gracias al concordato que España tiene firmado con la Santa Sede, la Iglesia católica se ha librado de pagar numerosos impuestos como el IBI. Y no será porque la jerarquía vaticana no cierra importantes negocios inmobiliarios que rinden pingües beneficios cada año. Esas plusvalías deberían estar sujetas a tributación por una simple cuestión de redistribución de la riqueza, de justicia social y de humana y moral equidad. Sin embargo, los obispos siempre se han resistido a pagar impuestos, pese a que esa es la mejor forma de acabar con la pobreza en el mundo. La caridad es importante, pero la justicia social es la gran lección que enseña el cristianismo. Lamentablemente, ese principio no termina de ser asumido por el clero romano, más preocupado por la usura que por la contribución mediante impuestos a un Estado más próspero y mejor.
Según publica Infolibre, parte de los 200 millones de euros que la curia católica ingresó en el año 2015 por sus actividades económicas provienen del negocio del alquiler inmobiliario. Y pese a todo, la Iglesia no paga el IBI. Tal privilegio, como otros muchos en nuestro país, viene de los tiempos de Franco, aunque quizá se remonte a varios siglos atrás, cuando España se convirtió en un país nacionalcatolicista. Ahora algunos ayuntamientos como el de Valencia de Joan Ribó se han propuesto terminar con esta exención (más bien una bula) que provoca un grave daño a las arcas públicas, sobre todo hoy en día, cuando la crisis sigue haciendo mella y la parálisis institucional ralentiza la transferencia de los presupuestos previstos a las administraciones locales y autonómicas.
Ribó ya ha advertido que está dispuesto a «mantener una equidad con todas las empresas de la ciudad» (a fin de cuentas la Iglesia se rige por criterios empresariales) y eso pasa por fiscalizar al clero. Según el alcalde, «si hacemos pagar impuestos a un aparcamiento privado tenemos que hacerlo pagar a cualquier aparcamiento, aunque este sea de la Iglesia. Esa es la situación».
El progresista y bienintencionado primer edil valenciano está dispuesto a romper el hasta ahora sagrado concordato en una de las decisiones políticas más arriesgadas que se recuerdan desde los tiempos de la desamortización de Mendizábal, ya que es bien sabido que todo aquel que se atreve a enfrentarse a los obispos termina pagándolo caro y lamentando aquello tan quijotesco de «con la Iglesia hemos topado». De entrada, el Quijote Ribó se encontrará con uno de los prelados más duros del momento, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Sobre el cardenal, Ribó ha manifestado que no es su «intención tropezar con él» porque guarda una «relación buena a pesar de las discrepancias» que puedan haber tenido en ocasiones. «Desde un planteamiento laico, todos somos iguales ante la ley, sea cual sea la religión y confesión», ha añadido el alcalde.
La idea de Ribó de pasarle la factura tributaria al Arzobispado va en la línea de lo que ya ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, quien ha asegurado que habrá que «replantearse la fiscalidad de la Iglesia católica para que contribuya a la justicia social». Ribó ha elegido el mejor momento para declararle la «guerra impositiva» a las «manos muertas» (así se denominaba en tiempos de Mendizábal a las tierras improductivas en poder de las órdenes religiosas). La izquierda no solo controla el Gobierno municipal sino también el autonómico. El Botànic 2 de Ximo Puig, ya consolidado el pacto PSOE/Compromís/Podemos, tendrá cuatro años por delante para poner en práctica su ambicioso programa social ecosocialista, laico y feminista, de manera que a la Iglesia no le quedará otra que tragar o desahogarse con el recurso a la pataleta desde los púlpitos.
A buen seguro no tardaremos demasiado en ver a los primeros curas lanzando agrios sermones dominicales plagados de consignas políticas y arengando a los fieles a rebelarse contra ese Gobierno valenciano ateo y comunista que pretende imponer el relativismo marxista en la bendita tierra de San Vicente Ferrer. A las pastorales se sumarán con total seguridad los neofalangistas de Vox y los meapilas de Hazte Oír, que en Valencia tienen uno de sus más rocosos bastiones. La llamada a la santa cruzada contra Ribó, el bolchevique infiel que pretende que los curas pasen por caja, como cualquier mortal, no se hará esperar. Ya se sabe que la Iglesia perdona cualquier pecado menos que la cosan a impuestazos. Eso es casus belli, más aún si la orden viene de un Gobierno rojazo de corte bolivariano o «sanchista». Los obispos son solidarios cuando se trata de impartir consuelo espiritual y el padrenuestro gratis. Otra cosa es el patrimonio, el cepillo a buen recaudo en la Banca Ambrosiana y los demás bienes intocables de la Iglesia. Y es que el negocio es sagrado.
