El habilidoso letrado Carlos Gómez Jara, experto en puertas giratorias, uno de los abogados externos del FROB, ha cobrado 19.151 euros al ex subdirector general de NovaCaixaGalicia (NCG) Domingo González Mera, quien se encuentra imputado en varias causas judiciales en la Audiencia Nacional a raíz de denuncias presentadas, sorprendentemente, por el propio FROB.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) intervino en septiembre de 2011 la antigua caja de ahorros gallega, (producto de la fusión de CaixaGalicia y CaixaVigo) tras inyectarle 2.465 millones de euros de dinero de todos los ciudadanos y hacerse con el 93% de su capital, para salvarla de la quiebra.
El Gobierno del PP anunció en octubre de 2014 que el FROB enviaría a la fiscalía 20 “operaciones potencialmente irregulares” llevadas a cabo por directivos de NovaCaixaGalicia (NCG) y Catalunya Caixa (la entidad que presidía el ex ministro socialista Narcís Serra), que habían supuesto un importante quebranto económico para estas cajas.
A raíz de estas denuncias presentadas por el FROB, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, impuso una fianza de 80 millones de euros a cinco ex directivos de Caixanova (entre ellos, su ex presidente Julio Fernández Gayoso y a Domingo González Mera), imputados por los delitos de administración desleal y blanqueo.
Según la causa instruida por el juez José de la Mata y, por mediación de estos directivos, Caixanova otorgó en otoño de 2005 créditos que suman más de 75 millones de euros a la sociedad Promalar, en la que tenían intereses dos responsables de la propia caja de ahorros: su ex presidente Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle.
Un año después, en octubre de 2018, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, dictó el auto de apertura de juicio oral contra cuatro ex directivos de Caixanova (entre ellos, de nuevo, el ex presidente Julio Fernández Gayoso y el citado Domingo González Mera), para los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden penas de cuatro años de cárcel como autores de un delito societario.
Están acusados de causar a la antigua caja de ahorros gallega un quebranto de 41,8 millones de euros al financiar a través de Proinva una operación inmobiliaria en el municipio de Rivas Vaciamadrid. El juez instructor impuso a los cuatro procesados una fianza civil solidaria de 67,35 millones de euros.
El ex subdirector general de Caixanova Domingo González Mera está imputado en al menos otras dos causas juidiciales a raíz de las denuncias interpuestas contra él por el FROB ante la Fiscalía Anticorrupción. Y, pese a ello, González Mera ha contratado los servicios de Corporate Defense SL, el despacho hispano-dominicano del abogado externo del FROB y de Emilio Saracho Carlos Gómez Jara, al que en 2016 habría abonado 19.151 euros.
Domingo González Mera ha sido subdirector general de Planificación Financiera y Control de Caixanova entre junio de 2006 y diciembre de 2010. En esta fecha, fue ascendido a director general de riesgos (un cargo que ocupó hasta noviembre de 2011), cuando la antigua caja de ahorros se transformó en NovaCaixaGalicia (NCG).
El abogado externo del FROB, del Fondo de Garantía de Depósitos y de Emilio Saracho, Carlos Gómez Jara, conocido en el Fondo como el James Bond español, también tiene como clientes a dos antiguas empresas del ex presidente de la CEOE y ex propietario del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán: Hotesand Inmobiliaria y White Horse Mallorca Property SA, propietaria del complejo de apartamentos Belleveu del Puerto de Alcúdia (Mallorca). Díaz Ferrán ha recibido su última condena el pasado mes de marzo, en este caso por apropiación indebida. Ha pasado largas temporadas en prisión y está pendiente de la conclusión de varios procedimientos en su contra. En diciembre de 2013 la Audiencia Nacional le condenó a dos años y medio de prisión y 99 millones de euros de multa por defraudar a Hacienda en la adquisición de Aerolíneas Argentinas.
Clientes deudores al FROB
La primera de estas sociedades, Hotesand Inmobiliaria, es deudora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que dejó impagado un crédito de 124 millones de euros que la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) le concedió para comprar el hotel Grand Esmeralda de la Riviera Maya, valorado en 254 millones de dólares.
Ni el FROB ni el FGD han emprendido acciones penales contra Gerardo Díaz Ferrán para exigirle la responsabilidad civil por esta deuda de 124 millones de euros. Tres grandes grupos turísticos pidieron ante la Audiencia Nacional que anulara la venta del hotel Grand Esmeralda, con el fin de que este establecimiento sirva para liquidar las deudas que dejó Díaz Ferrán.
Sin embargo, cuando el litigio llegó al Tribunal Supremo, la inmobiliaria Hotensand representada por el abogado habitual del FROB Carlos Gómez Jara, sorprendentemente, se opuso a estas pretensiones. El despacho de Gómez Jara cobró 48.400 euros de la antigua empresa de Gerardo Díaz Ferrán White Horse Mallorca Property en 2016.
Otra vez un actor jurídico polivalente cruzando con destreza puertas giratorias ante la mirada consentidora de quienes debían impedírselo por razones de obligación legal y ética.
