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El 48% de las mujeres en España aún no tiene acceso a una asistencia integral contra la violencia sexual

Amnistía Internacional denuncia que casi la mitad de las víctimas de agresión sexual no tienen acceso a centros a los que dirigirse para solicitar ayuda, y en los que se les pueda dar atención médica, psicológica y asesoramiento legal si quisieran presentar una denuncia

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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Aunque se están dando pasos relevantes por parte del Estado para abordar la violencia sexual en España, Amnistía Internacional advierte que el 48% de las mujeres sigue sin contar con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. No tienen acceso a centros a los que dirigirse para solicitar ayuda, y en los que se les pueda dar atención médica, psicológica y asesoramiento legal si quisieran presentar una denuncia. La nueva ley de Libertad Sexual, que está preparando el Ejecutivo, debe ser una oportunidad para prevenir la violencia sexual, proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Pero para que sea efectiva, debe ir acompañada de unos presupuestos específicos contra la violencia sexual. Hasta ahora, sólo cinco millones de euros aparecen en los Presupuestos Generales expresamente destinados a apoyar a mujeres víctimas de violencia sexual.

Más recursos para la atención integral

Dos años después del informe de Amnistía Internacional, Ya es hora de que me creas, en el que se denunciaba la falta de recursos para abordar la violencia sexual en nuestro país y la desigual atención en las distintas comunidades autónomas, hay considerables mejoras. Una comunidad autónoma (Principado de Asturias) y un Ayuntamiento (Madrid) cuentan ya con un centro de crisis que atiende de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa.

Siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, y Murcia) ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y violencia sexual. En Castilla La Mancha y en Euskadi existe un programa de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja; y en Cataluña se ha creado una unidad contra las agresiones sexuales, además de poner en marcha protocolos de prevención de abuso sexual en programas de educación en tiempo libre y en el transporte público.

«Aunque se ha mejorado la atención a las víctimas de violencia sexual, ésta sigue siendo desigual. Y hay nueve comunidades que aún no han impulsado medidas que protejan de manera integral a las mujeres. Para que la nueva ley se pueda convertir en una herramienta eficaz, son necesarios presupuestos específicos y suficientes para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha recursos para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual», señaló Verónica Barroso, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España.

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Aunque se ha mejorado la atención a las víctimas de violencia sexual, ésta sigue siendo desigual. Hay nueve comunidades que aún no han impulsado medidas que protejan de manera integral a las mujeres

Verónica Barroso, Amnistía Internacional

Para 2021, los Presupuestos Generales del Estado prevén una partida de 180 millones de euros en cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género, lo que implica un incremento del 15 por ciento con respecto al año anterior. 113 millones estarán destinados a las Comunidades Autónomas, de los cuales, a Amnistía Internacional le preocupa que solo cinco millones estén expresamente dirigidos a programas de apoyo a víctimas de violencia sexual, lo que podría dejar en situación de especial vulnerabilidad a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.

Una ley que se gane la confianza de las mujeres

Otro de los avances que Amnistía Internacional valora positivamente es el hecho de que la violencia sexual haya dejado de ser invisible. La nueva Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019 ha puesto datos sobre una realidad que podría afectar a más de 2,8 millones de mujeres mayores de 16 años en nuestro país (el 13’7 por ciento). La Macroencuesta muestra que se trata de una realidad que sigue sin denunciarse, solo el 8% de las mujeres dan el paso para hacerlo. Sus motivos para no presentar la denuncia siguen siendo: el miedo a que no las crean, el estigma, la falta de información, o el miedo al agresor (en el 70 por ciento de los casos suele ser un hombre conocido).

En los primeros seis meses de 2020, las denuncias presentadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual se han reducido en un 15,3% con respecto al mismo periodo de 2019, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. Se han registrado 6.139 denuncias por delitos sexuales entre enero y junio, 34 por día.

«No podemos olvidar que, según los últimos datos de Eurostat de 2018, España, aunque había registrado un aumento de denuncias en los años anteriores, se mantiene a la cola de los países europeos, ocupando el puesto 25 de 32 en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual (3,64 por cada 100.000 habitantes). El hecho de que las mujeres no confíen en las autoridades para su protección, no puede seguir siendo un obstáculo para que se garanticen sus derechos», manifestó Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

La nueva ley debe ser una oportunidad para las mujeres. Y debe abordar medidas eficaces para que éstas sepan que si denuncian no serán cuestionadas».

Virginia Álvarez, Amnistía Internacional

«Valoramos positivamente que se esté trabajando en un Proyecto de Ley sobre libertad sexual. Esta iniciativa es sin duda una victoria para las sobrevivientes y para las mujeres activistas y feministas que han reclamado durante años reformas legales, políticas y prácticas. Esta ley debe ser una oportunidad para la prevención de la violencia sexual, para la protección de las mujeres que han sufrido una agresión, y para que se garanticen sus derechos. Debe abordar medidas eficaces para que éstas sepan que si denuncian no serán cuestionadas», señaló Virginia Álvarez.

Por ello el anteproyecto de ley debe:

Garantizar la existencia de centros especializados en todo el territorio español, y a largo plazo impulsar la creación de centros de emergencia multidisciplinares con atención permanente.

Poner en marcha la reforma del Código Penal, anunciada por el Ejecutivo, que prevé centrarse en el consentimiento libre y expreso dado por la mujer, tal y como estable el Convenio del Consejo de Europa. Un hito que debe acompañarse de la adecuada formación al personal judicial.

Impulsar campañas a nivel estatal y autonómico de sensibilización para el conjunto de la sociedad basadas en la libertad sexual y seguridad de las mujeres; y de información clara para que éstas sepan qué pueden hacer en caso de sufrir una agresión sexual.

Apostar por una formación con perspectiva de género de todos los y las profesionales con los que se encuentra una mujer víctima de violencia sexual para evitar su revictimización con estereotipos erróneos. Y conseguir que las mujeres puedan sentirse creídas y protegidas a la hora de presentar una denuncia.

Que las paredes hablen De cara a la celebración del 25N, activistas de Amnistía Internacional saldrán a la calle en ciudades como Albacete, Badajoz, Bilbao, Madrid, Murcia, Sevilla, o Zaragoza, entre otras, con la campaña europea #LetsTalkAboutYes. A través de grafitis con artistas locales sensibilizarán sobre la violencia sexual, recordando que solo el sí es sí, y que lo demás será violación. La organización sigue impulsando la petición Por una

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