Los Ministros de Justicia de los Estados miembros de la UE han propuesto suavizar las penas y sanciones para los delitos contra el medio ambiente respecto a lo propuesto por la Comisión Europea, tal y como ha quedado patente con la posición adoptada recientemente sobre la revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
La también conocida como Directiva sobre delitos ambientales (DCA) aborda aspectos como el uso de veneno en el campo o los vertidos ilegales. No obstante, otros delitos ambientales como la pesca ilegal, no declarada y no regulada y la contaminación acústica submarina, siguen sin estar cubiertos por la Directiva. Por ello, WWF considera que la postura de los Estados miembros no aborda adecuadamente los delitos contra el medio ambiente y critica que las penas máximas de prisión acordadas por los ministros son demasiado bajas para disuadir estos delitos. Por ejemplo, la pena baja de 4 a 3 años de prisión por delitos contra la vida silvestre respecto a lo propuesto por la Comisión Europea.
Asimismo, unas penas tan bajas provocan que no se dediquen recursos suficientes para la persecución de estos delitos, y que no se autoricen métodos de investigación, como escuchas telefónicas o registros domiciliarios, que sí se usan en otros crímenes considerados graves.
Finalmente, la posición de los Estados miembros de la UE también debilita las medidas para ayudar a las autoridades competentes en la lucha contra los delitos ambientales como la supresión de la necesidad de que todos los Estados miembros protejan a las personas que denuncien delitos o ayuden en las investigaciones.
WWF, junto a las organizaciones Birdlife, Born Free, EEB, IFAW, Eurogroup for Animals y Humane Society International, considera que es positivo que los Estados miembros propongan duplicar la lista de delitos establecida en la Directiva anterior, y también que reconozcan la necesidad de recursos, formación, prevención y mejora de la coordinación entre las autoridades nacionales competentes.
El Parlamento Europeo debe adoptar ahora una posición progresista, que aborde los puntos débiles de la posición del Consejo y que tenga en cuenta los informes de opinión elaborados por las comisiones parlamentarias.
«Nos decepciona ver los bajos niveles de ambición en lo que respecta a la armonización de las sanciones, así como un debilitamiento de elementos como las estrategias nacionales y la notificación de datos. Ambas cosas podrían dar lugar a focos regionales de delitos contra el medio ambiente dentro de la Unión Europea. Corresponde ahora al Parlamento Europeo subsanar las deficiencias de la posición del Consejo y presionar para que se incluyan disposiciones fundamentales», declaró Roselina Stoeva, gestora del proyecto SWiPE.
España: Mayores penas contra la impunidad
En España, la actual reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que sigue en tramitación parlamentaria, es una oportunidad única para reforzar la lucha frente a los crímenes contra la fauna salvaje. Por este motivo, WWF España ha seguido estrechamente este proceso y ha propuesto diversas enmiendas. Aunque la caza o el tráfico ilegal de especies protegidas ya son delitos, hasta la fecha ningún condenado ha tenido pena de cárcel, incluso en casos tan graves como el envenenamiento masivo de especies protegidas. Entre las propuestas, WWF España reclama aumentar las penas, para que estos crímenes que destruyen la biodiversidad no queden impunes.
Desde septiembre de 2020, WWF España participa en el innovador proyecto LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), con el objetivo de mejorar la detección y persecución de los delitos contra las especies silvestres, y comunicar y visibilizar más activamente este tipo de crímenes, para reducir la incidencia de delitos como el veneno, la caza ilegal y el tráfico ilegal de especies. Con esta iniciativa se busca unir esfuerzos de once países europeos mediante acciones de cooperación transfronteriza, capacitación e intercambio de experiencias entre todos los agentes implicados en la lucha contra el crimen ambiental (agentes de medio ambiente, SEPRONA, aduanas, fiscales, abogados, jueces, etc.), como por ejemplo, con unas jornadas organizadas por WWF España en Madrid el pasado mes de junio, que reunieron a más de 120 expertos y representantes de autoridades de más de 20 países.
