El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2019 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

En 2019, el MNP ha inspeccionado 106 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias de 15 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. 47 de estas visitas fueron de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución suponen o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han formulado 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales.

El pasado año 82 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales o sanciones administrativas frente a 12.252 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia.

Centros para menores infractores

El MNP tiene registrados en toda España 71 centros para menores infractores. En 2019 se han realizado 10 visitas, todas menos una fueron a centros que se inspeccionaban por primera vez. En total, estas visitas han derivado en 290 conclusiones que han generado una recomendación, 139 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales.

Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una sujeción mecánica en uno de estos centros. En 2019, la Institución ha seguido prestando especial atención al desarrollo de este tipo de prácticas durante las inspecciones realizadas y además, ha solicitado información a las comunidades autónomas sobre este asunto.

Ya en 2020 con la información recopilada, la experiencia acumulada en años de visitas a este tipo de lugares y tras inspeccionar de nuevo el centro “Tierras de Oria” de Almería donde se produjo el último fallecimiento, Fernández Marugán ha formulado una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. En este sentido, ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención.

El Defensor se ha mostrado contundente con este tipo de prácticas que en su opinión son de una “crueldad innecesaria”. Así, ha concluido que “no puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”.

En los CIMI no se han realizado visitas específicas con perspectiva de género como sí se ha hecho en el ámbito penitenciario pero se han percibido determinadas situaciones que demuestran la necesidad de observar detenidamente las condiciones en las que las jóvenes cumplen las medidas privativas de libertad en estos establecimientos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la educación llama la atención que en algunos centros como “Los Alcores” (Sevilla) los menores están separados por niveles e incluso cuentan con un aula específica de salud mental y, en cambio, las menores están todas juntas, sin distinción de niveles o de necesidades especiales.

Centros penitenciarios

En 2019 se visitaron 16 centros penitenciarios (CP), de los cuáles uno fue el Centro de Inserción Social (CIS) “Mercedes Pinto” y otro el Centre Obert de Barcelona. También se visitó la unidad de custodia hospitalaria del Hospital “Punta de Europa” de Algeciras y el Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa.

En total se alcanzaron 409 conclusiones sintetizadas en 20 recomendaciones, 10 recordatorios de deberes legales y 158 sugerencias. El Defensor valora positivamente que varias de sus resoluciones hayan sido acogidas favorablemente por la Administración Penitenciaria plasmándolas en circulares, instrucciones u órdenes de servicio.

Las cuestiones que han centrado la actividad del MNP en el ámbito penitenciario han sido la supervisión del empleo de sujeciones mecánicas y el control y uso de otros medios coercitivos; el seguimiento del proceso de regulación del uso de los sistemas de videovigilancia y su mejora; el régimen disciplinario; la eficacia de las investigaciones de malos tratos, y la presunción de inocencia de los empleados públicos. Además, ha seguido interesándose por las reivindicaciones y problemas del personal penitenciario para desarrollar su labor. Fernández Marugán ha abogado ante la Administración por el diálogo para abordar y solucionar sus problemas. En su opinión, los funcionarios de prisiones prestan un servicio esencial.

En 2019 se prestó especial atención al ejercicio de la potestad disciplinaria para corregir a los internos. Para el Defensor, “un alto nivel de sanciones puede deteriorar la convivencia entre los internos y las personas que trabajan en el centro”. Por este motivo, la Institución ha formulado una recomendación para que se implante un plan estratégico de reducción de expedientes sancionadores en el que se incluyan medidas alternativas a las correccionales para la resolución de conflictos.

A la hora de mejorar el procedimiento sancionador penitenciario, la Institución considera que también se debe tener en cuenta que existen internos extranjeros que no conocen el idioma adecuadamente. Además, aboga por la generalización del uso de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, como medio de prueba.

Por otra parte, apunta que como complemento de esta reducción de expedientes, potenciar la mediación en el ámbito penitenciario podría reportar beneficios para el orden y la seguridad del centro.

En lo relativo a los CIS, el Defensor recuerda que el sistema de semilibertad se caracteriza por ser un régimen de confianza en la persona que cumple condena. Por este motivo, no comparte la prohibición absoluta del uso de teléfonos móviles en estos lugares. Así, ha recomendado que estas personas puedan hacer uso de estos dispositivos con las medidas de seguridad necesarias ya que considera que puede ser favorable para su reinserción. Por ejemplo, puede permitirles gestionar ofertas de trabajo de cara a normalizar su vida.

Visitas con perspectiva de género

En 2019, se ha continuado con el proyecto iniciado en años anteriores de realizar visitas a centros penitenciarios con perspectiva de género. Los centros de Madrid I (mujeres), Las Palmas y Las Palmas II, fueron inspeccionados atendiendo específicamente a la situación de las mujeres privadas de libertad y como consecuencia de estas visitas se han formulado nueve recomendaciones. Así, se han pedido mejoras para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos de mujeres privadas de libertad o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.

Unidades de salud mental

El MNP ha realizado cinco visitas (dos unidades de agudo y tres centros de estancia prolongada) a centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, en todos los casos se trataba de la primera visita. Se han alcanzado 110 conclusiones que han dado lugar a ocho recomendaciones y 17 sugerencias.

En relación al uso de contenciones mecánicas, la Institución ha insistido en la necesidad de establecer un marco regulatorio que opere como garantía, dotado de sistemas de supervisión y control que actúen desde el momento de la indicación, durante su desarrollo, y hasta la posible comunicación al juzgado correspondiente.

Además, reitera que las contenciones han de aplicarse solo cuando hubieran fracasado otras medidas terapéuticas menos invasivas, por el tiempo estrictamente necesario y siempre de forma proporcional, garantizando el bienestar de la persona y con las precauciones necesarias para causarle el mínimo daño. Así, señala que “el principio básico de actuación en materia de contenciones, para todos los centros sanitarios y asistenciales, consiste en avanzar hacia la progresiva disminución e incluso eliminación de estas prácticas”.

Por otra parte, la Institución ha detectado que en los centros visitados no existía un modelo común de parte de lesiones. Por este motivo, ha recomendado que los centros sociosanitarios de salud mental cuenten con modelos homologados de partes de lesiones ajustados a la normativa vigente y al informe del Defensor sobre partes de lesiones.

Centros de internamiento de extranjeros

En 2019, el MNP visitó los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras, Barcelona, Tenerife y Valencia. En el informe de 2017, el Defensor formuló una serie de propuestas acerca de estos centros abogando por una reforma integral.

En 2019, un total de 3.758 personas fueron internadas en los CIE. En estos centros se presentaron 2.164 solicitudes de protección internacional frente a las 1.776 del año anterior. A pesar de este incremento, disminuyó el número total de admisiones a trámite con respecto al año anterior, en un 39,96 %. En los CIE se identificó como menores extranjeros no acompañados a 54 internos.

La Institución ha reiterado que el uso de medidas coercitivas en este tipo de dependencias debe mejorar tanto desde el punto de vista de su regulación normativa como desde el punto de vista de su implementación práctica.

El Defensor también ha mostrado especial interés por el uso de la separación preventiva y su concreta aplicación en los CIE visitados. Así, apunta que se ha observado un uso relativamente frecuente de la separación preventiva, tanto por circunstancias regimentales (como pieza de contención personal) como por razones médicas o de prevención de suicidios. Además, señala que en algunas inspecciones se ha detectado la utilización indistinta de esas habitaciones para ese doble uso, lo que a juicio de la Institución resulta “inadecuado”.

Operativos de repatriación de extranjeros

En 2019, se supervisaron 14 operativos de repatriación de ciudadanos extranjeros, todos ellos realizados por vía aérea en operaciones de la Agencia europea FRONTEX. En total, se monitorizó la repatriación de 552 personas extranjeras. Estas inspecciones han dado lugar a 139 conclusiones que han fundamentado una recomendación, 15 sugerencias y un recordatorio de deberes legales.

Las supervisiones realizadas han permitido confirmar que persisten varias de las cuestiones observadas en años anteriores, como la falta, en muchos casos, de notificación de la materialización de los vuelos con suficiente antelación; que solo cuenten con documento Fit to travel las personas procedentes de CIE; la falta de cumplimentación adecuada de las cadenas de custodia, o que no se permita a las personas procedentes de detención policial recoger sus pertenencias.

Corta duración

En 2019, el MNP ha visitado 55 dependencias de privación de libertad de corta duración. En ellas se incluyen comisarías y otros lugares de custodia de la Policía Nacional (20), puestos y comandancias de la Guardia Civil (18), policías autonómicas (6), cuerpos de policías locales (9) y dependencias de custodia en sedes judiciales (2). Entre los lugares de custodia de Policía Nacional se han visitado seis dispositivos destinados a la detención y primera acogida de personas migrantes que han accedido irregularmente por las costas españolas, una sala de solicitantes de asilo y dos puestos fronterizos.

Estas inspecciones han originado 658 conclusiones plasmadas en tres recomendaciones, 357 sugerencias y cinco recordatorios de deberes legales.

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