El fuego cruzado de los últimos días entre el Gobierno socialista de Susana Díaz en Andalucía y la asociación de consumidores Facua, cuyo portavoz Rubén Sánchez, ha dejado bien claro que las desavenencias entre el ejecutivo andaluz y la destacada organización de consumo no son pocas. A la acusación de organización “sexista” dirigida contra Facua por la Administración autonómica hace unos días, la citada organización de consumidores ha respondido con una serie de informaciones, adelantadas estos días en el diario Infolibre, en las que se evidencian de nuevo las malas compañías elegidas por la presidenta andaluza respecto a supuestas entidades de defensa de los usuarios.
Guerra abierta entre Susana Díaz y la organización Facua, a la que acusa de sexista por utilizar el genérico “consumidores”
Primero fueron los dudosos contratos publicitarios de Canal Sur con Ausbanc, cuyo máximo dirigente, Luis Pineda, está actualmente en prisión acusado de una incontable lista de delitos: estafa, extorsión, amenazas, organización criminal, administración desleal y fraude a las subvenciones, por los que el fiscal le pide 119 años de prisión. Y ahora saltan a la luz pública las subvenciones públicas que durante años la Junta de Andalucía ha concedido a otra organización de consumidores, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), presidida por el ex secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía Juan Moreno Rodríguez, asociación ahora también acusada de presuntas irregularidades que la propia Junta está estudiando.
En este sentido, Facua ha denunciado que Movistar ha realizado pagos en secreto durante años a una sociedad administrada por UCA-UCE, EdiUCA SL. “Desde hace más de una década”, la organización presidida por Moreno Rodríguez publica cada año “estudios que presentan a Movistar como la mejor compañía de telecomunicaciones en calidad y precio”, informa la organización a través de su portavoz Rubén Sánchez.
El máximo responsable de UCA-UCE sigue sin revelar las cantidades pagadas por Movistar y otras empresas como Altadis y Caixabank para que la entidad emitiera estudios de consumo siempre favorables sobre la gestión de estas empresas supuestamente estudiadas. Desde Facua se asegura que los ingresos se producían mientras UCA-UCE acumulaba deudas, “que hoy suman cientos de miles de euros, con Hacienda, la Seguridad Social, la Junta de Andalucía y numerosos extrabajadores”. Mientras tanto, los juzgados de lo social han declarado en situación de insolvencia tanto a UCA como a EdiUCA SL.
Rubén Sánchez asegura que todos los estudios presentados en ruedas de prensa por UCA-UCE y publicados en su revista y su página web han situado sin distinción a Movistar “en primera posición en el ranking de las mejores tarifas, servicios y atención al cliente en el sector de las telecomunicaciones”. Los análisis anuales presentados por la UCA –“hasta cuatro en un sólo ejercicio”, según Facua– tampoco suelen ser elaborados por este organismo, ya que se limita a seleccionar estudios realizados por otras asociaciones u organismos públicos.
Un ex directivo de Canal Sur fue cesado por beneficiarse de contratos con Ausbanc, cuyo presidente está en prisión desde 2016
Facua lleva años denunciando ante la Junta de Andalucía una larga lista de irregularidades llevadas a cabo presuntamente por UCA-UCE y espera que la Dirección General de Consumo inicie “de inmediato” el proceso de expulsión del registro autonómico de asociaciones de consumidores. De momento, la Administración andaluza guarda absoluto mutismo ante este nuevo escándalo relacionado con una asociación de consumidores que ha mantenido vínculos de colaboración prolongada en el tiempo con la Junta de Andalucía.
Al igual que la presidenta de Andalucía no ocultaba en la Feria de Abril de 2016 su proximidad y amistad con Luis Pineda poco antes de ser detenido, como muestran fotos subidas a las redes sociales por el ex presidente de Ausbanc, tampoco oculta su cercanía con el presidente de UCA-UCE, histórico miembro de las Juventudes Socialistas de Andalucía.
En mayo de 2016, un alto dirigente de Canal Sur, Antonio Ramírez, fue destituido por presuntamente beneficiar a su familia a cambio de la compra de programas de televisión a la asociación que presidía el ahora en prisión Luis Pineda, acusado de estafa y extorsión, entre otros delitos.
Facua denuncia que, durante años, EdiUCA SL ha recibido ingresos procedentes de empresas como Movistar, Altadis y Caixabank. Estos cobros nunca han sido declarados a la Junta de Andalucía, a la que tampoco ha entregado las cuentas anuales de su sociedad, que además llevan tres años sin ser depositadas en el Registro Mercantil.
La entidad, a través de su portavoz Rubén Sánchez asegura que durante décadas “la UCA ha sido una organización protegida por el Gobierno andaluz”, a la que la Junta “infló” supuestamente “a base de subvenciones reconociéndole una representatividad que nunca tuvo”. Entre los años 2007 y 2013, año en que la Administración autonómica cortó las ayudas, UCA-UCE recibió casi 2,5 millones de euros en subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. “En 2007, 2008 y 2010 llegó a ser la organización que recibió más dinero público”, apunta Facua.
Más allá del disparate de intentar imponer expresiones como "personas consumidoras" está la falta de coherencia. Como es lógico, tanto la web de la Junta como el Twitter de Susana Díaz usan a menudo el masculino genérico https://t.co/3KQow3Dhcp
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 17, 2018
La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía prohíbe que las asociaciones de consumidores “perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas suministradoras de bienes o servicios a los consumidores, o efectúen publicidad no exclusivamente informativa de dichos bienes o servicios”.
En 2014, Facua asegura que la Junta publicó un decreto de desarrollo que abría la posibilidad de que las organizaciones se sometiesen a la norma estatal, que sí permite estos pagos pero con la condición de que estén recogidos en “convenios” de colaboración que deben comunicarse a la administración de consumo, pero con la condición de que “no mermen la independencia de la asociación”. O lo que es lo mismo: que los pagos no lleven aparejado que las asociaciones dejen de denunciar los abusos de las empresas o les hagan publicidad encubierta.
Luis Pineda, el que fuera presidente de la asociación de usuarios de la banca Ausbanc, está en prisión desde abril de 2016, y esa misma Feria de Abril, poco antes de ser detenido, alardeaba en las redes sociales de su buena relación con la presidenta andaluza.
También en la Feria de Abril, pero de 2015, se fotografiaron juntos Susana Díaz y el presidente de UCA-UCE, que calificó de “amiga” a la presidenta andaluza.
La Junta de @susanadiaz debe aclarar por qué no actúa ante las irregularidades de la Unión de Consumidores (UCA-UCE), que preside el ex secretario general de Juventudes Socialistas Juan Moreno Rodríguez. Ahora, pagos de Movistar, Altadis y Caixabank.
👉 https://t.co/EnKsNnwEvX pic.twitter.com/TeUt6xXTvr— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 24, 2018
Mientras tanto, Facua ha desvelado que la UCA también ayudó en su día a Ausbanc a difundir sus campañas de difamación contra Facua y sus dirigentes. Difamaciones por las que Luis Pineda, en prisión incondicional desde abril de 2016, ha sido ya condenado en cuatro ocasiones. La UCA-UCE llegó a denominar “ratas” empleadas en la “extorsión” a Facua en sendos comunicados de prensa cuando esta organización denunció las presuntas irregularidades en materia de subvenciones por parte de la entidad presidida por Juan Moreno Rodríguez. UCA habló de “graves irregularidades” cometidas supuestamente por el presidente de Facua en un comunicado de octubre de 2015, que daba amplia cobertura a las falsas denuncias que venía publicando sin base alguna el encarcelado Luis Pineda.
Otro dato que refleja también los vínculos de Ausbanc con UCA es que el que fuera hasta 2012 secretario general de este organismo, José Luis Gómez Boza, fue según un informe de la UDEF el autor del chivatazo a Luis Pineda de que estaba siendo investigado, que provocó su imputación en el caso Ausbanc y Manos Limpias.
Facua ha exigido a la Dirección General de Consumo de la Junta que expulse a la UCA-UCE del registro autonómico de asociaciones de consumidores por las irregularidades detectadas y ahora denunciadas por Facua sobre pagos de grandes empresas en secreto a una sociedad administrada por UCA para que emitiera informes favorables sobre sus servicios. DE momento, Consumo ha abierto una investigación al respecto sin que hayan trascendido resultados de la misma.
