Los dos votos particulares presentados en la sentencia dictada por el TC ante el recurso de Jordi Turull sobre la sentencia de la Sala Segunda del Supremo, que condenó a los líderes independentistas catalanes por el procés, consideran que el delito de sedición, tal y como está redactado en el actual Código Penal plantea una pena «desproporcionada».

Los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer consideran que la sedición aparece descrita con vaguedad en la redacción del tipo penal, y además, señalan que las penas planteadas (entre 8 y 15 años de prisión) son excesivas. Son los argumentos que maneja el Gobierno, que lleva entre sus tareas pendientes, precisamente abordar la reforma del Código Penal para equipararlo así con las democracias más avanzadas a nivel europeo en este sentido.

Estos magistrados ya se han pronunciado anteriormente ante lo que han considerado que podría suponer una vulneración del derecho de participación política, como cuando Oriol Junqueras no pudo tener un permiso para salir de prisión con el objetivo de acudir al parlament de Cataluña, cuando fue elegido en las elecciones de 2017. En aquel momento los dos magistrados apuntaron al hecho de que los derechos de participación política del líder de ERC se estaban vulnerando, ya que no se estaba respetando su derecho a la presunción de inocencia, pues aún no se había dictado sentencia condenatoria, y por lo tanto, aunque se encontrase en prisión preventiva, no había ningún tipo de motivo -en términos jurídicos- para privarle de su derecho a acudir a tomar posesión de su escaño.

Aún no se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Constitucional ni tampoco los votos particulares. Pero según la información publicada hasta ahora, el planteamiento de los dos magistrados haría hincapié en dos cuestiones: la sentencia del Supremo no ha detallado la participación de cada uno de los condenados, estableciendo condenas genéricas sin delimitar la responsabilidad específica de cada uno. Además, también, hacen una observación muy concreta sobre el uso de la violencia.

En este sentido, el magistrado Xiol intervino una media hora para razonar su voto particular, explicando por qué consideraba que la pena impuesta a Jordi Turull había sido desproporcionada.

Reforma en marcha

Desde el Ministerio de Justicia ya se está trabajando en la nueva redacción del Código Penal. De llevarse a cabo la rebaja de las penas por el delito de sedición, la nueva que se estableciera sería de inmediata aplicación a los presos políticos catalanes, por lo que su condena sería rebajada automáticamente. Pero para que esto sea posible, será necesaria una mayoría absoluta en el Parlamento, que es el órgano legislativo.

Previamente al debate parlamentario habrá que solicitar un informe del Consejo General del Poder Judicial, que sin ser vinculante, previsiblemente supondrá una manzana de la discordia sobre la mesa, ya que la mayoría del órgano de gobierno de los jueces es conservador y marcadamente «españolista».

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