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¿Dónde están mis derechos?

Mireia Domènech i Bonet
Periodista especializada en relaciones y comunicación internacional. Actualmente vive en el Bodensee, en la frontera germanosuiza. En los últimos 15 años ha trabajado de asesora de comunicación corporativa para organizaciones públicas y privadas tanto a nivel europeo como español y catalán.
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En mis años como asesora de comunicación en el Parlamento Europeo, hará unos 10-15 años, uno de los hits comunicativos institucionales era aquella idea de que la Unión europea es, con 500 millones de ciudadanos, el espacio más grande de libertades y derechos del mundo. Lo difundía convencida, creía en ello. Y hasta la crisis migratoria y de refugiados de los últimos años, seguía creyendo que efectivamente Europa ofrece mayor nivel de protección de derechos a sus ciudadanos. Con sus más, sus menos, sus defectos. Porque todo sistema, naturalmente, tiene defectos. Por eso debe actualizarse y evolucionar al ritmo que avanza y evoluciona cada sociedad.
Hace unas semanas, el portavoz de la cancillería alemana Steffen Seibert le contestaba al periodista Oriol Serra que España es hoy un «Rechtstaat», un Estado de Derecho. Fue al apuntar la coincidencia entre el aniversario de la caída del muro de Berlín y la macromanifestación de más de 750.000 personas en Barcelona reclamando la libertad de los presos políticos. En ambos casos, movía a una buena parte del pueblo su anhelo por la libertad. Pese a esta declaración formal, lo cierto es que a ninguna cancillería europea se le escapan y los movimientos del Gobierno español, convocando elecciones mientras cierra en la cárcel o condena a al exilio a la oposición, como si de Turquía se tratase. O haciendo la vista gorda ante los ataques crecientes de la extrema derecha en la calle contra el independentismo, mientras la fiscalía, la que afina, sí persigue a músicos por sus letras, a titiriteros o a jóvenes que opinan por facebook y twitter sobre la violencia policial del 1 de octubre.
Pero el mismo concepto «Rechtstaat», olvida subrayar Seibert, obliga al Estado. Es un término de origen alemán, de hecho, y hoy no hay democracia que pueda prescindir de él. No es un título honorífico para cualquier Estado por el simple hecho de formar parte del club europeo. No es suficiente con tener una Constitución y un sistema de leyes, eso no lo convierte en garantista. Un Estado de Derecho debe ofrecer garantías y derechos fundamentales a sus ciudadanos, la ley debe estar sujeta a ello. Y estos días somos miles los expatriados los que nos damos cuenta, de nuevo, que no es así por el simple hecho de vivir en el exteriorDe repente, si vives en Taipei o en Buenos Aires, no tienes los mismos derechos que si vives en Madrid. Lo de «¿qué pone en tu DNI?» parece que no vale cuando se trata de votar. Hay quien desiste, no es de extrañar en este contexto.
El Via Crucis habitual de quienes residimos en el exterior empezó de nuevo hace un mes y medio, al convocarse forzosamente elecciones al Parlamento de Cataluña. Hemos hecho la procesión hasta el consulado para comprobar que estamos en el censo y que no hemos desaparecido, luego reclamaciones para los errores que hayamos podido detectar. Hemos sobrevivido al papeleo y enviado fax para «ROGAR el voto», que es tal como funciona el sistema electoral exterior post-reforma de la ley en 2012. Con la palabra, de hecho, ya está todo dicho: cuando en un país para votar tienes que ROGAR, es que algo no funciona del todo bien. ¿Votar es un derecho? Lógicamente, a partir del momento que sin súplica, sin ROGAR, no te dejan votar, ya no lo es. 
Luego de rogar, llega el rezar. Porque resulta que tienen que llegar las papeletas y los certificados para que efectivamente puedas votar. No los busques, no los encontrarás en los consulados. Ni papeletas, ni sobres oficiales, nada. Por lo tanto necesitas vivir en un país donde Correos funcione, y en el que habitualmente puedan llegar cartas en 10-15 días, si no quieres recibirlo cuando ya sea el día de comerte el turrón, que es lo que este año pasará a buena parte de los residentes de centro y Sudamérica y continentes más lejanos. Algún día España pasará del siglo XIX al siglo XXI. El voto electrónico es ya una realidad en Estados Unidos, entre otros países, pero para los emigrantes españoles, hay que estar pendientes del papel y de los sistemas de correos postales. Pese al intento de introducir un sistema de comprobación digital, son tan frecuentes los errores que da a los usuarios, que muchos seguimos recurriendo al fax -sí, el fax, eso que ya no sabes ni dónde encontrar hoy en día.
Los expatriados que esperamos poder votar tenemos además varios interrogantes por delante: no sabemos QUIÉN ni CÓMO se recontará (los sobres van al consulado, de allí al MAE en Madrid, de allí a cada delegación electoral provincial dónde alguien los debe de esperar para abrir y recontar). Y sobretodo, no sabemos si los sobres con las papeletas y certificados que nos permitan ejercer el derecho llegaran a tiempo o no. Un detalle curioso, con respecto a la fecha límite para votar: han pasado tres días desde la decisión de la Junta Electoral Central, pero aún hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores y los consulados siguen sin informar públicamente (ni en las diferentes webs ministerial ni consulares, ni en nota de prensa….) que se ha acordado ampliar el plazo para que los expatriados podamos aún votar la semana próxima. No es tan relevante como información como una visita real a algún país exótico para ponerlo en portada de medios y redes digitales oficiales al exterior? Quizás. Mientras, para quien no se informe, el plazo sigue acabando el sábado. El «Rechtstaat» español, en lugar de anunciarlo como una ventaja lograda para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, no lo publicita, en detrimento de la participación.
A menudo la sensación al hacer consultas para resolver problemas para ejercer el voto, es que no se puede hacer nada más porque uno se ha ido a vivir demasiado lejos. En un territorio como Australia con 7.692.000 de km2, dos consulados españoles (Sydney y Melbourne) son insuficientes. Porque un ciudadano que se vaya a vivir a Perth tiene que conducir 36 horas (y 36 horas de vuelta) para inscribirse en el censo o actualizar datos. Cuando los derechos fundamentales de los ciudadano sólo se garantizan en función de tu situación geográfica, quizás el problema és que el presunto «Rechtstaat» no te los garantiza, con lo que de repente, la democracia ya marchitada por los acontecimientos recientes en Cataluña se tiñe aún más de gris. Esperemos que no sea así, y que todos quienes lo deseen puedan expresarse a través de las urnas.
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