Dice el artículo tercero de nuestra constitución que la educación que imparta el Estado “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, que “Será democrátic(a), considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Y la responsabilidad de ejecutar y velar por el cumplimiento de éste mandato constitucional recae en el Poder Ejecutivo, cuyo titular tiene la facultad de nombrar al secretario de despacho de la Secretaría de Educación Pública, instancia del gobierno federal próxima a cumplir 100 años desde que el visionario José Vasnconcelos la creó con el propósito de extender la educación, la ciencia y la cultura a cada rincón nacional, desde entonces, salvo un par de sexenios, tal responsabilidad ha estado a cargo de miembros de un mismo partido político: el PRI.
Más recientemente, de un par de secretarios cuyas aptitudes para el ejercicio del encargo parecen estar en duda, uno por sus evidentes bajos niveles de lectura ante niños con apenas uno o dos años de leer; y otro, con probables más años de hacerlo, o al menos, de saber hacerlo silábicamente, pero que no ha leído o en su caso, comprendido (comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión global en un escrito) los alcances de su encargo.
Pero como “chango viejo no aprende piruetas nuevas”, el señor Otto Granados Roldán, hoy facultado legalmente, que no en la vía de los hechos, para dirigir al Sistema Educativo Nacional (SEN), y quien lleva buena parte de su vida despachando detrás de los escritorios de la burocracia nacional del PRI, no alcanza a imaginar, en un ambiente democrático, cómo alguien puede pensar distinto, diferente, y proponer, en el marco de una precampaña presidencial, modificaciones en la conducción de la educación.
Desde su cuenta de Twitter escribió: “¿Es posible debatir con un orate? ¿Y así sueña con ser una opción? Más allá de sus problemas de senilidad y salud mental, le faltan ideas, argumentos, razones, hechos, datos duros y verificables, y le sobra demagogia, falsedad e inmoralidad”.
La fecha próxima a fin de año en la que Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como a los de la Coordinadora (CNTE), diciendo que “al triunfo de nuestro movimiento se va a cancelar la mal llamada reforma educativa”, tal vez tomó al señor secretario en pleno festejo que lo envalentonó para reducir a “orate” y demás calificativos a un contrincante formalmente ajeno, sino del partido del que él, como parte dirigente del Estado mexicano, debiese estar por encima.
Lo cual demuestra, a vuelo de pájaro, dos cosas: que quien dice dirigir la educación nacional anda en otros menesteres propios de su otrora jefe, hoy jefe de campaña del candidato último en las encuestas; lo que explica, a su vez, dos cosas: andan desesperados y con miedo; y, que están determinados a usar cada milímetro del poder que ejercen para tratar de impedir el arribo de la alternativa que al menos, un tercio de la población, visualiza como su opción.
Mientras, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que cuenta con el mandato constitucional de evaluar los componentes, procesos, y resultados del SEN, de manera elocuente aunque un tanto corta, calificó en su informe sobre el Panorama Educativo de México 2016 “que una gran proporción de alumnos de la educación obligatoria registra niveles de aprovechamiento insatisfactorio”.
Eso puede explicar porqué los integrantes del Instituto Nacional Electoral, que tienen a su cargo la organización de las elecciones en este país, no consiguen que éstas se desarrollen en un ambiente igual al de la educación nacional, el democrático. Dentro de donde está la equidad en las contiendas y velar por que no se usen los recursos públicos con propósitos electorales.
Los dedos y la cuenta de Twitter le pertenecen a Otto Granados, quién sabe si el aparato electrónico desde el cual escribió, pero lo que no le pertenece es la embestidura pública con la que actúa y a la que representa, y desde la cual, debe conducirse; y haciéndolo de la manera en que lo hace, deja clara la respuesta al título de esta columna.
