La ex consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, declaró en el Tribunal Supremo que los miembros del Govern autonómico impulsores del ‘procés’ independentista en Cataluña pensaban “y estaban convencidos” de que convocar un referéndum de autodeterminación “no era delito”. Bassa añadió ante los magistrados de la Sala que “no sabe de dónde salieron las urnas” que se instalaron en los colegios electorales y que desconoce el documento Enfocats y el contenido de la hoja de ruta hacia la independencia. “Entendía que era un conflicto de intereses, igual que el Gobierno de España no había cumplido 18 sentencias del Tribunal Constitucional. Entendíamos que el referéndum no era un delito y que había normativas internacionales que amparaban su celebración”, prosigue Bassa.
Según Bassa, “el referéndum nunca fue previsto como un acto concluyente para la independencia” sino que surgió de un acuerdo político entre Junts Pel Sí y la CUP. “Se encontró el consenso de hacer un referéndum como forma de compromiso entre las instituciones y la ciudadanía. No se llevó a cabo nunca porque el día 3 no se declaró la independencia. Era un acto para obligar al diálogo y llegar a una negociación. La prueba es que estamos aquí y no está independencia”.
“Decidimos no suspender el referéndum porque creíamos que no era delito. Un ochenta por ciento de la población lo pedía, y yo me sentía servidora pública”, agrega Bassa. Sobre la ley de transitoriedad que debía concluir en la desconexión con el Estado español, la consellera declara que venía de un “programa que nunca fue invalidado ni cuestionado. Estaba copiado del pacto que hicieron el Reino Unido y Escocia”.
En relación con los fondos públicos que supuestamente se gastaron en organizar la consulta del 1-O, la exconsellera aseguró que “no gastamos ni un céntimo en la partida de la ley del referéndum porque ya estaba anulada” y recordó que el decreto de convocatoria se firmó por todos los miembros del Govern. “No hablamos si impugnaba sentencias anteriores del Tribunal Constitucional”, agregó.
Sobre la apertura de centros cívicos el fin de semana del 1-O con el objetivo de que pudiera celebrarse el referéndum en los colegios electorales, Bassa declaró que “empezaron a entrar solicitudes para realizar todo tipo de actividades. No nos podíamos negar, pero los directores de los centros mostraban cierta desazón. Tenían miedo de la responsabilidad civil por si ocurría algo y llamaban a la Conselleria para expresar esta actitud”.
Bassa asegura que tranquilizaron a los directores de los centros diciéndoles que el Govern asumiría las competencias, “pero no se cesó a nadie, no hubo ni un solo incidente”. “Los centros cívicos son la máxima expresión de la participación social y abocamos las competencias por si ocurría algo”, puntualizó. Así, miles de ciudadanos pidieron participar en actividades como concursos de ajedrez, bailes para mayores, “todo tipo de actividades de los centros cívicos”. El objetivo final era que se pudieran abrir los colegios electorales e instalar las urnas para celebrar la consulta en las cuatro provincias del territorio catalán.
Además, reconoció que durante las manifestaciones independentistas de miles de personas puso un tuit en el que aseguraba: “Defendamos la democracia, la libertad y el mandato de los catalanes”. Sin embargo, nunca pensó que hubiera enfrentamientos violentos en las calles. “Las manifestaciones siempre fueron cívicas y yo estaba convencida de que la cosa sería pacífica. La única variable distinta fue la actitud desproporcionada y equívoca de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado”.
