La inequidad en la aplicación de las penas, en especial cuando se trata del patrimonio público, es decir del dinero de todos, en relación a los delitos del patrimonio privado, probablemente alimente la desconfianza del conjunto ciudadano. En particular, cuando se pone al servicio de intereses cuestionables todo el aparato del Estado. Multitud de decisiones que van desde criterios que perjudican los intereses de colectivos vulnerables, hasta legislaciones que favorecen abiertamente los negocios de grupos específicos. Sin dejar de lado la función de la Justicia en proteger a los ciudadanos de este país llamado España. La sentencia del caso Noos fija una jurisprudencia que hace pensar en las dificultades que supone mantener la confianza. Además de comprobar que la fiscalía y hacienda no actuaron en la tesitura que se esperaba del funcionamiento de esas instituciones.

Por ello, el rol de la Fiscalía General del Estado, cuando se trata de actuar en casos que involucren a los centros de poder político, económico o institucional, está en el foco de atención ciudadana. Sabido es que los buenos abogados son aquellos que conocen bien las leyes. Pero, según se sabe en los medios judiciales, que los mejores son los que conocen a los jueces.

En este sentido, estos días y en otros casos de presunta corrupción, los españoles presenciaron la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de oponerse a la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, junto a la intervención del ministro de Justicia. Rafael Catalá criticando a las fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, al asegurar que tienen un problema porque su criterio no era compartido por sus superiores. «Yo me pongo del lado de sus jefes», afirmo este ministro. El criterio de subordinación no puede incluir la aceptación de ignorar los indicios de delito, sea quien sea el investigado. Es inquietante que el poder político, ya de por sí cuestionado en las últimas encuestas, interfiera de manera tan directa en la labor de la justicia. Produce no solo alarma social. Supone incentivar la desconfianza.

Esa confianza en la igualdad de obligaciones y derechos, se topa con la ficción de suponer que España es un estado aconfesional. Resultado de contrastar ese principio democrático con la decisión del Gobierno en no revisar la situación fiscal de la Iglesia católica. Esto todo, a pesar de que la mayoría del Congreso de los  ha votado para que eso suceda. La iniciativa parlamentaria concertada entre Unidos Podemos y el PSOE, produjo que la Comisión de Hacienda aprobara esta semana una proposición no de ley instando a “iniciar la supresión progresiva de aportaciones a la Iglesia provenientes del IRPF”. En el acuerdo se plantea también la necesidad de revisar las exenciones fiscales de las que disfruta la Conferencia Episcopal en impuestos como el IBI. Sin embargo, dando la apariencia de que la influencia de los grupos religiosos en el gobierno se confirma una vez más, nada de eso se llevará a cabo por el momento. Dado esto, la confianza se resquebraja. Esa posición afecta de manera directa a la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de vastos sectores castigados por el austericidio de Bruselas.

En este escenario, el BOE nos informa acerca de los once indultos concedidos por este gobierno. De ellos, seis por prevaricación continuada. Se trata de los funcionarios y un exconcejal implicados en el caso horas extra” del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario, en forma de horas extra, en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato. Además, la pena se rebaja, para los que tienen condenas superiores de cárcel, a dos años. Así, si el juez así lo decide, podrán evitar la entrada en prisión. Además, los indultos cambian sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que no perderán sus puestos ni su condición de funcionarios. Estos indultos carecen de la justificación que disuada a los españoles de a pie, de creer que la ejemplaridad no es una preocupación de este gobierno. La prevaricación parece no preocupar al gobierno y a sus socios.

Los españoles desconfían. Tienen motivos. Los acusados proponen deslegitimar toda acción fundada. Desde todos los niveles surgen evidencias del fracaso, por acción u omisión, de los mecanismos de control que hubiesen evitado o, al menos, minimizado, los perjuicios para el patrimonio del conjunto ciudadano. El perjuicio para las personas se aprecia en las salas de urgencia, en las escuelas sin maestros, en el desmantelamiento del sistema de pensiones, en los salarios de miseria. Lo grave es que la percepción de que esto no ha hecho más que empezar es una evidencia, de la que la investidura fue una operación necesaria.

El caso Bankia pone a los organismos de control, como lo son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la mira de los procedimientos judiciales. Pero, claro, ¿cuál es la confianza que despiertan las actuaciones judiciales, cuando todo parece indicar que no hay equidad en el trato hacia todos los españoles?

Por lo visto, la igualdad de los españoles ante la ley está en entredicho. La democracia se basa en la confianza en las instituciones. Sin esa cualidad, el sistema se degradará. Por ello, dado el actual panorama, debo decir, con todo el dolor que me cabe: disculpad, pero no sois de fiar.

4 COMENTARIOS

  1. Lo peor no es que no sean de fiar, que no lo son.
    Lo peor siempre es la sensación de impunidad, de que los plutócratas tienen patente de Corso y están fuera del sistema.
    Él cabreo general aumenta con cada caso y parece que estuvieran esperando que al pueblo se le acabe la paciencia para tener una excusa.

  2. No olvidemos que todos tienen sus muertos en el armario. Con la Gürtel, los EREs, Noos… se observa que la corrupción mantiene unida a la oligarquía. Ya se encargaron ellos de que se les permitiera nombrar a los magistrados de los altos tribunales.

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