Uno de los principios del estado de derecho es la inamobilidad de los jueces, es decir que un juez no puede ser removido de su puesto por cualquiera. Ha de ser un especial procedimiento, con más garantías que a esos políticos que sufren absoluciones por haber formateado discos duros para borrar pruebas, para que un juez sea removido. Prácticamente en los últimos veinte años, han sido cesados una decena de ellos, la mitad, eso sí, por denunciar corrupción en su estamento.

Pero qué pasa cuando, a sentencia de tribunales superiores, internacionales o no, y una tras otra, vienen dejando con el culo al aire las vergüenzas de unos magistrados que sólo han mirado de favorecer a un lado.

Lo digo por todo el tema de las cláusulas hipotecarias, que el Tribunal Supremo ha llegado a quebrar la ley y el sentido común, en mi opinión, en favor de bancos y fondos buitre.

Lo digo también por el Canon Digital, el Céntimo Sanitario, la vergüenza de los interinos, hipotecas multidivisa, los derechos de los trabajadores, protección a los consumidores o las condenas, múltiples y variadas del TEDH.

Lo digo, por todo el dolor indebido que a los ciudadanos han ocasionado, desahucios, familias en la calle, suicidios; ciudadanos que, por cierto, pagan su salario.

Lo digo por todos los «beneficios extras» que en el desempeño de sus cargos han «sufrido», desde conferencias extraordinariamente bien pagadas a financiación de libros, a promociones político/jurídicas.

Continuo pensando que el juez debe ser inamovible de su puesto, pero eso no es incompatible con tener vergüenza torera e irse a su casa, si repetidamente eres señalado por las sentencias de otros jueces. Y el tema de las clausulas hipotecarias, es de vergüenza pública.

Dimitir, es otro verbo que los magistrados deben aprender a conjugar.

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