El delegado del Gobierno de España en Madrid, José Manuel Franco (PSOE), está siendo investigado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir la gran manifestación del 8M por el día del mujer.

La denuncia fue registrada por abogado Víctor Valladares y también estaba dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero al estar aforado la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha instado al denunciante a acudir al Tribunal Supremo.

La denuncia está fundamentada en que Franco obvió las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) sobre el riesgo de contagio por coronavirus. La denuncia se presentó el pasado viernes contra Sánchez y contra los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año, que tampoco han sido admitidas a trámite salvo la denuncia contra José Manuel Franco.

La magistrada, no sin cierta ingenuidad, ha pedido un informe al médico forense adscrito a los juzgados sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas». En caso afirmativo, quiere que explique si tal circunstancia era «científicamente notoria con carácter previo a su celebración», así que aporte si hay datos que evidencien que tal daño se materializó.

Sin embargo, todos los médicos forenses están adscritos ahora a la superior dirección del Ministro de Justicia, que actúa también por delegación del Gobierno,  desde la Orden de Sanidad SND/261/2020 publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, donde se reconoce al Ministro de Justicia como la máxima autoridad en todo el territorio nacional para gestionar en los juzgados la crisis por la pandemia del COVID-19.

Y éste precisamente es el problema jurídico que representa la falta de imparcialidad de los médicos forenses para elaborar informes en contra del Gobierno y de cualquiera de sus delegados por motivo precisamente del contagio del coronavirus, teniendo en cuenta que una de las causas de recusación de los peritos es la subordinación o dependencia de la parte a la que pueda perjudicar el informe.

Es difícil representarse técnicamente la posibilidad de que, estando todavía vigente el estado de alarma, un médico forense pueda cuestionar precisamente las decisiones previas tomadas por el Gobierno –o sus delegados-, afirmando que las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas».

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