De la pandemia por el coronavirus saldrán no pocas lecciones de economía sobre la manera de afrontar una crisis de dimensiones colosales e históricas. No ha pasado tanto tiempo desde la recesión de 2008 y, aunque se trata de contextos y causas diferentes, resulta inevitable comparar lo que se hizo entonces con lo que estamos haciendo ahora, confrontando el modelo neoliberal con el socialdemócrata más intervencionista.

Para empezar, tras el estallido de la crisis de 2008 Mariano Rajoy se obsesionó con la contención del déficit público y con las filosofías de austeridad. Solo en el año 2012, se comprometió a ahorrar 16.500 millones de euros para reducir el gasto público. Por el contrario, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia radicalmente opuesta: gastar todo lo que haga falta, cuando haga falta y como haga falta para contener el virus. En los últimos días, el Gobierno de coalición ha anunciado una inyección astronómica en la economía por importe de 200.000 millones de euros, alrededor del 20% del PIB español, una medida que no tiene precedentes en España.

En cuanto al sector financiero, el presidente popular anunció un gigantesco plan de rescate bancario –saneamiento, reestructuración y fusión de las entidades privadas− para mantener la solvencia y la liquidez. España pidió a Bruselas un rescate de 100.000 millones de euros en una línea de crédito oficial destinada exclusivamente a los bancos. Hoy ya sabemos que al menos 60.000 millones de aquella operación se han perdido y que jamás se recuperarán, consumándose así la mayor estafa de la historia al ciudadano español, que terminó pagando el fiasco financiero de su propio bolsillo. Sánchez, fiel a un pensamiento socialdemócrata, ha encarado el problema de una manera totalmente distinta. Ahora la filosofía es rescatar personas, no bancos.

Sin duda, donde más se están notando las diferencias entre los manuales neoliberales y los socialistas es en el apoyo directo a las familias. Una de las imágenes que nos quedó de la crisis del 2008 –quizá la más terrible–, fue la de los desahucios inmobiliarios. A partir de 2008 cientos de personas empezaron a perder sus casas al no poder pagar las hipotecas sin que el Gobierno del PP moviera un solo dedo. Según las estadísticas del primer trimestre de 2012, cuando la recesión arreciaba con fuerza, cada día se producían una media de 517 desahucios diarios en España. Ese mismo año, tal como informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el número alcanzó niveles dramáticos para un país: un total de 171.110. Paralelamente, el número de pobres energéticos se disparó de forma alarmante. El 10% de los hogares (más de 4,9 millones de personas) encontró serias dificultades para hacer frente a la factura de luz y agua. Hoy, Pedro Sánchez ha aprobado una moratoria hipotecaria para las familias en situación de vulnerabilidad y que sufran especialmente las consecuencias de la crisis del coronavirus. Además, se garantizará el acceso a los servicios básicos como agua, luz y gas y también a las telecomunicaciones esenciales en este momento de aislamiento. Se ha decretado la prohibición del corte de la luz entre los colectivos más vulnerables y una prórroga a la vigencia del bono social eléctrico para los beneficiarios que deban renovar su solicitud, un trámite que se podrá realizar hasta el 15 de septiembre. Este bono consiste en un descuento en la factura de la luz, que va de un 25% a un 40%. Según los datos del pasado mes de febrero, más de 1,29 millones de familias disfrutan de esta ayuda.

En el plano de los servicios públicos esenciales para el funcionamiento del Estado de Bienestar, Rajoy no tuvo piedad a la hora de meter la tijera con el fin de adelgazar las cuentas públicas, en especial en Educación y Sanidad. Desde que estalló la crisis financiera hasta el día en que el presidente popular cayó en una moción de censura, el porcentaje de PIB que el Estado invirtió en la salud de los españoles pasó del 6,9% en 2012 al 6% en 2017, lo que supuso una pérdida de entre 10.000 y 15.000 millones de euros. España terminó siendo el tercer país que menos gasta en sanidad, por detrás de Grecia y Luxemburgo. Además, cerca de 10.000 médicos, muchos de ellos jóvenes, es decir, nuestro mejor capital humano en conocimiento y talento, fueron despedidos y la “fuga de cerebros” al extranjero en todos los campos de la investigación se cifró en 30.000 profesionales durante los años de la recesión. De forma opuesta, buena parte de los 200.000 millones de inversión aprobados por Sánchez irán a gastos sanitarios para afrontar la epidemia. No se escatimará en medios, se gastará lo que haga falta. Además, el presidente socialista ha anunciado que en cuanto termine la pandemia se pondrá en marcha una Comisión de Estudio y Evaluación que analizará el Sistema Nacional de Salud para “elaborar un libro blanco”, corregir los errores que se hayan podido cometer y potenciar el gasto sanitario.

Paralelamente, mientras Rajoy congeló las ayudas a la dependencia durante los peores años de la crisis de 2008, Sánchez ha anunciado que se destinarán más de 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de las personas mayores y dependientes. “No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los más vulnerables”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo de coalición.

En cuanto al trabajo, la consigna en 2011 fue la tan temida “flexibilización”, es decir, Rajoy impulsó una reforma del mercado laboral facilitando el despido libre y rebajando las indemnizaciones a los empresarios. Las prestaciones por desempleo también se redujeron drásticamente y se facilitaron los ERES encubiertos y las prejubilaciones. Sánchez, en previsión de la avalancha de despedidos que llegará en las próximas semanas, ha optado por blindar lo más posible el mercado laboral para que el destrozo a la clase trabajadora sea el menor posible. El fatídico ERE, que suponía la pérdida irreversible de cientos de miles de empleos, ha sido sustituido por el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), una herramienta mucho menos dura y agresiva que permite la suspensión del contrato del trabajador mientras dure la pandemia con la posibilidad de volver a recuperarlo cuando todo haya pasado. El expediente se resolverá en tan sólo cinco días y el Estado se hará cargo de los afectados, para que reciban las prestaciones aunque no hayan cotizado el tiempo necesario para acceder al subsidio. Este período excepcional no contará en el cómputo de la prestación por desempleo que el trabajador acumule. A su vez, de la medida se beneficiarán también las empresas, ya que se las exonera de pagar las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores afectados por los ERTES. Incluso se protege a los autónomos.

Finalmente, tras la orden de confinamiento de todos los españoles en sus casas, el Ejecutivo socialista ha optado por el teletrabajo, una medida progresista que ya se ha impuesto en los países más avanzados y a la que hasta ahora se había opuesto tenazmente la clase empresarial. A su vez, los trabajadores podrán reducir la jornada o reorganizarla en función de sus necesidades ante el cierre de colegios y de centros sociales. Esta posibilidad de conciliación debe comunicarse a la empresa con un mínimo de 24 horas de antelación.

“Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha asegurado Pedro Sánchez en las últimas horas. A lo que habría que añadir: y visiones de la economía diferentes y formas de gobernar mucho más sensibles con la población en relación a lo que hicieron otros en su día.

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