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Diez argumentos de los independentistas para demostrar que el juicio del ‘procés’ no es justo

Según los acusados, el sumario es un atentado contra la presunción de inocencia, contra los derechos a la libertad ideológica, la libertad de expresión, de reunión, manifestación y de representación política, además de que no hubo rebelión, solicita penas desproporcionadas, se ha fragmentado la investigación (generando indefensión a las partes) y supone una causa general que criminaliza a todo el movimiento independentista

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análisis

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La línea de defensa de los independentistas catalanes acusados en el juicio del ‘procés’ está trazada desde el minuto uno: el sumario se ha visto viciado por graves irregularidades procesales y por vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Estas son algunas de las claves de la estrategia soberanista que se irán repitiendo en los próximos meses en la sala de vistas del Tribunal Supremo:

El juicio es un atentado contra la libertad ideológica. “Tratarán de demostrarnos que esto es como un juicio de estafa, pero va a ser difícil”, explica Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Según el letrado, los acusados han defendido el derecho a la autodeterminación de los pueblos “de forma pacífica” porque ninguna ley estatal ni europea impide el secesionismo. Para los soberanistas el juicio del ‘procés’ es una manera de impedir la solución del conflicto territorial en Cataluña por la vía no violenta.

La causa vulnera el derecho a la libertad de expresión. El Estado español, con este proceso, estaría tratando de “criminalizar” el movimiento independentista. Para ello, a lo largo de la instrucción la Justicia ha tratado de perseguir por rebelión toda expresión soberanista como páginas webs, artículos de prensa, conciertos musicales, expresiones y hasta gritos de los manifestantes en la calle. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que es lícito hablar de separatismo y de lucha por la autodeterminación de los pueblos mientras condena la represión y el empleo de la maquinaria judicial para reprimir la libertad de expresión. “La cuestión catalana se debe dejar expresar, los catalanes tenemos el derecho a la protesta porque estamos políticamente excluidos de algunos temas”, afirma el letrado de Junqueras y Romeva. Los autos del ‘procés’ consideran que las caceroladas, el lanzamiento de aviones de papel y los gritos de los ciudadanos son actos de rebelión.

El juicio es un ataque al derecho de reunión y manifestación. Ni siquiera actos violentos aislados de unas pocas personas durante una manifestación pueden servir de coartada para negar al ciudadano su derecho a salir a la calle a protestar pacíficamente. De ser así, si un trabajador lanzara una piedra contra el patrón o la policía sería razón suficiente para prohibir una huelga y eso no suele ocurrir. Según Estrasburgo, el Estado debe permitir las actividades de los manifestantes, autorizar la protesta e incluso desplegar los medios sanitarios necesarios en previsión de que pueda haber heridos durante uno de esos actos de movilización.

Se han cercenado derechos políticos. “Cuando te quitan los derechos políticos te lo quitan todo”, dice el letrado de Junqueras, que critica el lenguaje “militar” utilizado por la Justicia en este procedimiento, como cuando se habla de que colocar unas pegatinas en un vehículo de la Guardia Civil es “devastar” un coche. Según los secesionistas, a los acusados se les ha privado de su derecho a representar a los catalanes que los han elegido legítimamente en las urnas, identificándolos como peligrosos terroristas. La prisión provisional de los 12 acusados también sería una medida desproprocionada.

No hubo rebelión. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) ha rechazado que existiera ese delito, de ahí que no concediese a España la extradición de Carles Puigdemont. Esta opinión coincidiría con la de numerosos catedráticos en Derecho Penal tanto españoles como extranjeros, con la de analistas políticos y “periodistas y tertulianos de la televisión”, asegura el abogado defensor.

Proporcionalidad. Según los soberanistas, nadie en Europa entiende una reacción tan visceral del Estado español, máxime cuando según ellos existe un “vacío legal” que impide considerar el ‘procés’ como un delito de rebelión, de forma que no existe un reproche penal para las conductas de los acusados. Además, las penas que se han solicitado son exageradas y revelan un afán “revanchista” del Estado español.

Fragmentación de la investigación. El abogado de Junqueras asegura que el juicio del ‘procés’ es un “vodevil procesal” con puertas “que se abren y se cierran” y que se ha enmarañado en diversos procedimientos en juzgados de instrucción, TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y hasta Tribunal de Cuentas. Esta atomización ha provocado “indefensión” en los procesados, según las defensas.

El juicio es una “causa general” contra el independentismo. De esta manera, el Tribunal Supremo no estaría enjuiciando un caso concreto sino a todo un movimiento político y social seguido por dos millones de personas. Es decir, se estaría sentando en el banquillo de los acusados a la mitad de un pueblo.

Atentado contra la presunción de inocencia. Los abogados consideran que en la querella de la Fiscalía se habla de que la caída de los líderes independentistas “será muy dura”, introduciendo juicios de valor políticos. Además, durante el tiempo de instrucción representantes del anterior Gobierno del PP han llamado “golpistas”, “nazis”, “cadáveres políticos” y “delincuentes” a los procesados, lo que a juicio del letrado supone un grave quebranto a la presunción de inocencia y una “perversión” de este derecho a través de los medios de comunicación. “Hasta la actual vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, ha dicho que los implicados han cometido delitos”, y Pablo Casado aseguró que “el día de la infamia no quedará impune”, añadiendo que los “delincuentes acabarán en la cárcel”.

Restricciones de derechos. “Todos los derechos recogidos en la Constitución han sido vulnerados”, ha alegado el abogado, que llega a enumerar un amplio listado de quebrantos. Según la defensa, se ha infringido la prohibición del trato degradante a los detenidos, los policías insultaron a los detenidos en su traslado a prisión y se han transgredido el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movimientos, el derecho de manifestación y reunión, los derechos procesales y la libertad ideológica. “Hasta la libertad de culto se ha vulnerado: a Junqueras no le dejaban ni ir a misa en la prisión”, ha concluido en su planteamiento de cuestiones previas.

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3 COMENTARIOS

  1. Es cómico el argumento utilizado por las defensas acerca del viciado de la instrucción por ser LLarena víctima pues bastaría que cualquier sinmpatizante de un reo acosase al juez instructor de la causa para apartarlo de ella. Por otro lado muchísimos jueces que administran en Cataluña no podrían juzgar tampoco los hechos pues fueron víctimas del intento de los encausados de hacerlos extranjeros en su propio pais como así fue al declarar Cataluña república independiente de España.

  2. Sugiero que los abogados defensores hagan la siguiente pregunta a cada uno de los testigos de la acusación: «¿Ha presenciado Usted un alzamiento?» Sin alzamiento, sin importar si hay violencia o tumulto, no hay rebelión ni sedición.

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