Isabel Díaz Ayuso no renuncia a su tarjeta o “cartilla covid”, que según todos los expertos, científicos y juristas discriminará gravemente entre ciudadanos sanos y enfermos. Pese al aluvión de críticas que le ha caído a la presidenta de la Comunidad de Madrid en los últimos días, Ayuso no descarta que conocer la inmunidad que cada persona posee frente al coronavirus “ayude o sea necesario para empleos” en el futuro.

“Hay que poner nuevas medidas y estudiar absolutamente todo. Estamos obligados a hacerlo para intentar frenar esto, teniendo en cuenta que es un virus que ha puesto en jaque al planeta y ningún país tiene la solución”, ha asegurado en una entrevista para la Cadena Cope. Eso sí, le ha faltado tiempo para lanzar sus habituales dardos contra el Gobierno central. Ayuso ha cargado contra Pedro Sánchez al asegurar que en el “supuesto” Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad ya se puso sobre la mesa, tal como ha leído en una noticia del 5 de abril, “algo parecido” a esa cartilla. Nada más lejos de la realidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado por activa y por pasiva que el Ejecutivo de coalición tenga previsto instaurar el “pasaporte sanitario” para el coronavirus. Illa ha respaldado todas las medidas adoptadas por las diversas comunidades autónomas para atajar los rebrotes, excepto la tarjeta covid-19 que pondrá en marcha la Comunidad de Madrid. El titular de Sanidad es tajante al respecto: “Ni la OMS, ni el real decreto de nueva normalidad o el plan de respuesta temprana contempla esta medida”. Además, afirmó tajantemente que no tiene “la información directa de exactamente qué se pretende”, en clara alusión a las intenciones de Ayuso.

Pese al claro mensaje del ministerio de Sanidad, la presidenta madrileña persiste en su idea de poner en marcha el carné de “madrileño sano”, que supondría una clara vulneración de los derechos a la igualdad y a la intimidad consagrados en la Constitución Española, tal como han alertado expertos juristas y defensores de los derechos civiles. Por lo visto, el plan de Ayuso está más que adelantado, ya que la líder del PP de Madrid ha solicitado a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha un proyecto piloto para “ver si teniendo los datos de todos los pacientes” pueden conocer mejor la situación. “Los datos son clave”, ha sostenido.

El empecinamiento de la lideresa en sacar adelante su idea, en contra de la opinión de la ética más elemental y de los más prestigiosos juristas como el magistrado Joaquim Bosch, empieza a adquirir tintes grotescos. Los ciudadanos tienen derecho a que la información médica sobre sus enfermedades, sus expedientes clínicos, queden reservados y circunscritos al estricto ámbito sanitario. Poner en circulación una cartilla para que los funcionarios de la Administración y los empresarios puedan acceder a lo más íntimo y personal de una persona es sencillamente una aberración jurídica, además de una medida inútil desde el punto de vista médico. El pasaporte no servirá para rebajar las cifras de infectados, pero sí para que un trabajador sea excluido o admitido a la hora de aspirar a un puesto de trabajo en función de si ha superado o no el virus. Nadie con dos dedos de frente negará que la medida supone un primer paso hacia una sociedad desigual, determinista, discriminatoria e injusta. Un inquietante avance hacia el racismo sanitario.

Por ahora, según ha alegado Díaz Ayuso, solo se pretende que la “cartilla covid” sea un registro en el que “todo el mundo” que se haya sometido a análisis y pruebas “la lleve consigo” para, ante cualquier petición, contar con un “conocimiento sobre lo que le ha pasado”, es decir, si tiene anticuerpos o no. Es decir, sería algo así como un DNI para sanos, de tal manera que un policía podría pedírselo a un ciudadano en cualquier momento y tomar medidas administrativas de dudosa legalidad. O lo que es lo mismo: el retorno del Estado policial. Tras comparecer ante los periodistas, la singular presidenta madrileña se ha conectado a Twitter para sentenciar que muchas empresas están tomando medidas “para proteger a sus empleados: teletrabajo o medidas extraordinarias de test y desinfección”. La sociedad distópica de Ayuso ya está aquí.

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