Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a “redefinir” el concepto de vivienda pública y de protección oficial en los proyectos urbanísticos que el Gobierno regional planea lanzar para los próximos años en la Comunidad de Madrid. Y viniendo de una neoliberal como ella, cualquier medida que suponga alterar los “conceptos” en los que se asienta el Estado de Bienestar ya es como para echarse a temblar. En concreto, la Consejería de Vivienda y Administración Local que dirige David Pérez se ha planteado construir 25.000 viviendas en los próximos ocho años, de las que 15.000 estarán terminadas en esta legislatura −es decir, en el horizonte del año 2022−. Fuentes municipales aseguran que estos pisos van “destinados a jóvenes y a familias con rentas medias que no pueden acceder a la compra en el mercado libre, pero también están fuera de los pisos protegidos para rentas más bajas”.

Es decir, hablamos de un plan para gente con un cierto poder adquisitivo, vivienda pública oficial para madrileños que no la necesitan porque disponen de recursos suficientes para financiarse una hipoteca. ¿Qué ocurre entonces con las familias en paro, con los jóvenes que no pueden emanciparse por falta de empleo, con los trabajadores pobres que no llegan al salario mínimo interprofesional, con las 2.772 personas sin hogar que oficialmente hay censadas, a fecha de hoy, en la Comunidad de Madrid? Los planes de Díaz Ayuso y de David Pérez no están hechos para ellos. Los “invisibles” son, una vez más, los grandes olvidados de estos planes de protección oficial que suelen anunciarse a bombo y platillo en la prensa propagandística de derechas, haciendo buena aquella sentencia de José Luis Sampedro que decía: “Hay dos clases de economistas: los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres”. Ayuso y su equipo forman parte del primer grupo. Ellos hacen política para clases altas. Y su plan de vivienda es un buen exponente de ello.

Con todo, lo más preocupante para los cientos de miles de madrileños humildes es que su presidenta, en uno de sus habituales arrebatos neoliberales, se esté planteando cambiar el “concepto” de vivienda pública de protección oficial. “Redefinirlo”, como aseguran fuentes próximas a su despacho. Así, el pasado año la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Belén Hermida, daba cuenta de sus contactos con el Gobierno de Díaz Ayuso en el informe de la organización colegial con motivo de la Junta de Representantes Ordinaria de 28 de Octubre de 2019. En el citado documento, que se puede consultar en la página web del Colegio de Arquitectos, la decana informa de la reunión que mantuvo el lunes 23 de septiembre con David Pérez, que acudió acompañado por la viceconsejera, Concepción Dancausa, y del director general de Vivienda y Rehabilitación, José María García. “Se planteó la voluntad de la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de acometer un plan ambicioso de construcción y rehabilitación de 25.000 viviendas para jóvenes en los próximos años para cuya elaboración solicitó la colaboración del Colegio. Se habló de la necesidad de redactar un nuevo standard de vivienda pública, visto que el vigente data de 1944”.

¿Qué pretenden decirnos con que el Gobierno neoliberal del PP quiere “redactar un nuevo estándar de vivienda pública”? ¿Acaso están pensando Ayuso y Pérez en enfocar la vivienda de protección oficial hacia las clases medias, olvidándose de las más desfavorecidas que son precisamente las que más ayudas y subvenciones necesitan?

Madrid, una comunidad controlada por la derecha y el gran capital desde hace décadas, es el gran símbolo de hasta dónde puede llegar la depravación y la especulación de las élites y de las grandes empresas de la construcción, bajo amparo del poder político. El mercado inmobiliario que se ha promocionado desde antes de 2008 ha sido tan bestialmente elitista que ha terminado por liquidar el derecho fundamental de todas las personas a una vivienda digna, establecido en la Constitución del 78. Esas políticas extremadamente capitalistas impulsadas por gente como Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, Ana Botella y ahora Díaz Ayuso, fiel continuadora del expolio, han supuesto que las hipotecas se disparen; que la especulación con los precios de los alquileres y sus fianzas, tasas e impuestos correspondientes alcance tintes de auténtica mafia organizada; que cientos de pisos vacíos terminen en manos de los bancos y de los fondos buitre de titularidad internacional (muchos de ellos con sede social en paraísos fiscales); que los desahucios estén a la orden del día; y que en general la mayoría de los madrileños tengan que sufrir las consecuencias nefastas y las injusticias de un mercado inmobiliario salvaje y cruel controlado por unas élites corruptas. Ahora Díaz Ayuso quiere “redefinir” el concepto de vivienda pública. Redefinir. No andará muy lejos el negocio a gran escala para beneficio de los empresarios amigos de siempre. Es como para echarse a temblar.

2 COMENTARIOS

  1. Que esta mujer haya llegado a ser la presidenta de los madrileños informa que un amplio sector de la ciudadanía de Madrid es neo-fascista e iletrada. Que España en la practica sea Madrid y el resto territorio ocupado se refleja en la mentalidad de un amplio sector de los madrileños, se creen el ombligo del mundo; cuando en el fondo es una creación aberracional de dos militares en particular: Primo de Rivera y Franco. Jamás habrá aceptación por parte de mucha gente de esta perversión política que es el Estado español, mientras este no se modifique bajo una concepción civil contraria a la mentalidad cuartelera y chusquera dominante en amplios sectores de los políticos perteneciente a los partidos reaccionarios españoles.

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