El Director General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, Gregorio Moreno López, se encuentra imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público desde el mes de mayo de 2019, tras la admisión a trámite y apertura de diligencias efectuada por el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid a raíz de la presentación de una querella contra él y otras tres personas más. La causa, además, ha sido declarada compleja, por lo que la instrucción continúa abierta.
La presunta comisión de esos delitos se produjo cuando Gregorio Moreno López ocupaba el cargo de Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Entre el año 2015 y 2016 se celebró un proceso selectivo para una plaza de personal laboral para dirigir proyectos en Guatemala. Moreno López fue el presidente del Tribunal Calificador.
En la resolución final de ese procedimiento, el Tribunal vulneró elementos reglados de las bases de la convocatoria. La querella fue interpuesta una vez que la jurisdicción contencioso-administrativa estimara un recurso contra la decisión del Tribunal que presidía el actual director general de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en sentencia firme el resultado del proceso selectivo. Además, fue muy significativo que el hecho de que, según la documentación a la que ha tenido acceso Diario16, la directora de AECID incoara un expediente disciplinario por falta muy grave contra tres de sus directivos tras la denuncia en el contencioso administrativo.
El querellante, tras comprobar que Gregorio Martínez López ocupaba un alto cargo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, remitió una carta a la presidenta, a la que Diario16 ha tenido acceso, en la que reclamaba el cese inmediato de aquél porque, según el apartado sexto del Código Ético de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid, «los altos cargos comunicarán al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional penal contra su persona y dimitirán en el caso de que sean investigados formalmente por delitos relacionados con la corrupción».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera el delito de prevaricación administrativa como un delito relacionado con la corrupción, tal y como se establece en el repositorio de datos sobre procesos por corrupción.
Según este criterio del CGPJ y el Código Ético de la Comunidad de Madrid, Gregario Moreno López tendría que haber dimitido o haber sido cesado por Díaz Ayuso de su cargo al estar imputado por un presunto delito relacionado con la corrupción.
Sin embargo, Díaz Ayuso ni lo ha cesado ni ha reclamado su dimisión, a pesar de tener conocimiento de que su alto cargo está imputado. Según la web de la Comunidad de Madrid, Gregario Moreno López continúa ejerciendo como alto cargo de la Comunidad de Madrid, ahora como Director General de Presupuestos.
La Secretaría General Técnica de la Presidencia respondió a la petición de cese a través de una comunicación a la que Diario16 ha tenido acceso, reconociendo, en primer lugar, la imputación por presunta prevaricación y falsedad en documento público y, en segundo término, haciendo referencia a que la petición de cese «se refiere a una materia que está siendo objeto de un proceso judicial. A este respecto, […] tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme».
Es decir, que el Gobierno de Díaz Ayuso sigue manteniendo el mantra de que no hay que depurar responsabilidades políticas por la presunta comisión de delitos hasta que no haya una sentencia firme. En los últimos años hemos visto cómo un presidente de la SEPI dimitía por haber sido imputado en el caso de las Minas de Aznalcóllar y, una vez abierto juicio oral, renunciar definitivamente al cargo. Sin embargo, cuando gobierna el PP, las responsabilidades políticas sólo se aplican cuando hay sentencia firme.
«Es una vergüenza que D. Gregorio Moreno López continúe siendo un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Considero que se ha vulnerado el Código Ético de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid. Todo ello sin olvidar que, aparte de estar investigado por presunta prevaricación, también, lo está por un presunto delito de falsedad en documento público», afirmaba este ciudadano en su carta a Díaz Ayuso.
Estos comportamientos deberían ser castigados por el voto consciente del ciudadano. Aparte de las resoluciones del juez. Todavía no estamos suficientemente «actualizados» en la materia reflexionar y responsabilizarnos de nuestro voto. Todavía no diferenciamos bastante el eco de la voz. Con cuatro promesas que no cumplirán nos hacen olvidar el comportamiento consciente, democrático y veraz de los verdaderos ciudadanos políticos. Piensen : «Con Podemos si, con ciudadanos no». Nunca en tan poco tiempo se hizo tanto por el ciudadano. Miren y juzguen que está pasando con «ciudadanos» y el pp. Miren por donde nos entra Vox y sus camisas verdes / azules.
Lo que esta ocurriendo es todo un golpe de estado togado. Con la sombra muy nítida del pp de siempre, el marrullero. Consigue con trampas lo que se le niega con votos. Pero el ciudadano se pierde con los contenedores ardiendo y no reparan con la chispa que los enciende. Esa chispa suele venir de togas y parlamentos que en cumplen su misión. Nos están metiendo en el saco. El pp consigue una vez más impedir la democracia con la renovación de cargos decisivos para el país. Todo menos hacer, de la justicia, clara y confiable mediante la acción democrática. O sea. O me quitas a ese( Podemos) o rompo la baraja. Y así hasta la eternidad. Que constitución es esa que nos mantiene atados al capricho de un putrefacto partido?