La Policía ha detenido por un delito de violencia de género al secretario general de la Unión Federal de Policía, Víctor Duque. Una noticia que preocupa a la Agrupación Reformista de Policías (ARP), que pide un debate social sobre la exigencia de moralidad de todo cargo público y la obligación por higiene social de presentar su dimisión.
En este sentido, ARP ha hecho llegar un comunicado a Diario16 en el que la noticia de la detención de Víctor Duque, “siendo como es representante de una organización sindical policial de las denominadas representativas o tradicionales, ha supuesto una fatal noticia para un colectivo implicado en la lucha contra la violencia de género y abre un debate social necesario sobre la exigencia de moralidad de todo cargo público y la obligación por higiene social de presentar su dimisión”.
La denuncia de una mujer, también policía, por unos presuntos hechos relacionados con la violencia de género ha generado esta detención. Según explica ARP, “el uso indebido de su número de teléfono móvil por parte del detenido, para anunciarla como ejerciente de la prostitución en las redes sociales es un hecho que consideramos gravísimo, con el plus del ámbito policial donde se producen.”
ARP en sus estatutos considera una prioridad el combatir la violencia de género en cada una de las modalidades que puedan presentarse y, por tanto, ningún afiliado o representante a la Agrupación Reformista de Policías, podría estar exento de su salida de la organización de forma inmediata, hasta tanto en cuanto no se resolviera este tipo de denuncias en órganos judiciales.
El Código de Conducta de la Policía, es otro elemento que faculta a la Policía como Institución a actuar, y en este caso, ARP entiende que “con la máxima diligencia prevista para no dañar la imagen de un colectivo que por imperativo legal es el encargado de prevenir las conductas temerarias e incívicas que se puedan dar por parte de sus integrantes, con sus propios compañeros o con la sociedad.”
Reglas de moralidad
Toda organización seria y jerarquizada conforme a sus principios y estatutos, según esta agrupación policial, debe contemplar actuaciones ejemplares contra este tipo de conductas ajenas a las más mínimas reglas de la moralidad,.
«La moralidad o inmoralidad de cualquier cargo público no puede quedar impune”
Las acciones o incontinencias verbales supusieron en el pasado para determinados cargos públicos el reproche o dimisión en sus propias organizaciones políticas o sindicales., según recuerda ARP.
La agrupación en su comunidado recuerda “la decisión ejemplar adoptada por su partido, contra el Ex Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien tuvo que ser cesado de todo cargo de responsabilidad pública. Si bien meses más tarde, fue nuevamente readmitido, al considerar la Justicia, que no fue autor de ningún tipo de delito”.
En el comunicado, se destaca también que “Estos mecanismos de control social se dan en organizaciones bien estructuradas, conscientes y actuando de cara a la sociedad, donde no impera la jerarquización de forma piramidal de arriba abajo, donde intereses personales, económicos y de liberaciones, suponen al supuesto agresor, un estatus unipersonal que pueden permitir en esta caso a un dirigente con cargo público no admitir ningún tipo de acción sancionadora prevista por sus cuadros organizativos y mucho menos el rechazo decisivo de sus afiliados.”
Para ARP, La moralidad o inmoralidad de cualquier cargo público no puede quedar impune, y por tanto, una dimisión o reacción de las organizaciones a la que pertenezcan debe servir para paliar la sensibilidad de quienes en su lucha en un tema tan doloroso como es el maltrato a la mujer, caso de ARP, observan con suma preocupación la actuación de la Policía, en este caso la detención de un funcionario del CPN con cargo en un sindicato policial.
Pero no sólo debemos poner el objetivo sobre los cargos públicos dentro de las organizaciones policiales que no se responsabilizan de sus actos ajenos a la más mínima exigencia moral, sino que también sobre las conductas reprobables de policías que demuestran con sus palabras o hechos un germen de odio, racismo, xenofobia, fascismo y que se alejan de lo que debe ser la compostura mínima exigible para un servidor público.
No caigamos en la trampa de criminalizar a los denunciantes que dentro de cualquier colectivo con riesgo para su bienestar permiten que se conozcan conductas que si en ocasiones no llegan a tener responsabilidad penal sí que deben tener la correspondiente administrativa y la repulsa de una sociedad que debe avanzar en el respeto a los derechos humanos.
El miedo y la ignorancia provocan que perfiles como los que hemos conocido a raíz de la denuncia del chat de whatsapp de policías locales en Madrid estén asentando posiciones y visibilizándose cada vez más. Pero es obligación de todos/as el luchar contra este tipo de mentalidades y alejarlas de instituciones que deben velar por la seguridad de todos/as. Y ello, porque estas personas de manera excluyente sólo actúan por aquellos a los que consideren merecedores de su servicio. Y lo que no entienden es que de uniforme o sin él un policía está al servicio de toda la sociedad que le ampara y admira, pero que a su vez le exige una conducta a la altura de su responsabilidad.
