Detenciones arbitrarias y muerte en Etiopía durante el estado de emergencia

El estado de emergencia entró en vigor en Etiopía tras una ola de protestas y manifestaciones masivas contra el Gobierno en las regiones de Oromia y Amhara.

La televisión etíope FBC informa que un total de 1.683 personas han sido detenidas en al menos cinco lugares, la mayor parte de ellas en Oromia. Fuentes independientes elevan la cifra de detenidos a 2.500. El pasado lunes, el alcalde de la ciudad de Sebeta, cerca de Addis Abeba, dijo a FBC que alrededor de un millar de personas habían sido detenidas en relación con los incendios de almacenes y fábricas, la mayoría extranjeros. Algunos detenidos fueron liberados posteriormente, afirmó más tarde el mismo alcalde.

Las últimas detenciones en Oromia, 450 personas, se han producido en Shashamane, a 250 kilómetros al sur de la capital. La cifra oficial de detenidos en estas dos semanas en estado de emergencia se completa con disidentes de la región Ahmara, donde el descontento con el Gobierno es también manifiestamente violento: “29 hombres de negocios de Bahir Dar por el cierre de sus tiendas, 93 delincuentes y agitadores y 13 empresarios que llamaron a la huelga en Gondar, al igual que tres maestros por abandonar la escuela”. No hay ninguna mención sobre dónde son trasladados los detenidos.

Balance trágico

La decisión del gobierno de Haile Mariam Desalegn llegó una semana después de que al menos 55 personas –más de 100 según grupos de derechos humanos– murieran el pasado 2 de octubre en una avalancha en la localidad de Bishoftu durante la Ireecha, la gran celebración religiosa oromo, y que acabó transformándose en una protesta antigubernamental con balance trágico. Muchas personas murieron asfixiadas mientras otras se ahogaron presas del pánico en el lago volcánico sagrado donde se celebraba el festival religioso.

Activistas locales culparon a las fuerzas de seguridad de causar el pánico con el lanzamiento de gases lacrimógenos y tiros al aire, pero el gobierno señaló a los manifestantes como responsables. La tragedia desató más violencia en Oromia, lo que llevó al gobierno a anunciar el estado de emergencia. El Gobierno también aplicó un apagón de internet.

 Una festividad religiosa oromo acabó en protestas, muertos y violencia policial

La ira que recorre Etiopía está causando una preocupación cada vez mayor en la comunidad internacional, que considera que el Gobierno está manejando mal las protestas y generando más rabia y más manifestaciones.

El Departamento de Estado norteamericano hizo pública el sábado una nota en la que «solicita a los ciudadanos posponer los viajes de carácter no obligatorio a Etiopía debido a los continuados desórdenes que han conducido a centenares de pérdidas humanas, miles de arrestos y heridas y daños a la propiedad privada».

Las libertades, suspendidas

Las reglas anunciadas la noche del sábado 8 de octubre obligan a los diplomáticos a moverse exclusivamente en un radio de 40 kilómetros alrededor de Adis Abeba, a menos que soliciten un permiso oficial. El estado de emergencia también impide mantener contactos con grupos que el gobierno etiquetó de terroristas, así como ver ciertos medios de comunicación, como la Red de Medios de Comunicación de Oromia y el sistema de radio y televisión por satélite de Etiopía, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministro de Defensa, Siraj Fegessa, autoridad encargada de supervisar la aplicación de la ley del estado de emergencia.

Quienes infrinjan los términos del estado de emergencia corren el riesgo de enfrentar penas de tres a cinco años de cárcel. Las medidas de emergencia también prohíben las manifestaciones y reuniones públicas sin permiso de las autoridades y las fuerzas de seguridad pueden detener o registrar a los sospechosos sin una orden judicial.

El pasado 14 de octubre Amnistía Internacional publicaba un comunicado de acción urgente denunciando la detención arbitraria de cuatro activistas del partido oromo Semayawi por sus críticas al gobierno y afirmaba que “el Consejo de Ministros [está]…incumpliendo sus obligaciones internacionales en virtud de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El contenido y el alcance oficiales de la declaración del estado de excepción no se han hecho públicos en su integridad, y las autoridades etíopes no han cumplido todavía con su obligación de notificar el estado de excepción a los otros Estados Partes en el PIDCP, como exige el artículo 4.3.”.

 AI denuncia que no se han hecho públicas todas las reglas del estado de excepción

Incendiar la ira

La reciente ola de manifestaciones comenzó en Oromia en noviembre pasado tras conocerse un plan para anexionar a Addis Abeba parte de esta región. El Plan Maestro Integrado de la Ciudad de Addis Abeba contemplaba el desalojo forzoso de agricultores oromo y no ofrecía garantías legales ni compensación económica adecuada. Finalmente, el plan se retiró, pero las protestas continuaron.

Grupos de derechos humanos señalan que al menos 500 oromo han muerto durante las protestas contra el Gobierno en los últimos 11 meses como resultado de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Uno de los episodios más graves tuvo lugar el pasado 6 de agosto, cuando se convocó “una gran protesta oromo”, a la que se sumaron los ahmaras, que llegó incluso a tener su demostración en Adis Abeba, y el balance de muertos por los cuerpos de seguridad ascendió a 70 personas. En Oromia habita el grupo mayoritario del país, y la exportación de café y productos agrícolas son la base de su riqueza económica, en contraste con las improductivas tierras de cultivo del norte de Etiopía.

La región Amhara lleva inmersa en protestas, revueltas y represión desde el pasado mes de julio desde que fueran arrestados varios activistas del Comité para la Identidad y la Libre Determinación Amhara de Wolkait, que pedían la revocación del edicto de 1991 por el que tres distritos de su región pasaban a formar parte del Tigré.

Denuncian que al menos 500 oromo han muerto durante 11 meses de protestas

Democracia revolucionaria

La coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), está dirigida esencialmente por antiguos guerrilleros del Frente Popular para la Liberación del Tigré (TPLF). De orígenes marxista-leninistas, con su “democracia revolucionaria” ha alcanzado sólidos logros en términos de desarrollo económico y en la mejora de la salud y la educación, especialmente para los pobres de las áreas rurales, tras 25 años en el poder. Se potenció el federalismo y la enseñanza en lenguas locales, principalmente bajo el largo mandato del fallecido Meles Zenawi (1995-2012), el hombre que según The Economist “hizo la dictadura aceptable” y a quien invocan constantemente las autoridades como referente de la “nueva Etiopía”. Sin embargo, el EPRDDF no ha sido capaz gestionar la transición del secretismo de sus orígenes revolucionarios hacia un gobierno más abierto y democrático.

En teoría, Etiopía es una democracia parlamentaria y sin embargo no hay parlamentarios de la oposición. En las elecciones de 2010, sólo un opositor logró un solitario escaño. El EPRDF ha ido creando una serie de partidos satélites, formalmente independientes, para dar una falsa imagen de multipartidismo. En las elecciones generales del año pasado, cada asiento en el parlamento fue ganado por miembros de la coalición gobernante EPRDF o por los partidos “aliados”.

Aunque la constitución de Etiopía permite la libertad de expresión y asociación, las leyes draconianas contra el terrorismo se han utilizado todos estos años en contra de aquellos que han tratado de utilizar esas libertades para criticar al gobierno. Etiopía ocupa el segundo puesto en el triste ranking de periodistas entre rejas.

Desigualdad, corrupción y desempleo

Los tigreños, que son el 6% de una población de cerca de 100 millones de habitantes, detentan el poder en Etiopía tras siglos de dominio amhara, que es además la lengua oficial del país, desde los emperadores hasta la época del terror rojo de Mengistu, quien vive un exilio dorado en el Zimbabwe de Robert Mugabe. Se calcula que los tigreños controlan el 70% de la economía del país y el 98% de las fuerzas armadas. Los oromo no han detentado jamás el poder aún siendo la mayoría de la población. El ceremonioso presidente de la república de Etiopía, Mulatu Teshome, un oromo, no es más que una figura decorativa en pos del federalismo igualitario del que presume el gobierno. Oromos y ahmaras componen el 70% de la población etíope.

Los funcionarios del Gobierno y los leales al partido reciben acceso preferencial al crédito, arrendamiento de tierras y empleos. Zonas vulnerables a la corrupción son la administración de tierras, impuestos e ingresos del estado, el sistema de justicia, las telecomunicaciones, la adquisición de tierras, áreas de concesión de licencias y el sector financiero. Particularmente atroz es la práctica del gobierno de arrendar grandes extensiones de tierra a gobiernos extranjeros y a inversores locales en ofertas opacas que han acabado desplazando a miles de personas.

Durante los últimos cinco años, Etiopía ha sido golpeada por olas de protesta desde todos los sectores y pueblos que la componen, no sólo por los grupos de la oposición formal oromo y amhara, por primera vez aliados, sino también por musulmanes descontentos por la imposición de líderes desde el gobierno central. El sorprendente crecimiento económico del país ha sido proporcional a la recentralización de la administración.

Otro factor que alimenta las protestas en Etiopía es el desempleo juvenil y la sensación de desesperanza que ha engendrado. En los últimos años, el país ha licenciado a miles de graduados universitarios cada año, pero sólo un número limitado es capaz de obtener un empleo. Muchos de estos jóvenes graduados arriesgan sus vidas para desafiar el desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo en una búsqueda desesperada de mejores oportunidades. Muchos etíopes ponen su esperanza en trabajar en condiciones de semi-esclavitud en los países ricos del Golfo Pérsico, eso, tras sobrevivir a los traficantes yemeníes. Otros permanecen como parados de larga duración o se dedican a cortar adoquines de las calles.

Los brazos en alto sobre la cabeza, cruzados, como si estuvieran esposados, son el símbolo de las protestas. La imagen del medallista de plata olímpico Feyisa Lilesa haciendo este gesto al cruzar la línea de meta en Río 2016 dio la vuelta al mundo, y las fotografías de las celebraciones Ireecha en Bishoftu demuestran la multitud de pie con los brazos cruzados sobre sus cabezas antes de la intervención de la policía que provocó el pánico mortal.