Fotos: AGENCIA ANDALUCÍA VIVA.

Los días de pandemia españoles nos regalaron palabras y conceptos inéditos: Covid-19, desescalada, confinamiento y estado de alarma son ejemplos. El coronavirus exige, para OMS y sistemas sanitarios del mundo, más conocimiento, testar población y hacer vacuna efectiva. Un palabro que irrumpe para paliar los devastadores efectos pandémicos, previsibles rebrotes, secuelas por venir y analizar son los ‘Coronadetectives’.  

La pista del virus y localizar rastro de la cadena de contagio ha sacado a la palestra una original oferta de los detectives privados. La idea, legítima, es ayudar a la sociedad que sirven con pruebas, informes y testimonios fiables. Sin ser sanitarios, los investigadores privados están para arrimar el hombro en duros momentos. Pero la oferta fue un brindis al sol. La sanidad pública española otorgará contratos exclusivamente a sanitarios. Lógico.  

El fiasco sufrido por el gremio detectives invita a reformular la marca corporativa, unificar discursos y abordar la autocrítica. Lo mediático de la oferta detectivesca consolidó el papel de buscavidas oportunista que se percibiría de profesionales lastrados por novelas y películas de género. El aporte social y estatus del detective español se desconoce por el público.

Por ello, se ningunea al detective aprovechando cualquier ocasión que la ponen a huevo líderes de un gremio-archipiélago con poca plantilla. Apenas 2.000 licencias serían operativas sobre las más de 5.000 emitidas por el Ministerio de Interior. Todas se otorgan tras estudios universitarios y requisitos similares a los de acceso a la función pública. La formación de detectives animó a universidades públicas y privadas a crear un negocio que llena de miles de futuros parados sus aulas. Pero la pela es la pela……       

La propuesta del ‘coronadetective’ al Ministerio de Sanidad y Consejerías del ramo hizo aguas desde su inicio; además, parte del colectivo no la veía clara, ni bien formulada. Algunos líderes gremiales repetían que lo importante fue ‘mover’ una profesión más veterana y desconocida que la policial, según documentó el escritor José Luis Ibáñez Ridao en ‘Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe’ (Espasa, 2020). En tan excelente trabajo investigador se data la agencia pionera (La Vigilancia y Seguridad Mercantil) en la Barcelona de 1888.

Pocos años después, investigaban -los detectives españoles hasta la IIª República (1931-1939)- delitos que hoy son de exclusiva competencia policial bajo mandato judicial. Además, buscaban desaparecidos, ilustraban fraudes, infidelidades laborales y conyugales o practicaban inteligencia corporativa en vis de ‘policía privada’. Crearon academias en Madrid y Barcelona. Contrataron agentes políglotas y mujeres osadas; tuvieron sucursales internacionales. Pero, hoy, al detective la policía la controla.    

La oferta del ‘Coronadetective’ sacó luces y sombras, destapó paradojas y hipocresías. Se relativiza, repetimos, la utilidad social del investigador privado. Fue de bochorno cómo tertulianos de TV y radio descalificaban a Enrique Hormigos, Presidente de APDPE, o a la combativa detective Gema Piñeiro argumentos pro-coronadetectives. Usaron palabrería que situaba al sabueso como invasor de intimidades o espía de cuidado.  

Entre los tertulianos más ‘agresivos’ con los detectives vimos abogados sin experiencia forense y sindicalistas policiales. Estos siguen guiones ‘de cadena’ y convirtieron al detective en personaje polémico. Octavio Morellá, Decano del Colegio de la Comunitat Valenciana palpó rechazo de su oferta de ‘rastreadores’ de la Consellería de Sanitat Universal vía su Jefe de Gabinete. Tras agradecerle la oferta cortésmente, le recuerdan que el seguimiento y aislamiento en la cuarentena la ejecutan desde áreas de la Consellería (atención primaria, salud laboral y pública). Se recalca así lo obvio: el personal que hará tales funciones será profesional sanitario.

Ese ruido mediático chocó con la ingenuidad. Se difundió la oferta sin tener protocolizado un consenso. La idea fue plasmar la ayuda del detective privado para ‘rastrear’ el virus desde su prisma profesional. Pero antes de salir a la palestra debe pre-contratarse, dotar presupuestos y ejecutar acciones-piloto para tasar la idoneidad de esa colaboración público-privada.

La decepción de los detectives no es azarosa. A veces aparece para para ‘completar’ huecos mediáticos. Daría juego por el mito que arrastra. Hubo ya iniciativas olvidaba en el cajón de los sueños de colaboraciones a pagar con dinero público. Fueron mediáticas, pero para nada: el ‘detective de oficio’, escoltar a maltratadas, proteger a menores acosados….

Desde hace décadas, los detectives lanzan anzuelos a unas administraciones que no pican. Y no es cuestión de voluntad política. La carencia más sustancial del detective español es una norma que los regule. Sólo hay, en enero 1981, una orden ministerial y establece el nivel universitario para obtener licencia. Aquella orden, del Ministro Rosón, no contemplaba multas. Sólo suspensión o revocación de licencia ante mala praxis. 

Panorama de colectivos

Escribíamos que apenas hay casi 2.000 detectives ejercientes. Estos se encuadran en grupos que discuten cuotas de representatividad, intereses del mercado y proyectan personalismos. El intrusismo impune al detective, profesional regulado, lo practican además policías, militares y guardias civiles prejubilados, asesorías-consultoras-auditoras vía ‘forensics’ sin firma que lo avale y empresas de seguridad privada fundamentalmente.

La militancia del detective español repite identidades entre miembros de los colectivos existentes. Sólo hay colegios profesionales, entidades de Derecho Público en Comunitat valenciana, Catalunya y Galicia. Fracasaron intentos de crearlos en las comunidades de Murcia, Madrid y Andalucía. La Ley Omnibus europea entraña una amenaza a los colegios.

El grupo que presume de mayor afiliación es APDPE con casi 400 miembros. ANADPE aloja agencias y ADAE profesionales autónomos. ANMDP concentran detectives femeninas. Hay un colectivo empresarial con sede en Barcelona. El Col.legi de Detectius catalán organiza el foro DETCON con éxito. Su edición 2020 fue virtual. La batuta de Enrique Arranz, alérgico a lo disruptivo y corporativista lo manejó todo, como a la Junta de Gobierno presidida por Mercé Ferrán y que Arranz no integra.  

Un lobby que entre bambalinas para elevar al detective sugiere la propuesta de Manuel Rosa (Detectys). El proyecto se ligaría a la patronal CEOE. Un sindicato del estilo SEPLA (pilotos aéreos), USCA (controladores de aviación) o SEMAF (maquinistas ferroviarios) sin ideologías y que batalle reivindicaciones de clase parece más útil para este gremio, huérfano de apoyo institucional. En ADAS Detectives, agencia sevillana, opinan así.

DETCAMP es una iniciativa de la incansable ex periodista Gema Piñeiro. Congrega en Alcobendas (Madrid) el pálpito del detective español con ponencias, capacidad de convocatoria y debate sin siglas ni politiqueos en favor del detective del siglo XXI. Este foro aúna el legítimo deseo de vender a la sociedad española un detective que sabe y aporta herramientas.     

¿Subpolicía, segurata sin uniforme o investigador ‘platino’?

Tras arribar el gobierno de mayorías absolutas de Felipe González (1982-1996) se sucedieron en su ocaso escándalos de corrupción que adelantaron la dimisión del Vicepresidente-tándem, Alfonso Guerra.

Su hermano Juan, el ‘asistente’ de cafelitos escurría pensiones a tres hijos tras divorciarse. Un detective documentó patrimonio oculto y aceleró una dimisión jamás explicada del todopoderoso Vicepresidente Guerra en 1991.

Algo parecido sucedió con Luis Roldán, pionero civil al frente de la Benemérita. Un detective, el fallecido Pedro L. Barrachina, afloró activos contratado por su ex esposa que exigía pensiones post divorcio. Esos casos, más recalificaciones apadrinadas dimitieron al Ministro Julián García Vargas por culpa de un dossier de detectives madrileños. Ese panorama justificó ‘por razones de urgencia’ al detective privado español en la Ley de Seguridad Privada 23/1992 (LSP). Es llamativa la integración: la operativa del detective tiene poco que ver con la seguridad

A la primera LSP del PSOE le sucedió, en 2014, otra del PP de Mariano Rajoy. La gestó su Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, de los pocos reprobados por mayoría en el Congreso. Esa LSP, se cocinó en contexto adverso para justificar maldades normativas sobre el detective. Un Reglamento, aún inédito, que desarrolle la última LSP se teme plasme esa reprimenda con el gobierno PSOE-UP en Moncloa. 

La LSP del PP se difundió tras redada -en 2012- llamada ‘Operación Pitiusa’. Detuvo a 70 detectives ligados al mercadeo de datos y dossiers extorsivos. Sin embargo, la Justicia absolvió a la inmensa mayoría de encartados. El cierre de la agencia barcelonesa Método 3 y la detención de su cúpula fue otra plataforma para esa LSP del PP. El espionaje político, informes incómodos al poder y negocios heterodoxos parecían justificación para subir castigo gubernativo al detective.

La vigente LSP avizora que el detective deberá blindar su agencia como si fuera una empresa de seguridad a su armero. Deberá contratar seguro de responsabilidad civil y aval para pagar multas a Interior. La idea del legislador fue controlar y sancionar a un profesional a priori. Además, el detective debe anotar en Libro-registro identidades, de clientes y objetivos, medios y agentes. Y elevar informe estadístico anual a Interior. Tantos requisitos son insólitos e impensables en otras profesiones liberales.  

Sería inimaginable –por ejemplo- que un abogado, psicólogo o periodista deba registrar, e informar a la autoridad, de sus asuntos, identidad de fuentes, clientes, proveedores, etc… o tener un aval para cubrir multas por mala praxis. ¿Se imaginan a un sacerdote que exija identidad de confesados para participarlo al Obispo?. ¿O que tras comprar un coche se obligue un seguro para avalar multas de tráfico?. En Interior, en la policía que los controla, ser detective equivaldría a ser potencial trasgresor.   

De otro lado, pues vivimos en país de paradojas, Policía y Guardia Civil invitan continuamente, vía programas ‘Red Azul’ y ‘Coopera’, a que el detective les haga de confidente. El premio es un cartón coloreado con logos policiales con el nombre del detective. Se entregan, con canapé, los ’Días de la Seguridad Privada’. Allí, policías y beneméritos sonríen uniformados, con medallas y estrellas, dejándose fotografiar con escoltas, vigilantes y detectives amigos. Los detectives-líderes no faltan a esas citas. 

¿Detective de la Justicia?

La realidad supera a la ficción. Desde ahí quieren engatusar al detective. Los ágapes policiales con detectives eufóricos son parte pequeña de la historia. Margarita Landi -1918/2004- en su prólogo del libro Conexión Detective (Página 9, Editorial JC, Madrid 1990) lo pronosticó ‘…allí donde la policía y guardia civil no pueden llegar, porque hay testigo que no quiere prestar su ayuda oficialmente, por temor a posibles represalias o a perder una jornada, el pertinaz detective consigue hacerlo hablar…’.    La imperecedera reportera de sucesos y escritora sabía lo que escribía.

Domingo Pastor Petit -1927-2014-, inolvidable Escritor experto en espionaje recalcaba -en el indicado libro- y en otro prólogo que ‘…la profesión de detective es contemplada por mal disimulada ira por la Administración…’ (Página 11, Autor del libro Juan-Carlos Arias). Petit resucita el investigador privado alternativo al oficial. Añade valor tangible a un personaje que nace en la ficción. Traspasa -ese detective- con ingenio y sin medios, obstáculos en pro de la verdad. Se sabe mirado de reojo, por usar un eufemismo, por esa Administración que le cobra tasas, controla, multa y jamás le aplaudirá. Las medallas las llevan, y se las pagan, a otros

Sin embargo, hay un escenario neutral, plural, público y trasparente donde el detective es mucho más conocido, citado y fustigado por las verdades que entrañan su informe y testifical. Nos referimos a los estrados judiciales. Ahí el debate jurídico se enriquece y completa con la ‘prueba del detective’. La jurisprudencia de nuestros altos tribunales (Audiencias Provinciales, TSJs, Supremo, Audiencia Nacional, Constitucional) cita más veces aportando que conculcando derechos al detective español. 

Aunque es parte en cualquier procedimiento donde le contraten, o perito a criterio del juzgador, se le considera testigo privilegiado al ser ‘un instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador’ (Sentencia del Tribunal Supremo-Sala 4ª, fechada el 6.XI.1990) en casos laborales, por ejemplo. La jurisprudencia lo define como testigo-perito pues su aporte parte del ‘estar ahí’ o de informar a posteriori lo que más se acerque a la verdad. La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LECiv) en su Artículo 265.1.5 contempla al detective como recurso probatorio no impugnable por la contraparte. Dos resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos [E-00128/2004 y E-00778/2005], salvaguarda su secreto profesional. Eximen al detective del consentimiento del afectado en sus investigaciones.

Las LSP de 1992 y 2014 conceden al detective la exclusividad de investigar delitos privados (acoso, calumnia, injuria, rapto…), más hechos y conductas particulares. Quien suscribe publicó en 1986 un artículo donde reivindicaba para el detective la investigación de los delitos comunes, los perseguibles de oficio, sobre los que tienen exclusiva competencial Fuerzas y Cuerpos de seguridad del EstadoFCSE: ‘..la intervención del detective sería eficaz en aquellos delitos que suponen, además de daños físicos y alarma social, un grave perjuicio económico para las víctimas…’.

Ese reto sigue intacto en 2020. Aquel reclamo no pretendía una policía paralela, sólo acercar el ojo del detective al de las FCSE con aval judicial. Implementar una Ley del Detective o similar y ubicarle un terreno profesional exclusivo y excluyente va más allá del sentido común. El control administrativo de Justicia, en su caso, sería más objetivo y neutral que el celo policial. Lo plasma hasta la ficción fílmico-literaria: siempre persiguen al sabueso que ‘sabe demasiado’, con cliente legitimado y que usa medios proporcionales. La tecnología ayuda a ese debate.

Las balizas geo-localizadoras que usan algunos detectives para evitar seguimientos presenciales detuvo a algunos. En su mayoría fueron absueltos. ‘…Hará falta unificar doctrina [en el Supremo]…’, insiste Juan de Dios Ramos Vargas (Distrito 46), también abogado y profesor en VIU. La tecnología e irrupción digital precisa equilibrar esos derechos.

Sobre el debate de Interior y Justicia del detective, el asturiano Óscar Fergó (Invest) ansía conocer pros y contras sobre el estatus actual. David Blanco (Gran Vía), también profesor en URJC, aclara que la LSP evita y blinda al detective de monopolios de auditoras o multinacionales que lo eliminarían del mercado. Sin embargo, el detective malagueño y celebrado jazzman Jesús Vez Luque aclara que ‘evidentemente deberíamos depender de Justicia; las razones me las reservo’.

Paco Iglesias (Grupo Investis, Murcia), cuyo apellido comparte 16 licencias, admite que subordinar el detective a Justicia ‘…estaríamos más controlados y fiscalizados nuestros movimientos…deberíamos recibir formación procesal…y tener quizá una función auxiliar de la justicia en búsqueda de citados o denunciados, incluyendo la notificación fehaciente… Ya estamos haciendo temas parecidos para juzgados de otros países con validez procesal y aquí estamos en pañales…’. El veterano detective grancanario Manuel F. Torres Baena (Torres & Asociados) es categórico sobre el lugar ministerial del investigador privado: ‘En Justicia. Somos prueba por encima de la investigación. [Además] existe periodismo de investigación sujeto a la Ley sin más control’

Televisivo y escritor, probando el delito antes impune, encontramos al barcelonés Jorge Colomar (Investigator). El curtido detective opina al respecto: ‘Como es habitual la regulación está dispersa. Sería buena su unificación en un solo texto y que dependiera del Ministerio de Justicia. El problema estaría en las competencias actuales de Interior. Un gran avance fue la LECiv 1/2000. En su Art. 265.1.5 se nos trata como ‘peritos’. Presentamos un informe al juzgado y si la parte contraria no reconociera lo expuesto como ‘hechos ciertos’ se practicaría la prueba testifical’.    

No obstante, integrar al detective en el esquema de Justicia sin ser su plantilla añade al justiciable un cooperador alternativo al oficial que defiende derechos sin la dilación y colapso que alcanza a determinados grupos del CNP y de la Benémerita. Sus plantillas fueron recortadas en presupuestos, medios los últimos años. Justo cuando el delito bascula hacia el terrorismo global, lobos solitarios, cibercriminalidad, delincuencia organizada y redes mafiosas que tienen en España muchos nidos.

Los detectives son eficaces con recursos como el de Inteligencia de Fuentes abiertas (OSINT, acrónimo en inglés). Un congreso, Osint City, con dos concurridas ediciones a sus espaldas en Sevilla concentra a investigadores de toda España bajo el entusiasmo de Salvador Gamero (Detectivia) y Jorge Coronado (Quantika), perito informático. Los datos que hay en la red y cómo filtrarlos y adverarlos agilizan muchos interrogantes judiciales.

El imperio del Código Penal a efectos de reproche y prestar una fianza para activar una Licencia en Justicia sería una fórmula razonable en vez de seguros, libros-registro y avales que trasforman al detective en un peligro potencial. Las malas prácticas pueden ventilarse con sanciones administrativas de un órgano –neutral- que integren expertos, detectives y representantes de Justicia. Que un colegio profesional pueda sancionar la heterodoxia de algún colega suscita dudas al multar los mismos colegas, también competidores en el mismo mercado. Además, consolida un corporativismo que castiga más al disidente que al mal profesional.

Un estatus de perito para temas conductuales, dada la jurisprudencia existente, sería un plus para integrarlo en Justicia. Así, se uniría a forenses, intérpretes y peritos que auxilian a nuestros juzgadores e iluminan a la fiscalía para acusar o archivar. En el fondo, el debate sobre si el Detective se debe más al justiciable o cliente que a un objetivo policial de ‘seguridad ciudadana’ recuerda el conflicto que hubo a cuenta del ‘caso Juan Guerra. Este 2020 se cumplen 25 años de su juicio. La policía que rastreaba negocios del ‘hermanísimo’ la perseguía otra pro gobierno de González & Guerra. José Antonio Vidal, jefe policial en juzgados, lo sancionaron sus superiores. Y lo condecoraron Magistrados que juzgaron a Juan Guerra.

Este trabajo pregunta si el detective es un cazavirus, un subpolicía o un servidor de la Justicia. Quienes lo hayan leído hasta aquí tienen su soberana palabra. De momento, la historia del ‘caso Juan Guerra’ se repite en 2020 sobre el Coronel Pérez de los Cobos. La Benemérita investiga delitos caiga quien caiga, no masajea al político de turno. El detective documenta verdades para su cliente y la Justicia, no está sujeto al celo policial.                                                

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