Los detectives ratifican sus informes en calidad de testigos cualificados y/o peritos.

El Estado de alarma ha dejado en indefensión jurídica infinidad de procedimientos que requieren de la obtención de pruebas que solo los investigadores privados pueden aportar en procesos judiciales, por ser considerados testigos cualificados y a través de sus informes con las pruebas de los hechos.

Los colegios y asociaciones profesionales de detectives denuncian que conductas como el alzamientos de bienes, fugas de información confidencial, robos de material, bajas médicas falsas, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro, conductas irresponsables en el ámbito familia. Se están multiplicando al amparo de la situación extraordinaria creada por el COVID 19 y por el estado de alarma, esto ocasiona un impacto económico y social incalculable.

El  reinicio a la actividad de estos profesiones ante  ‘la nueva normalidad’ donde nada volverá ser lo mismo, invita a replantease la importancia de estos profesionales que de manera exclusiva y excluyente la Ley les otorga la labor de la obtención  pruebas válidas ante la Justicia sobre conductas y hechos en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar, sus informes objetivos marcan la diferencia en los procedimientos judiciales.

Los detectives a través de sus asociaciones y colegios han manifestado al Ejecutivo, sin respuesta aún,  su disposición de colaborar en el ámbito público en múltiples destinos donde la obtención de pruebas y la pericia de investigación sea necesaria.

Comenzamos un camino hacia una post realidad, una desescalada que deberemos realizar por fases, por entregas, un nuevo espacio indeterminado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido como la “nueva normalidad”. Es el momento de reestructurar las capacidades que ya tienen ciertos profesionales y que pueden dar servicio de utilidad social en esta nueva sociedad, con su rol de testigos cualificados que no dejen a ningún ciudadano en indefensión jurídica.  El acogimiento de estos profesionales a un turno de oficio de alarma,  podría ser parte de una solución para paliar la saturación que se dará en los juzgados, y ser de gran ayuda para jueces y fiscalía que basan sus decisiones en pruebas legítimas, como las que aportan los detectives a través de sus informes.

Pensar que podemos ser los mismos que éramos antes de la Covid-19, es no haber entendido nada durante el confinamiento. Si hablaren diciembre del 2019 de la necesidad de transformación digital de la sociedad y de cada uno de los sectores profesionales, parecía seguir siendo un valor intangible, cuatro meses después `la nueva normalidad’ determinará quiénes formarán parte del Nuevo Sistema de Producción.

Un enemigo invisible justifica de la manera más perversa la entrada en un nuevo orden mundial, en el sentido de entrar abruptamente en un período de la historia que nace de hechos dramáticos, y que provoca cambios radicales aprobados y acatados en nombre de causas justas como son la salud y la seguridad global.

Evidentemente podemos elucubrar con teorías de la conspiración y meditar en un mundo pensado y creado por sectores elitistas y plutocráticos, pero sea lo que sea a lo que nos enfrentamos en esta ‘nueva a-normalidad’ como ciudadanos tenemos que hacer frente a una inoportuna realidad a la que hay que encarar con mirada pragmática, valiente y proactiva.

Podemos aceptar con ingenuidad una pandemia que parece haber pillado por sorpresa a todos los países, y donde se repiten patrones y carencias para encarar la crisis sanitaria de manera global, pero esta aceptación no puede, ni debe eximir de responsabilidades futuras, por el contrario, ante la mutilación de derechos fundamentales, donde leyes y reglamentos tendrán que ser reseteados, hay que exigir mayor trasparencia y verdad por trágica que sea

Todas las profesiones deberían estar siendo replanteadas desde sus organizaciones sectoriales, es evidente que muchos necesitarán el apoyo del Estado para su adaptación, transformación o desaparición, ya que no podemos pedir que todo vuelva a ser como antes, porque ya no existe.

He podido hablar con algunos representantes de distinto signo político y me sorprende el desconocimiento o falta de información sobre acciones, para acorralar al maldito virus, que se estarían implementando a nivel individual con éxito en países de la Unión Europea, y que, en cambio, más allá de titulares atractivos, no son trasladados, transferidos ni siquiera tenidos en cuenta como una acción política común a la Unión Europea, en definitiva, para el bien común de los ciudadanos europeos.

Dentro del área de la investigación privada, en la que me he especializado, hace una semana los representantes de todos los colegios y asociaciones mantenían un encuentro digital al calor del Detcon, impulsado desde el Colegio de Detectives de Cataluña, un evento transformador, que adaptándose a la nueva realidad está permitiendo que detectives y estudiantes disfruten de ponencias online gratuitas de un nivel trasnacional impensable en un congreso presencial. Esa charla entre presidentes dejó patente varias inquietudes del colectivo de la investigación privada. Una de las inquietudes fue la situación de los detectives en el estado de alarma, asi en diversos comunicados dirigidos a las instituciones correspondientes y a la prensa, los profesionales de la investigación privada piden al gobierno una declaración explicita de profesionales esenciales, sorprendidos ante el silencio que “tras varias consultas oficiales, a los responsables de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior”, área dependiente del Ministerio del Interior, delegada del registro de profesionales y despachos e inspección de la actividad legítima que la Ley de Seguridad Privada, es decir departamento que garantiza que se cumpla la Ley, y que ante una inédita situación de alarma, no arriesga ni una coma ni un punto en interpretaciones no vinculantes. Una interpretación institucional no exenta de debate interno, en tanto y cuánto se podría estar equivocando el objetivo ante retos de mayor calado para la investigación privada, en un momento de indiscutible cambio y adaptación a una nueva normalidad de todos los trabajadores, por una cuestión muy subjetiva, como es la de puntualizar un término por escrito.

Ya que, si leemos detenidamente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

En su ANEXO, nos encontramos:   No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:

7. … y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

En el resto del Anexo se hace mención a las actividades y servicios que se estipulan como esenciales como: Cadenas de abastecimiento, y centros de producción de servicios de primera necesidad; Producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria etc. Mantenimiento en industria manufacturera; Transportes; Tráfico y seguridad y vial; Servicios asistenciales; Atención sanitaria de animales; Bancos, Seguros y pagos; Prensa e imprentas; Telecomunicaciones, informáticos y teletrabajos; Servicio a Víctimas de violencia de género; Abogados, procuradores, graduados sociales, traductores. etc.… relacionado con Justicia; Asesorías legales y gestorías administrativas y graduados sociales; Notarias; Centros de Acogida; Abastecimiento de Aguas y servicios.; Correos; Logística; Comercio electrónico y su distribución.

Por tanto, retomando la interpretación madura e inteligente y estudiando los datos objetivos que arrojan que ningún detective privado ha sido sancionado por realizar un trabajo legítimo durante el confinamiento, podríamos deducir que el trabajo de investigador privado ha sido amparado en los supuestos de servicio esencial  para el normal desarrollo del estado de alarma, en la prestación y encargos que se deben para el funcionamiento de los servicios esenciales, que sí son detallados de manera explícita. Y todo lo que no se ajuste a esa prestación a favor de servicios esenciales, es evidente y de responsabilidad que no se harán.

Podemos entender que no habrá una vuelta a un escenario pre Covid, por lo tanto un colectivo pequeño de apenas 1400 despachos, pero con capacidades extraordinarias para sumar ante una situación  como la que estamos viviendo, debería ser conocido y acondicionado, siempre entendiendo que la ignorancia institucional pueda optimizar recursos, y desde la humildad aprovechar y reconocer el papel social de un profesional preparado,  de unas instrumentaciones formales y precisas en materia de prevención de riesgo (para los detectives), de un encaje preciso y exacto de servicio eficaz en el sistema local, autonómico y estatal.  En este nuevo marco social, económico y político al que estamos abocados se hace necesaria la adecuación de forma precisa y clara de la labor del detective privado como complementaria y de coordinación con las FFCCSE, sin perjuicios, con una puesta en marcha efectiva de la Ley 5 /2014 de Seguridad privada y en especial el artículo 12, sobre Competencias de la Administración General del Estado.

1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las siguientes facultades:

k) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si en esta crisis estamos aprendiendo la necesidad que es tener una Sanidad Pública reconocida y una Privada colaborativa, que proteja a nuestros sanitarios más allá de los aplausos de las 20.00h, los demás, eso que nos hemos sentido más prescindibles salvando el mundo desde el sofá, nos enfrentamos a una nueva normalidad donde todo será diferente, donde es necesario e imprescindible recuperar los puestos de trabajo y la economía, adaptándose a nuevas reglas. Y la Investigación Privada no puede ser diferente, no puede estar al margen de esta nueva realidad, la colaboración y coordinación entre seguridad privada y seguridad pública se va a configurar como esencial en los tiempos que vienen, es urgente la comunicación de los servicios en el nuevo escenario de no normalidad, de utilidad privada y pública.

Y recordar que ante la amenaza de perfiles no amparados bajo ninguna Ley para la investigación física o ciber, es imprescindible un cambio en la formación del detective; una formación que integre en su grado universitario asignaturas de campo propias con conocimientos de hacking ético, ciberseguridad, inteligencia y gestión empresarial, conocimientos que en esta situación se han mostrados como esenciales para evitar delitos o conductas ilícitas.

Apúntate a nuestra newsletter

Artículo anteriorSantander tendrá que convocar una nueva Junta de Accionistas
Artículo siguienteLa Cumbre Social critica la “irresponsable” gestión de la crisis del Covid-19 de Ayuso
Licenciada en Ciencias de la Información en Periodismo. Es experta Universitaria en investigación privada. Experta en políticas de seguridad Uned Detective Privada. Licenciada en Arte Dramático. R.E.S.A.D de Madrid. Especializada en comunicación estratégica, fue pionera en la creación de contenidos digitales . En el 2005 dirigía “Son Ellas” para el canal TV del Instituto de la Mujer. Le seguirían infinidad de programas en canales generalistas. Candidata a Top100 en 2019 como revelación y emprendedora.En la actualidad promueve como periodista Womenmediachannel una plataforma que da voz, a la mujer en todos los ámbitos profesionales y personales desde un planteamiento womenplusmen. Preside la Asociación Ilusionmedia desde donde realiza contenidos de servicio y utilidad social. Es autora del libro “El Circo Rosa” (2004) un relato que describe la redacción de un programa de televisión y como el paso de la línea roja hiere la lealtad a la ética profesional. Combativa contra las fakes y la desinformación, ha sido reconocida con el Premio Sherlock Holmes Media 2019 del CODPCAT y APDPE'18 por su labor para visibilizar la profesión de detective privado desde su papel como periodista. Así destapó que Villarejo nunca había sido detective. En 2017 funda la plataforma de comunicación y conocimiento en torno a la investigación privada, el Detcamp, su objetivo el detective 4.0.

1 Comentario

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre