Javier Imbroda, este martes, durante el anuncio del plan de la Junta para regreso a las aulas en septiembre.

Las a priori espectaculares cifras de contratación y medidas de seguridad sanitarias frente a la Covid-19 presentadas esta semana por el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, para la vuelta a las aulas en septiembre ha tenido una rápida y fulminante respuesta de sindicatos, asociaciones de profesores, Ampas y otras organizaciones educativas que se resume en una sola palabra: “humo”.

El sindicato CGT critica que el departamento que dirige Imbroda “maneja mejor la imagen y el marketing que la planificación educativa”. Si el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, vendía este martes el Plan de Acción de Educación 20/21 como “el mayor plan de refuerzo educativo de la historia de la Junta de Andalucía” con la inversión de 600 millones de euros y la contratación de 6.000 profesionales, las organizaciones educativas en general aseguran que estas medidas son “un totum revolutum en el que se meten en el mismo saco cantidades económicas y actividades “ya presupuestadas”, así como un aumento de unidades y profesorado de FP de proyectos aprobados antes de la pandemia, “y todo ello enmascarando la parte que van asignar a los centros privados concertados”, señalan en CGT.

La Consejería de Educación ha eliminado el pasado curso un total de 411 unidades públicas por sólo 18 en los centros privados concertados

Desde CCOO, el secretario general de la Federación de Enseñanza en Andalucía, Diego Molina, señala que “la Consejería de Educación y Deporte pretende iniciar el nuevo curso escolar con absoluta irresponsabilidad y al más puro estilo low cost, obviando que estamos en una pandemia que empieza a dar sus primeros rebrotes, también en Andalucía”.

El sindicato de enseñanza Ustea califica las medidas anunciadas por Imbroda de “insuficientes, irresponsables, poco concretas y no negociadas con la comunidad educativa” y lamenta la “nula voluntad de diálogo y negociación” del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla con la comunidad educativa andaluza, que ha conocido los planes del ejecutivo autonómico a través de los medios de comunicación pese a abordar “aspectos tan sensibles y de tanto calado” como son los relativos al plan de actuación frente a la Covid-19 para el curso académico 2020/21.

El presidente de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Enrique Jabares, ha exigido a la Consejería de Educación “unas instrucciones claras y concisas para el curso 20/21 debido a la incertidumbre que tenemos aún”. Imbroda aseguró que la vuelta a las aulas en septiembre va a ser de “presencialidad segura”, basada principalmente en un decálogo genérico de la Consejería de Salud sobre buenas prácticas higiénico sanitarias para evitar contagios, pero no concretó de qué manera aplicarlo en unas aulas que en muchos casos supera habitualmente la ratio establecida ya de 25 alumnos por línea educativa. Estas dudas crecen en el sector educativo después de conocerse que la Consejería de Educación ha eliminado el pasado curso un total de 411 unidades públicas por sólo 18 en los centros concertados, según una respuesta parlamentaria de Educación a la diputada socialista Beatriz Rubiño.

Una de los anuncios que más han criticado centrales sindicales y asociaciones educativas es el relativo a la contratación de 6.000 docentes y la compra de 150.000 dispositivos electrónicos para evitar la desconexión de los alumnos en el seguimiento online de las clases. Andalucía tiene unos 4.000 centros de titularidad pública y otros 600 privados concertados. Desde CGT se asegura que si se reparte “equitativamente” este aumento, el resultado final sería de “escasamente un docente más por centro”, que deberá realizar las siguientes tareas anunciadas por el departamento que dirige Imbroda: desdobles de grupos, mejor atención al alumnado, asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias por la Covid-19, coordinar el equipo Covid de cada centro y desarrollar una estrategia integral de refuerzo con planes individualizados y Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo desde septiembre tres días por semana. “Por favor, seamos serios con los objetivos y los medios que se ponen, no nos cuenten milongas, vuelvan a decirlo sin tapujos: ‘Autonomía de los centros educativos’ y sálvese quien pueda”, señalan en CGT.

A este respecto, el responsable de Enseñanza en CCOO Andalucía añade que el reforzamiento de plantilla anunciado a bombo y platillo por el Gobierno andaluz es “nimio”, ya que en el cómputo global actual del profesorado en Andalucía, la contratación de 6.000 docentes para el próximo curso sólo supone un incremento del 4% de su plantilla, “cuando la necesidad de profesorado para prevenir la propagación de este virus debe superar el 30%, una inversión que aún con esta cifra seguiría siendo inferior a los recortes padecidos en la educación andaluza en los últimos años”, señala Diego Molina.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, calificó el proyecto de Educación como “el mayor plan de refuerzo educativo de la historia de la Junta de Andalucía”.

Otoño de movilizaciones

Respecto a los 600 millones que invertirá el ejecutivo de Moreno Bonilla en este plan escolar de “presencialidad segura”, los sindicatos lo tienen claro: “Se mezclan cantidades comprometidas y que estaba previsto invertir antes del Covid-19, no garantizan en modo alguno entornos seguros”, señala CGT.

El sector de la enseñanza en Andalucía prevé un otoño “caliente” con el regreso de la prevista “presencialidad segura” de los escolares a las aulas. Ustea llama a la movilización de profesores, Ampas y alumnos para hacer frente a un “contexto de recortes de unidades públicas, masificación ilegal de las aulas y ante las medidas anunciadas para la vuelta presencial a las aulas”.

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