Los desahucios no son cosa del pasado ni de la crisis económica que estalló en 2008, llevándose por delante el futuro de millones de personas. Las medidas del Gobierno no han conseguido resolver un problema que sigue estando ahí y que sitúa a España como un país tercermundista donde no se respetan ni se garantizan unos mínimos derechos sociales para la gran mayoría de la población. Según la PAH (Plataforma Antidesahucios) las cifras son “aterradoras”, ya que solo en el primer trimestre de 2019 se registraron 15.559 lanzamientos hipotecarios que dejaron a miles de familias sin sus casas. El 65,9% de estos procedimientos (10.224) provienen de la creciente burbuja especulativa con los precios del alquiler; el 27,9% (4.341) de ejecuciones hipotecarias; y los 994 restantes obedecieron a otras causas.

“Aunque en un principio estaríamos hablando de un descenso del 2,2% respecto al primer trimestre de 2018, cabe destacar que, en comparación con el mismo periodo, los desahucios por alquiler han aumentado un 5,2%. El descenso viene provocado por la caída de las ejecuciones hipotecarias por decimoquinto trimestre consecutivo. Comparando las cifras con las del primer trimestre del año pasado, se ha producido un descenso del 19,2%”, asegura la PAH.

La Plataforma recuerda que “no son cifras alentadoras, todo lo contrario, ya que se producen gracias a la moratoria y a la espera de la sentencia sobre el vencimiento anticipado, que tienen archivados y paralizados los desahucios por hipoteca. Una moratoria que termina en mayo del 2020, que afecta a más de 100.000 familias y que como no se amplíe y se empiecen a poner soluciones en un año estas cifras pasarán a ser terroríficas”.

Las medidas pasan necesariamente por la aplicación del Dictamen DESC sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la modificación de la Ley de Vencimiento Anticipado y de Responsabilidad Limitada, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que contemple la regulación de los precios del alquiler, eliminar los beneficios fiscales a las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y fondos buitre y frenar la venta a estos especuladores de la vivienda en manos de la banca movilizándola para ampliar el parque público de vivienda.

Si desglosamos los datos por comunidades autónomas, Cataluña (con 3.557, un 22,9% del total nacional) sigue liderando el ranking de la vergüenza, seguida de Andalucía (2.499), Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730). Si se tienen en cuenta únicamente los derivados del impago del alquiler, Cataluña ocupa también la primera posición (2.335, el 22,8%), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).

En los derivados de ejecuciones hipotecarias Murcia –la única en la que siguen produciéndose más desahucios por hipoteca que por alquiler–, fue la quinta comunidad con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en esos tres meses (291), tras Cataluña (1.092, el 21,4% del total nacional), Andalucía (1.065), la Comunidad Valenciana (706) y Madrid (415).

“Desde la PAH, llevamos diez años denunciando las políticas al servicio de la especulación y la falta de voluntad política de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo para revertir la situación, legislar al servicio de las familias, en lugar de dejarlas en la calle. Nuestras propuestas son claras, de justicia y de sentido común y no vamos a desfallecer hasta lograr una legislación que garantice el derecho a la vivienda para todas y que este deje de ser tratado como una mercancía al servicio de una pocas”. La asociación exige un plan que ponga fin a los abusos y resuelva el problema de la incertidumbre y el miedo a perder la vivienda que atenaza a buena parte de la población española. “Ahora estamos en un nuevo momento de cambio de Gobierno al que exigimos la altura política para cambiar las reglas del juego y no quedarse en medidas insuficientes de puro maquillaje como nos tiene acostumbradas. Ha pasado el tiempo de medias tintas, o se apuesta por la ciudadanía con un plan de choque frente a la emergencia habitacional o se está con el mercado especulativo”, aseguran fuentes de la asociación.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen la obligación moral y política de ponerse de acuerdo, pero además deben sentarse a negociar un plan integral que ponga fin a esta sangrante situación que se prolonga ya durante demasiado tiempo. Podemos ha planteado una serie de medidas al PSOE que parecen razonables y de justicia social, como frenar la burbuja de los precios de alquiler, vigilar la actuación de los fondos buitre y garantizar el derecho a una vivienda digna a miles de familias que no disponen de los recursos mínimos necesarios para costearse una casa. Es decir, más vivienda de protección social a precios asequibles, más ayudas y bonificaciones oficiales y más sensibilidad ante uno de los mayores problemas de la sociedad española. La última palabra la tiene Sánchez. A él le toca demostrar con hechos que el PSOE sigue siendo un partido de izquierdas. Y ya no vale la excusa del miedo a las represalias del Íbex 35.

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