Una mujer, madre de tres hijos y convaleciente de un parto por cesárea fue desahuciada de su vivienda en la Villa de Vallecas el pasado miércoles por deber cuatro meses de alquiler. La mujer, que había dado a luz hacía aproximadamente un mes, recibió la visita de la comisión judicial quince días antes y le aplazaron el lanzamiento porque sus condiciones eran muy complicadas a causa de la cesárea.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que cualquier desahucio en el que estén implicados menores tiene que contar obligatoriamente con un informe de valoración de los servicios sociales y, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esto no ha sido así y se ha ejecutado el lanzamiento.
La madre y sus hijos están viviendo en la actualidad en el domicilio de una amiga en espera de que el Ayuntamiento de Madrid realice algún tipo de gestión para ofrecer a esta mujer una alternativa habitacional, hecho que en el momento del lanzamiento no había ocurrido. Sorprende esta actitud del consistorio de Manuela Carmena porque dicen representar el cambio. No obstante, los desahucios se siguen ejecutando en Madrid, las comisiones judiciales continúan yendo a echar a los y las ciudadanas de sus hogares con la escolta de la policía municipal y los servicios sociales no dan alternativas habitacionales a los que más lo necesitan.
Las dictaduras del capital están provocando este tipo de tragedias que son una nueva tipología de violencia de género. Ya hablamos del tema respecto al suicidio de otra mujer cuando iba a ser desahuciada. Según Amnistía Internacional, las mujeres son las más expuestas a sufrir un desahucio por impago de alquiler por la propia idiosincrasia de nuestro mercado de trabajo: la tasa de desempleo femenino está en un 20% y un 72% sólo puede acceder a empleos a tiempo parcial. A lo anterior hay que sumar el hecho de que más del 80% de las familias monoparentales están formadas por la madre y los hijos. Estos datos reflejan la extrema vulnerabilidad de la mujer y la desprotección ante la violencia de las dictaduras del capital. Por eso, los desahucios deben ser calificados ya como un modo más de violencia de género.
La reforma de las leyes para que el tiempo mínimo de impago sea de 12 meses deben pasar por un procedimiento de urgencia en el Congreso porque el poder legislativo no puede permitir que se continúen ejecutando injusticias y atentados contra las mujeres como la de una mujer que, sin ningún tipo de piedad, ha sido expulsada de su domicilio, del último refugio que le queda a una persona, por no pagar cuatro meses de alquiler que no supondrían más de 4.000 euros. El Congreso de los Diputados, salvo aquellos partidos que son cómplices de las dictaduras del capital, no puede mantenerse ajeno a estas desgracias humanas ni permitirlas más por una cuestión de procedimientos en la tramitación de leyes. ¡Basta ya de burocracia y legislen en beneficio del pueblo!
