El Banco de España está empeñado en defender la reforma de las pensiones de 2013, pese a reconocer explícitamente que supone “un descenso progresivo del valor de la pensión media en relación con el del salario medio”, así como que sus propias previsiones “están sujetas a un grado de incertidumbre no despreciable”. Aquella reforma de pensiones sufre una falta de consenso político y social de tal calibre que todos los partidos políticos han reconocido en el Pacto de Toledo que la misma es insostenible política y socialmente.

La principal línea de alarma que expresa la autoridad bancaria en relación a la subida de de las pensiones obvia que la revalorización es un elemento nuclear de la contributividad del sistema (relación entre el esfuerzo realizado por el trabajador para financiar el sistema y lo que recibe en forma de prestación), y así lo reconoce incluso el artículo 50 de la Constitución cuando llama a los poderes públicos a garantizar su actualización periódica. De modo que garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones debe reconocerse como un objetivo principal del propio sistema público de pensiones, junto con el de garantizar unas pensiones adecuadas y suficientes.

Precisamente para garantizar que el sistema de pensiones cumple con los objetivos de adecuación y suficiencia, CC.OO viene reclamando la derogación de la reforma de pensiones de 2013 que impulsó Mariano Rajoy y que pone en riesgo el modelo al imponer un “índice de revalorización de pensiones” que condena a los jubilados a no poder pasar de una subida superior al 0,25 por ciento. Además, mediante el conocido como “factor de sostenibilidad” se obliga a los trabajadores a seguir en activo hasta los 67 años.

CC.OO reclama por ello la reversión completa de la reforma de pensiones de 2013 y exige la adopción de medidas de ingresos que hagan sostenible el mantenimiento de unas pensiones adecuadas y suficientes, tanto para los actuales pensionistas como para quienes lo serán en las próximas décadas.

En ese sentido, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO, Carlos Bravo, ha advertido de que “la negociación en la Mesa de Diálogo Social sobre pensiones no debe cerrarse trozo a trozo y requiere un primer acuerdo amplio, sin perjuicio de continuar desarrollándolo posteriormente”.

Bravo ha reclamado un Real Decreto Ley antes de final de año “que derogue la reforma de pensiones aprobada por el PP en 2013 y recupere la fórmula de revalorización con el IPC, para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones”. El sindicato insiste en que “el diálogo debe avanzar para reforzar la estructura de ingresos, revalorizar las pensiones y dar tranquilidad a la sociedad”. Sobre esas bases, señala el responsable sindical, “debería ser posible un acuerdo con Gobierno y organizaciones empresariales”.

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