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Derechos y deberes

Julián Arroyo Pomeda
Catedrático de Filosofía Instituto
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En una entrevista hecha por La Razón de modo telefónico, que apenas ocupa una docena de líneas, Savater reivindica su derecho a salir a la calle y mostrar su rechazo al PSOE de Pedro Sánchez. Parece sentirse molesto y contestar a las preguntas de forma cortante y severa, como si quisiera terminar pronto, lo que resulta sorprendente en él, que siempre ha sido tan retórico en sus contestaciones. Dice que la sociedad civil rechaza los indultos, por eso nos manifestamos en contra. Ante la pregunta de si volverán a hacerlo los condenados, su contestación es lacónica: eso dicen ellos.

Desgraciadamente, la entrevista no tiene ningún interés periodístico ni por parte del entrevistado ni de quien la ha hecho. Lo que sí permite es aclarar algunos puntos, que no deben pasar por alto. Aquí se manifiestan los ciudadanos y no los políticos. Y los ciudadanos forman la sociedad civil, que es la convocante. Parece un gran exceso lingüístico y de pensamiento atribuir a la plataforma Unión 68, creada por Savater, María San Gil y Rosa Díez la representación de la sociedad, a la que se han unido Hazte oír, Asociación de Militares Españoles y la Fundación Nacional Francisco Franco.

Se denomina “Unión”, porque vincula a los españoles de la dictadura y a los posteriores. Caben todos con independencia de su credo ideológico. “78” es la fecha de la Constitución. Como se ve aquí cabe todo y entran todos, por eso se han unido a la manifestación de fuerzas políticas de las derechas, que no se manifestarán como militantes de dichos partidos, sino en cuanto ciudadanos. A mí me resulta imposible tener controlada esta diferenciación: renuncio a mi partido para actuar como ciudadano. Esto no me parece mposible.

Además, me resulta difícil ver en todos los componentes la mínima perspectiva de pluralidad, que unifica en las estructuras de poder y dominación presentes en todos ellos. Es significativo que no deseen fotografiarse juntos, aunque tengan coincidencias básicas, que no se quieren admitir para evitar las adscripciones identificatorias.

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Otra acción importante es la de los derechos y deberes. En forma elemental, derechos son posibilidades con libertades individuales o sociales. Deberes son las reglas y normas que regulan la convivencia en la sociedad. Derechos y deberes son correlativos. Ejercer un derecho requiere pensar si contribuye a la convivencia social. Actualmente, el derecho a comportase libremente para divertirse, relajarse o hacer botellón incluye pensar en las consecuencias sociales para los demás, porque no solo me puedo contagiar yo, sino hacerlo también paralelamente con los otros que me rodean, sean familiares o amigos. Por eso mi deber podría impedir mi derecho en un momento determinado. La libertad también encierra servidumbres (Savater, Política para Amador, 1992, página 17), ya que vivimos en sociedad.

Decidimos los que tienen que mandar y les dotamos de legitimidad, mediante elecciones democráticas, por eso participar y cooperar en dicho mandato es razonable, en lugar de hacer la guerra a la política. Ya escribió Savater en 1992 que “vivir en una sociedad libre y democrática es algo muy, pero muy complicado” (página 197). Nada está escrito, pero actualmente la razón parece que se nos escapa cada vez más, incluso a los mejores, porque “el mundo está desquiciado”. Susderechos son mi responsabilidad, según Pérez Tapias.

Por último está la separación de poderes.El poder judicial no es el poder legislativo, claro está. Cada uno de ellos tiene sus funciones. Esto no quiere decir que ninguno tenga que someterse al otro, sino que cada cual tiene que actuar en su ámbito propio. Así está establecido. El Gobierno tiene que decidir libremente, asumiendo las responsabilidades que le puedan sobrevenir, aunque sin arrugarse ante ellas. La acción de gobernar tiene muchos riesgos, tantos, o más, que cualquiera otra actividad, pero con esto ya se cuenta. Él tiene la última palabra y parece que aplicará como motivo el de la utilidad pública. De este modo se ofrece el contrapeso entre el poder judicial y el legislativo, sin que tenga que presentarse ningún conflicto entre cada una de las instituciones.

No puede decirse que algunos no estén intentando presentar conflictividad entre el poder judicial y el del Gobierno, porque el primero ha rechazado el indulto, ofreciendo sus motivos, ocultando que el poder legislativo no está obligado a seguirlo. El informe es obligado, pero el Gobierno puede actuar incluso en contra, si así lo considera.

Igualmente, el rey tiene que refrendar el dictamen que el Gobierno le presente. Este es su deber, sin que ello implique tener que estar de acuerdo. Puede que en este caso no coincida la obligación con la devoción, pero esto no puede ser obstáculo para cumplir con su responsabilidad constitucional. ¿O es que alguien está buscando que el propio rey de un golpe de Estado? No habría una irregularidad mayor. Y a veces las palabras buscan, muy sibilinamente, producir ciertos efectos demasiado desestabilizadores, que merecerían un fuerte toque de atención, cuando menos, ante tales amenazas.

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