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Nunca he creído que ser sujeto de un derecho deba conllevar contrapartida alguna en cuestión de obligaciones. Se suele decir pero se desliza una idea peligrosa, ¿no merece un juicio justo quien no es justo? Subyace aquí un razonamiento político muy endeble y pseudoingenuamente ultraconservador, porque ser conservador no es más que pensar que una sociedad refleja el buen orden natural (en el fondo cualquier modelo impuesto es conservador); tanto creer que la distribución actual de la riqueza es justa como pensar que se puede planificar esta distribución con absoluta justicia son errores de perspectiva, uno por dejación ética y el otro por exceso de confianza en una razón humana estándar que no existe en sitio alguno.
Debemos generar ciudadanía consciente de los derechos, no consumidores (clientes) de derechos. Cuando la Educación no funciona no es posible este Estado de Derecho que nombramos, no hay democracia sin cultura, mejor: sin una población culta. Un efecto de la crisis (que está estructurando las diferencias sociales haciéndolas insalvables, que consolida una nueva segregación social) ha sido generar un sector de la ciudadanía, cada vez mayor porque interesa, que no tiene empacho en denunciar, golpear y montar el escándalo que estimare para exigir el cumplimiento de lo que ve como una obligación del Estado a su respecto… No se debe confundir tener un derecho con que éste sea parte de nuestra naturaleza: no es obligación de nadie, es el esfuerzo de todos.
El problema de las agresiones a los profesionales sanitarios, a los docentes, la existencia de barriadas-guetos donde parece que las fuerzas policiales tienen relativa capacidad de actuación, la concentración de focos de delincuencia, el abuso de los servicios de urgencia en los hospitales, la palpable contradicción entre las necesidades de ayuda y el consumo en muchas familias en riesgo de exclusión, la reconstrucción permanente de algunas barriadas que parecen ser pozos sin fondo de eterna reparación… al tiempo que otra parte de la sociedad ve cada vez más necesario para poder mantener su estilo de vida privatizar su Enseñanza, su Sanidad, sus pensiones, incluso blindar sus propios barrios con la exclusividad económica de sus comercios… todo esto se parece al fin de fiesta de la familia rica que educa en la molicie a su descendencia, haciéndole pensar ora que esa riqueza es automática y no requiere esfuerzo, ora que es connatural y por tanto se debe mantener incólume al precio que sea (incluso vivir en la mentira): el Estado del Bienestar ni es autómatico, por lo visto cuesta dinero, ni tiene por qué estar siempre ahí, disfrazado de déficit.
Yo creo en el papel regulador del Estado, creo que la ciudadanía tiene unos derechos inalienables que no se deben vincular con obligación alguna, hasta el extremo de ver necesaria una renta mínima que permita una vida digna a cualquiera… pero también, por separado, en paralelo creo en las obligaciones ciudadanas, esto es: que los derechos no pueden depender del cumplimiento de las obligaciones, un hogar debe disfrutar de lo que la Ley considere necesario para una vida digna y no va a perder esa prerrogativa, pero si el ambiente de la familia no es adecuado, si la delincuencia se ceba con un núcleo educativo, si la respuesta en la escuela no es satisfactoria, si sanitariamente hay una insistencia en determinados hábitos objetivamente evaluables… el Estado regulador debe intervenir sin que suponga eso pérdida de derechos, piense que se va a la cárcel por el Derecho no porque se le deje de aplicar a alguien; si una unidad familiar disfruta de ayudas y eso no se corresponde con la oferta de posibilidades para su descendencia, se debe intervenir. Suena duro, pero no habrá Justicia sin unos servicios sociales que actúen directamente en los orígenes de la diferencia, no basta con dar dinero; la infancia es la clave…
La alternativa es un “dejar pasar” aparentemente respetuoso con la libertad de la persona, que puede hacer dentro de la Ley lo que le dé la gana con su vida, correcto: ¿pero qué ocurre si una niña no va al colegio? ¿Qué ocurre si apenas tiene para comer y está en los programas de alimentación de las escuelas y al mismo tiempo tiene problemas de disciplina o de estudios por el uso del móvil o las consolas de juegos o el consumo desaforado de basura alimenticia? ¿Qué ocurre con ese casi tercio de la población andaluza, por ejemplo, que abandona la Educación Obligatoria antes de acabar y, semianalfabeta, destruye inconscientemente el clima educativo adecuado en los centros?
La protección del Estado no va a depender de ello, pero usted no puede estar sin formarse en serio en el sistema reglado (y no me refiero a la trampa de la formación laboral, aquí hay un filón de labor gubernamental interesante) o sin encontrar un empleo (digno, todo esto requiere un movimiento social, político, enorme), ahí radican las obligaciones de ese Estado… en garantizar los medios para una sociedad justa, en exigir responsabilidades sobre todo pensando en la chiquillería, siempre víctima o beneficiada del ambiente; necesitamos una sociedad igualitaria que funcione y no delegue en una falsa idea de la libertad, la fantasía ésa en la que el hijo de un adicto de “polígano” tiene las mismas oportunidades que la hija trilingüe de una arquitecta burgalesa.
Los derechos no son un bien de consumo por el que usted paga y, por tanto, por el que usted exige, como quien pide el repollo gordito en un mostrador. A nuestros políticos les encanta dar ayudas, porque entienden que así se alquilan voluntades, clientelismo; como pasa con casi todo, no hace falta tanto esa sangría brutal de los fondos públicos como una supervisión y un compromiso para que las ayudas funcionen de verdad; no replanteamos la naturaleza de las ayudas, sino la forma en que se dan, en el ejercicio del Estado actual hay más caridad interesada que Justicia.
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