Mañana, día 7 de noviembre, una representación de diferentes asociaciones de denunciantes de corrupción se concentrarán ante la Sede del Parlamento Europeo de España en Madrid, y trasladarán petición a los Europarlamentarios Españoles para que insten a las Instituciones del Estado a que, en primer lugar, se paralicen de inmediato los procedimientos administrativos y judiciales existentes actualmente contra ellos, cuya obligación es impuesta por la reciente Directiva del Parlamento Europeo aprobada el pasado mes de octubre relativa a la protección de denunciantes ya alertadores que informen de infracciones. De esta forma se terminará de una vez y de forma inmediata el acoso y tortura que vienen sufriendo estas personas que son perseguidas por denunciar la corrupción de las instituciones que, precisamente, ahora les persiguen.
En segundo término, esta representación de los denunciantes de corrupción exigirán la inmediata puesta en marcha de la Agencia Anti-Corrupción ya que esta directiva recoge derechos claros y precisos para los ciudadanos que sufren la persecución de quienes denuncian. Por tanto deben ser respetados y entenderse que, de no hacerlo, el propio Estado español puede ser denunciado por ello ante tribunales Europeos (Sentencias Ratti y Van Duyn del Tribunal de Justicia Europeo).
Finalmente, exigirán a los europarlamentarios que es de extrema necesidad la paralización la grave violación de los derechos fundamentales que se está realizando contra estas personas. Para ello se amparan, no sólo en la Directiva europea, sino también por el propio ordenamiento jurídico actual.
Diario16 ha tenido acceso a un manifiesto suscrito por, entre otros, Ana Garrido (denunciante Caso Gürtel), Arantxa Mejías (denunciante de los fondos buitre en Madrid), Consuelo García del Cid Guerra (denunciante del robo de niños por los servicios sociales), Juanjo Romero (denunciante corrupción en Aena), Lola Mesa (denunciante fraude en la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz), Luis Gonzalo Segura (denunciante corrupción del Ejército), Roberto Macías (denunciante fraude UGT Andalucía), Sonia Peral (denunciante corrupción sistema educativo Málaga) y María Serrano (denunciante corrupción en la Guardia Civil).
En dicho manifiesto los denunciantes son tajantes: «En estos tiempos que tanto se habla de democracia, pedimos a nuestros parlamentarios su intervención para lograr que todos los estamentos de Gobierno en España se comporten como democráticamente responsables ante la gravedad de la situación que venimos denunciando, tanto en anteriores concentraciones, escritos, manifiestos y procedimientos jurídicos y administrativos. Para avanzar como país, es más que necesaria la protección de quien denuncia sus irregularidades sin distinción de edad, procedencia o administración u organismo denunciado. ¡Somos víctimas de nuestras propias denuncias, y ahora ha llegado el momento de acabar con ello!».
Es mucho pedir a una borbónia que protege criminales torturadores. Seguramente el sr. wili el «niño» todavía se estará riendo.
Si eres un denunciante de corrupción corres peligro en tu propio país eso es indignable no digo más que van a por mi tengo testigos y pruebas.