Denunciantes de corrupción ante la sede del Europarlamento en Madrid. Foto: José A. Gómez

España no es un lugar en el que se valore la importancia de la denuncia en los diferentes tipos de corrupción que existen. En este país, en vez de protegerla, se persigue a las personas que cumplen con su deber cívico y ético de denunciar ante la Justicia los casos de corrupción que se dan en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas.

Por esta razón, estos alertadores o denunciantes, se ven sometidos a la persecución y se convierten en los enemigos del sistema. Da igual que sea en el ámbito militar, político, administrativo, sindical, judicial, empresarial o bancario, por citar algunos, la realidad es que al denunciante de corrupción se le somete a una represión encubierta que tiene como fin último la muerte social del individuo.

En el día de ayer, varias decenas de ellos se concentraron ante las puertas de la sede del Parlamento y de la Comisión Europea para reclamar la paralización inmediata de los procedimientos judiciales y administrativos abiertos contra ellos, algo que es obligatorio en base a la Directiva aprobada el pasado mes de octubre por el Europarlamento. Este hecho provocaría el fin inmediato del acoso y la tortura que vienen sufriendo estas personas que son perseguidas por denunciar la corrupción de las instituciones que, precisamente, ahora les persiguen.

En relación a lo anterior, los denunciantes de corrupción españoles han reclamado ante la sede del Europarlamento que se frene desde Europa la vulneración de derechos fundamentales a la que están sometidos, algo que está recogido tanto en la Directiva de defensa de los denunciantes y alertadores de corrupción como en el propio sistema legal vigente en España y en la UE.

Otra de las exigencias transmitidas al Europarlamento es la creación de manera inmediata de una Agencia Anticorrupción, puesto que la Directiva reconoce claramente los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que sufren la persecución por denunciar o alertar sobre casos de corrupción por parte de, precisamente, las instituciones denunciadas.

Entre los asistentes a la concentración se encontraban la sargento de la Guardia Civil, María Serrano, la denunciante del Caso Gürtel, Ana Garrido o el alertador del fraude de los cursos de formación en la UGT de Andalucía, Roberto Macías.

La tortura a los denunciantes de corrupción en España

Denunciar la corrupción en España es un acto casi suicida, sobre todo si el denunciante se encuentra dentro de la Administración. Son muchos los ejemplos, como el de la Sargento Primero de la Guardia Civil, María Serrano, que lleva años acosada por su propio cuerpo por denunciar los actos corruptos de un subordinado. Nombres hay muchos: Ana Garrido, Azahara Peralta, Roberto Macías, Fernando Clemente o Maite Morao, por citar algunos. Sin embargo, todos tienen algo en común: su vida se ha convertido en un infierno por haber dado ese paso adelante, por denunciar la corrupción.

España es el país más corrupto de Europa y la reacción del Estado ante quienes pretenden con su denuncia terminar con esta lacra son tratados como criminales por los verdaderos delincuentes.

El problema de España con la corrupción es que está institucionalizada, es sistémica, y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No sólo no se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.

Prácticamente todos los denunciantes de corrupción en España han recibido el acoso de las instituciones a las que denunciaron y de los miembros del aparato corrupto del Estado. Se encuentran con la situación paradigmática de hallarse en un mundo que se ha dado la vuelta, en el que la persecución va dirigida hacia quienes defienden la legalidad, un acoso que, en muchos casos, viene directamente desde el tercer poder que está encargado de, precisamente, de impartir justicia.

Esta paradoja lleva a los denunciantes de corrupción a encontrarse en un escenario de desequilibrio que, en la gran mayoría de los casos consultados por Diario16, les lleva a tener que ser tratados psicológicamente.

El patrón del acoso suele ser el mismo. En primer lugar, reciben advertencias verbales. El siguiente paso es el aislamiento dentro de su trabajo para, finalmente, buscar la apariencia de legalidad en un expediente que pretende la expulsión de la administración. Evidentemente, todo ello va acompañado de otros delitos como el acoso laboral, las amenazas no sólo contra el denunciante sino contra su entorno, su familia, sus hijos. Este patrón del acoso, de las amenazas, se asemeja a los protocolos de los clanes mafiosos y no tienen ningún inconveniente en aplicarlo en su versión más maximalista.

Tanta es la presión que ejercen contra ellos y contra su entorno más cercano que los ataques de ansiedad o las depresiones son otras de las consecuencias por las que tienen que pasar. La sargento Serrano, por ejemplo, pasó mucho tiempo de baja médica por esta razón, pero, de un modo u otro, casi todos se han visto en el trance de llevar un tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Rodrigo Rato dijo en el Congreso «es el mercado, amigo», una frase que se puede trasladar a «Esto es España, amigo» cuando se trate de un denunciante de corrupción.

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