Denuncian que las tutelas de menores no son un servicio público, sino un execrable negocio privado

Caminan despacio por la Gran Vía madrileña. Forman tres columnas. Una batucada anima el itinerario. Visten como auténticos herejes, sambenito incluido. Esta era una prenda empleada originalmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento por sus pecados, y después por la Inquisición española para señalar a los condenados por el tribunal, por lo que se convirtió en símbolo de la infamia. Así intentan visibilizar los pecados de quienes en un momento determinado de sus vidas se toparon de frente con el Sistema de Protección a la Infancia y sus múltiples tentáculos. Son familias biológicas de menores tutelados a las que «nos han arrancado a nuestros hijos», claman a lo largo del itinerario de la manifestación que recorre el centro de Madrid, en una permanente letanía, ante la expectación de ciudadanas y ciudadanos que pasean, como un sábado más, y confiesan, en muchos casos, no tener «ni idea» de la realidad que viven estas familias.

Unos se muestran impasibles, otros afirman: ¡menudo chiringuito!», sin apenas detenerse a leer las frases que ilustran sus pancartas: «Niño tutelado, dinero asegurado», «Son niños robados, no son tutelados», o escuchar la voz de una madre que grita a quienes miran desde las aceras: ¡De 4000 a 9000 euros al mes por menor tutelado!. Es decir, lo que las empresas gestoras, supuestamente, se llevan a sus arcas.

Hay quien se para a preguntar por la situación y cambia el gesto de su cara hacia una agria tristeza al conocer los testimonios de primera mano. Algunos, los menos, se suman a la manifestación.

Hoy, como en otras ocasiones, el miedo sigue atenazando a los familiares de los más de 50.000 menores tutelados registrados en el Estado español. Muchos no quieren aparecer en actos públicos por temor a represalias. A algunas familias que han llegado a denunciar sus casos en los medios de comunicación, desde el aparato del Sistema de Protección a la Infancia con todos sus organismos asociados, responsables políticos y empresas gestoras privadas por medio, les han sugerido que «es preferible que no salgáis en prensa, porque se restringirán las visitas a tu hijo».

Las cerca de 30 organizaciones convocantes reclaman que «se depuren todas las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de los menores tutelados».

También exigen los «ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el Sistema de Protección a la Infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades».

Demandan la implicación de los políticos de todos los partidos «que se esconden para no ver lo que en España ya evidente: las tutelas no son un beneficioso servicio público, sino un execrable negocio privado con adoctrinamiento mediante»

Asimismo han pedido a los directores «de los medios hegemónicos de comunicación que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños indefensos las víctimas; que investiguen la opinión de las asociaciones de familias biológicas de los menores tutelados y de los colectivos que las arropan.

Entre los asistentes a la manifestación se encuentra Elena Crespo, jurista e investigadora sobre la situación del Sistema de Protección de Menores en España, desde hace unos cuatro años, para determinados trabajos en la Universidad.

«La conclusión básica a la que yo he podido llegar después de este estudio es que este Sistema tiene su base fragmentada absolutamente y no tiene la solidez que debería tener. Un Sistema de Menores como el actual, en el que a los menores tutelados se les realiza la declaración de desamparo por un órgano de la Administración, por una persona, por un equipo sin que haya un previo juicio justo no se sostiene en un Estado social y democrático de Derecho. Desde mi punto de vista, es evidente que ante una repercusión tan grave como es la separación de unos hijos de su familia, de su seno, de sus padres, de su familia extensa, es como una muerte social y familiar. Esta consecuencia es lo más grave que te puede pasar en esta vida, más grave que una condena penal, y esto no puede decretarse por una resolución administrativa, sino tras un juicio justo, con equilibro, con igualdad de oportunidades, de defensa por la parte que está instando un procedimiento frente a esa familia, y esa familia que trata de alegar y fundamentar por qué está llegando a esa situación y por qué la situación no es tal como para una declaración para un desamparo. Y en segundo lugar, una legislación que tiene términos abiertos y abstractos permite juicios subjetivos y amplios demasiado peligrosos para que se llegue a un equilibrio y a una resolución justa en toda su extensión».

Alicia de Juanes, abogada de la Asociación Nacional de Defensa del Menor Tutelado explica que quieren trasladar a la ciudadanía la falta de herramientas con que se encuentran los padres para poder luchar contra una declaración de desamparo y sobre todo que no existe una investigación a fondo de lo que realmente pasa en las familias.

«La credibilidad de los testimonios no es puesta en entredicho. No hay un equipo psicológico, técnico que esté preparado para llevar a cabo esa investigación, y que de ahí derivan unas declaraciones muy subjetivas, basadas en un concepto totalmente abierto como es el Interés Superior del Menor, que conllevan una situación de desamparo cuando realmente no existe tal desamparo. Los expedientes se hacen sin ni siquiera darles a los padres audiencia, los expedientes se abren por la Administración, no se les permite a los padres, no solo tener conocimiento del mismo, sino siquiera aportar documentación. No se les permite aportar pruebas en contra de lo que la Administración está preparando, con lo que un día se encuentran que los niños no llegan del colegio o simplemente se los llevan de las guarderías y los padres son detenidos en el trabajo o en la puerta de su casa, lo que para ellos es un estigma social cuando realmente no existe una revisión judicial de esa decisión administrativa».

De Juanes incide sobre otra situación que se da en los casos de menores tutelados.

«Una vez declarado ese desamparo, la suspensión de la tutela conlleva que ni siquiera los padres pueden solicitar de las administraciones públicas, de la Seguridad Social, de los pediatras, de los médicos…ningún tipo de informe porque ya lo tienen prohibido, con la suspensión de la tutela, el acceso a todo ese tipo de documentación que pueda fundamentar qué está pasando dentro de esa familia».

Dice, además, que los niños son llevados a centros que normalmente están a 20 o 30 kilómetros del domicilio familiar. «Y se impone a los padres unos horarios de visita a sus hijos que coinciden con sus horarios laborales, con lo que muchas veces tienen que elegir entre ver a sus hijos o seguir manteniendo el trabajo. Si pierden su trabajo, evidentemente, les van a decir por parte de la Administración Pública que no tienen la capacidad económica para mantenerlo y que pueden llegar a una situación de desamparo. Pero, claro, si no ven a los críos pierden el vínculo con ellos. Es decir, les comprometen a tener que elegir entre una cosa o la otra, lo cual es una auténtica barbaridad. Hay padres a los que los regímenes de vistas o no se les entrega en mano directamente o ese régimen de visitas es de una hora cada dos semanas, totalmente en contra de ese reagrupamiento, de esa reorganización familiar que exige la ley».

Por ello, explica, «solicitamos una modificación legislativa en la que se recoja el derecho de los padres a asistir a cualquier actuación administrativa acompañados de abogado, a que se les de traslado de todos los procedimientos para que puedan defenderse. Y, por supuesto, que esto sea controlado por un juez, que no sea la Administración la que lleve a cabo este tipo de actuaciones, sino que sea un juez el que en un plazo máximo de dos meses pueda establecer si esa decisión o ese procedimiento administrativo que se ha abierto es correcto o no para proceder a la retirada de la tutela de los padres».

Fernando Barredo, portavoz de la Fundación democraciActiva que ha dado lectura al manifiesto conjunto de la 30 organizaciones recuerda que «es urgente que toda la ciudadanía se entere de que en España se mantiene el tráfico de niños que tanto enriqueció a sectas abyectas durante la dictadura militar clerical. Resulta que varias de ellas son ahora propietarias de la mayoría de los centros de menores privados, en los que los niños son precisamente privados de su derechos fundamentales».

Por su parte, el histórico activista de la causa de los menores tutelados, Victoriano Fernández, presidente de la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI pide «que se revisen de una vez las leyes del menor, los protocolos, y sobre todo la excesiva privatización de todo el sistema -centros de menores, puntos de encuentro familiar, centros de atención al menor, etc…-porque cuando se produce un desamparo o un riesgo, se hace una primera valoración y entran en juego todos estos organismos privatizados».

Comenta que al estar privatizados prima el interés de la empresa. «Por tanto, las leyes están mal hechas, porque la leyes buscan sobre todo la familia no idónea, pero si además de que las leyes están mal hechas, quien ejecuta las leyes tiene un interés económico, todo eso termina en años y años de niños tutelados o de niños con familias que no son las mas idóneas. O sea, empiezan a buscar qué familia es la idónea y qué familia no es la idónea y luego en la práctica termina siendo la familia idónea, incluso en casos de divorcio, la parte que tiene más dinero o el mejor abogado», concluye.