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Denuncian otra acción intimidatoria de la ganadería industrial contra el movimiento ecologista

Ecologistas en Acción denuncia que una explotación porcina en Silleda (Pontevedra) le ha interpuesto una demanda judicial con afán meramente intimidatorio, con el objetivo de acallar sus críticas por los impactos ambientales de la ganadería industrial.

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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La federación gallega de Ecologistas en Acción señaló, a mediados de este año, el proyecto de una explotación industrial de cerdos en Silleda (Pontevedra), por bordear la ilegalidad al declarar una capacidad de 1.999 animales para eludir el estudio de impacto ambiental (EIA), obligatorio a partir de 2.000 animales. Además, esta explotación estaría ubicada al lado de un núcleo de viviendas unifamiliares, lo que ha provocado las protestas de las familias vecinas.

La comarca gallega del Deza, a la que pertenece el municipio de Silleda, soporta la mayor carga ganadera de toda la comunidad autónoma gallega. Estas prácticas son habituales, explica Ecologistas en Acción «para eludir los estudios de evaluación  ambiental sin que la administración ponga remedio. Lejos de establecer límites ambientales a la proliferación sin control de la ganadería industrial, la propia Xunta de Galicia subvenciona estas instalaciones industriales. En el caso de este proyecto de Silleda, con más de 100.000 euros».

Ecologistas en Acción colaboró con el vecindario de Silleda para que este caso tuviera una gran repercusión mediática y social, «lo cual incomodó a Fertaporc S.C., propietaria de la explotación, quien presentó una demanda judicial por 3.000 euros» contra la organización. Esta considera que la demanda «es totalmente infundada y sólo pretende intimidar a activistas y vecindario para silenciar las protestas contra la ganadería industrial y este proyecto en concreto».

Crecen las demandas a vecinos y ecologistas

Aseguran que este tipo de casos de empresas cárnicas demandando a movimientos ecologistas y vecinales «está siendo cada vez más frecuente. Sin ir más lejos, en Ourense, el grupo Coren interpuso demanda, hace poco más de dos años, contra un vecino de A Limia por denunciar públicamente sus actividades y, más recientemente, a finales del año pasado, en Navarra, la empresa Valle de Odieta S.C.L. demandó a organizaciones y colectivos ambientales por la denuncia pública de sus irregularidades».

El colectivo ha insistido en la necesidad de «un modelo de ganadería extensiva con base agroecológica que cree empleo digno, proteja la biodiversidad y prevenga incendios, proporcionando alimentos de calidad». Por todo ello, denuncia el modelo agroindustrial, «que sólo beneficia a unas pocas grandes empresas».

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