Las organizaciones ecologistas ha pedido que las presiones que ejerce la industria a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la actual situación geopolítica «no debiliten la propuesta de Reglamento para frenar la destrucción de los bosques en el mundo». Asimismo, reclaman al Gobierno ambición en la negociación del texto para frenar la destrucción de estos ecosistemas.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF recuerdan que es necesario tener en cuenta importantes cuestiones para luchar contra la deforestación. Así, exponen que, «sin una trazabilidad completa, sin incluir otros ecosistemas además de los bosques, y con una fecha límite posterior a 2020 que garantice que los productos no proceden de territorio deforestado,el Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada podría correr el riesgo de no frenar la deforestacióny la UE habría perdido la oportunidad de liderar este cambio».
En los últimos meses el Gobierno español ha realizado un estudio sobre el impacto que supondría la aplicación del Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada y, aunque este estudio no se publicará oficialmente, sí ha trascendido -dicen- «la contradicción de sus conclusiones. Por un lado, se aboga por no rebajar las prohibiciones ni la ambición ambiental de la propuesta de la Comisión Europea. Por otro, se exige no afectar los costes de producción de la industria de piensos y la ganadería industrial con el argumento de que la industria cárnica española perdería competitividad».
Para las organizaciones ambientalistas «sería un error analizar el impacto de la ley en el comercio desde un punto de vista cuantitativo. Es más, la producción de materias primas y de productos derivados genera externalidades negativas cuyos costes se trasladan actualmente al conjunto de la sociedad y que deben ser pagados por quienes generan esos costes. Por lo tanto, el hecho de que algunas empresas tengan que invertir en servicios para cumplir con la nueva ley es simplemente coherente con el principio incluido en los tratados de la UE, de que quien contamina debe pagar».
Empresas en tela de juicio
Entre las empresas que intentan impedir una legislación ambiciosa destacan las multinacionales de la soja ADM, Amaggi, LDC, Viterra, Bunge y Cargill —estas dos últimas con fuerte presencia en España— «que incumplen sistemáticamente sus compromisos ambientales y han contribuido al aumento de la deforestación. Igualmente, la Federación Europea de Aceites y Oleaginosas ha sugerido que la actual propuesta de la UE es problemática para la industria».
Por otro lado, para reducir de manera efectiva el impacto ambiental del consumo de la UE, es necesario y prioritario extender la protección de la propuesta de la UE a otros ecosistemas. Existen vínculos claros entre este consumo, en particular de soja destinada principalmente a la alimentación animal, y la conversión de paisajes de pastizales como los «puntos críticos de deforestación» del Cerrado en Brasil y el Chaco en Argentina y Paraguay.
Si estos ecosistemas no se incluyen en las definiciones del Reglamento entre los espacios protegidos de conversión o degradación, se seguirá impulsando la destrucción de la naturaleza a gran escala. De hecho, de todas las materias primas importadas por la UE, la soja fue la que más deforestación y conversión causó entre 2005 y 2017, incluso más que el aceite de palma, y la mayor parte se concentró en un bioma crítico, el Cerrado de Brasil.
El efecto de la guerra
Asimismo, las organizaciones ambientalistas han mostrado su preocupación por el hecho de que, ante la trágica situación en Ucrania, algunos gobiernos están cuestionando la necesidad de cambiar o acelerar el paso hacia un sistema alimentario y agrícola más sostenible. Señalan que «es el momento de buscar con más urgencia propuestas que aumenten la soberanía, la sostenibilidad y la democracia de nuestros sistemas alimentarios y energéticos. Las emergencias climáticas y bioenergéticas no esperarán a que este conflicto acabe, pero podrían provocar una mayor inestabilidad e inseguridad mundial».
La aplicación cuanto antes de un Reglamento ambicioso para frenar la deforestación importada evitaría la pérdida de servicios ambientales, y la pérdida económica, social y ambiental asociada al daño a ecosistemas (entre otros de la Amazonia, El Cerrado o El Pantanal) que son imprescindibles para mantener la producción de alimentos.
“En 2017 la UE fue responsable del 16 % de la deforestación tropical importada y España destacó por ocupar la tercera posición en la lista de países europeos con mayor responsabilidad. La deforestación es un problema al que no podemos dar la espalda y que solo puede agravar la actual crisis ambiental, social y económica que estamos viviendo. Ahora más que nunca necesitamos seguir recorriendo el camino que marca el Pacto Verde Europeo, haciendo todo lo posible para que los sistemas alimentarios se desvinculen de la destrucción de la naturaleza”, han declarado las organizaciones ecologistas.
