La Mesa del Congreso de los Diputados, órgano rector y de representación del Parlamento, ha publicado el pasado 3 de octubre, dos acuerdos por los que se convocan 12 becas de formación práctica, incumpliendo los requisitos mínimos y pretendiendo encubrir lo que, según todos los indicios, serán relaciones laborales que deberían tener la protección de la legislación laboral, ha denunciado la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana quien advierte de que los servicios jurídicos del sindicato están analizando la legalidad de estas convocatorias y su impugnación ante los tribunales.

El fraude es evidente en los requisitos exigidos, entre ellos la valoración como mérito de la experiencia laboral previa a la beca

Según Santillana “le debe parecer a la Cámara ‘poco flexible’ nuestro marco normativo, de ahí que haya convocado becas para distintos departamentos saltándose no solo esos mínimos”, por otra parte orientados en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, de la Inspección de Trabajo, aprobado por el mismo Ministerio que publicita las convocatorias y que tiene comprometida la elaboración de un estatuto de prácticas no laborales, “sino algunas otras cuestiones que son claramente discriminatorias: límite de edad, año de inicio de estudios, nacionalidad”, ha señalado.

La jurisprudencia sobre cuándo una beca es tal y no sustituye un puesto de trabajo con un contrato en regla, señala tres requisitos mínimos: las prácticas deben formar parte de un programa de formación o sujetarse a un plan formativo, estar tutorizadas, y la entidad, empresa o administración pública donde se realizan no puede apropiarse de los resultados de las prácticas.

Todo ello se ignora por las convocatorias de la Mesa del Congreso. Su finalidad parece más bien, la de cubrir con su trabajo las necesidades de la actividad de la Cámara. La fórmula de la beca exige de un diseño formativo, totalmente ausente en estas resoluciones, que no se suple por la experiencia que proporciona el mero desempeño de cualquier trabajo.

El fraude es evidente en los requisitos exigidos, entre ellos la valoración como mérito de la experiencia laboral previa a la beca o la inclusión en el proceso selectivo de pruebas discrecionales. También es evidente el abuso en las condiciones de desarrollo de la beca: se señala explícitamente, por ejemplo, que la contraprestación económica, con una cuantía bruta de 1075 €, es incompatible con cualquier otro trabajo remunerado…; o que “los estudios y trabajos prácticos realizados quedarán en propiedad del Congreso de los Diputados” reconociendo implícitamente la relación laboral.

“Solicitan personas con títulos universitarios en distintas especialidades, más formación complementaria, más idiomas; se valora ostentar el título de máster e incluso del doctorado. A mayor preparación más posibilidades de precarización”… indica la responsable de Empleo de CCOO, Lola Santillana; “no se dice nada de qué formación específica van a adquirir con estas prácticas y en qué puede beneficiarles. Muchas obligaciones, disponibilidad total y ningún derecho”.

El Congreso de los Diputados, con convocatorias de estas características está enviando a la sociedad y a la juventud distintos mensajes, todos erróneos: que nuestro sistema educativo “no está a la altura de la demanda; que por muchos méritos que aleguen nunca es suficiente para tener tan siquiera una beca, por tanto mucho menos un contrato, y ya ni hablemos de condiciones dignas”, ha dicho la responsable de empleo de CCOO.

“En nuestra regulación laboral existe el ‘contrato en prácticas’, pensado precisamente para la inserción de personas ya tituladas, y que se supone preparadas, pero que necesitan un tiempo para especializarse en las actividades concretas que puedan desarrollar”, señala Santillana. Es un contrato con todos los derechos, en el que el salario es menor al que pueda recibir una persona de la misma cualificación con experiencia y, por supuesto, con límite de tiempo.

No sabemos que puede ser más grave, que la Mesa del Congreso desconozca la legislación laboral o que, conociéndola, no proteja derechos básicos y esté alimentando el cinismo y la desesperanza, valores de los que vamos sobrados en los últimos años.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentó en julio de este año el informe Inserción laboral de los egresados universitarios. En él se dice, entre otras cosas, que el 27,7% de quienes finalizaron sus estudios en 2014 no tenía empleo en el 2018. Se dice también que un 37% de las que están trabajando lo hace en actividades por debajo de su cualificación…

“No dice nada”, afirma la secretaria de Empleo de CCOO, “de quienes cotizan en alguna de las distintas variedades de becas: en enero de 2019 había más de 74.000 personas realizando prácticas con beca, de las que solo 16.000 eran prácticas curriculares obligatorias”.

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