Riyad Mansour, ministro y Observador Permanente del Estado Palestino en Naciones Unidas, ha remitido un escrito de urgencia, al que Diario16 ha tenido acceso, al secretario general, al presidente de la Asamblea General y a la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que se denuncia la situación crítica en que se encuentra el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este, a causa del incremento de las políticas y prácticas ilegales de Israel, la Potencia ocupante, contra el pueblo palestino. Estos actos ilícitos e inhumanos siguen causando sufrimiento humano generalizado y agravando una situación ya de por sí volátil.
Según el escrito, en medio de las celebraciones navideñas, varios aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque indiscriminado contra la Franja de Gaza. Por segundo año consecutivo, Israel ha lanzado ataques militares directos contra civiles y hogares e, incluso, contra un hospital infantil. Estos ataques han causado bajas civiles, han destruido estructuras y han traumatizado una vez más a la población civil palestina, que lleva más de 13 años asediada en Gaza por el bloqueo ilegal de Israel, que está causando una grave crisis humanitaria.
«El ataque cometido por Israel el 26 de diciembre contra el hospital infantil Mohammad al-Durra y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad causó grandes daños y sembró el miedo entre los niños, sus familias y el personal del hospital, cuya vida se vio amenazada por esos ataques aéreos indiscriminados. El bombardeo de zonas civiles está prohibido por el derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra. Varios niños, incluida una niña de 6 años, resultaron heridos como consecuencia de los ataques aéreos, y se produjeron daños importantes en casas y propiedades cercanas. Esas infracciones de la Potencia ocupante exigen una acción internacional urgente, ante todo para salvar vidas civiles y disuadir de nuevas infracciones», señala Mansour en su escrito.
Palestina pide de nuevo a la ONU protección internacional para su pueblo, tal y como está recogido en las disposiciones del derecho internacional humanitario, frente a las medidas crueles y represivas infligidas por los israelíes. Por eso el representante del Estado Palestino reclama una condena a Israel por sus violaciones y su deliberada explotación de estos tiempos de pandemia para intensificar sus prácticas y políticas ilegales encaminadas a afianzar aún más su ocupación militar, los bloqueos inhumanos y a socavar todos los esfuerzos del Gobierno palestino por contener el virus y atender a la población civil.
«La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, debe exigir a la Potencia ocupante que cumpla de inmediato las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, o que asuma las consecuencias de su comportamiento ilícito. Esto debe incluir, entre otras cosas, el respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Las leyes destinadas a proteger los derechos de los niños no se pueden dejar a un lado de forma tan sistemática y frívola, y sin rendir cuentas por ello», reclama el escrito.
Niños y niñas: las víctimas propiciatorias para Israel
La lista de crímenes israelíes se amplía cada día. ¿Cuántos niños palestinos más tendrán que soportar la agresión y la indiferencia de Israel hacia su vida hasta que la ley se respete y tenga un significado tangible? ¿Dónde están la indignación y la respuesta de quienes son los custodios de la ley? La comunidad internacional está obligada a actuar y a cumplir con esas obligaciones para proteger la vida de civiles inocentes en Palestina, incluidos los más vulnerables: los niños y las niñas.
La pérfida política de asentamientos ilegales
El escrito hace hincapié en los estragos que está causando la campaña actual de asentamientos ilegales de Israel en la Palestina Ocupada, incluida Jerusalén Este, que sigue menoscabando gravemente las perspectivas de una solución de los dos Estados basada en las fronteras anteriores a 1967, según lo previsto por el consenso internacional.
La semana pasada, Israel siguió adelante con sus planes de “legalizar” más asentamientos ilegales. El objetivo es claro: expropiar más tierras palestinas para proseguir con sus planes de anexión de facto, que nunca han cesado con la mirada indiferente de la comunidad internacional.
A pesar de las afirmaciones israelíes de «suspensión» de los planes de anexión a las que recurre para hacerse pasar por socio de confianza para la paz regional, la realidad es que nunca ha cejado ni un momento en sus prácticas de anexión, como demuestran la destrucción y expropiación constantes de hogares y propiedades palestinas, el traslado forzoso de familias y la flagrante construcción de asentamientos, con decenas de miles de unidades establecidas solo en 2020.
«Reiteramos que la anexión es ilegal, independientemente de que se lleve a cabo parcial o totalmente, de facto o de iure, y la comunidad internacional debe responder con medidas serias y tangibles conforme al derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, cuyas disposiciones son inequívocas a este respecto. En ausencia de rendición de cuentas, la realidad que se está imponiendo sobre el terreno es innegable: Israel está creando un entorno irreversible y coercitivo en el que las ciudades, los pueblos y las aldeas palestinas están desconectados y fragmentados, y está destruyendo la contigüidad de nuestro territorio y la viabilidad geográfica, social y económica de nuestro Estado. En este preciso momento, los palestinos de Belén y Jerusalén están viendo cómo sus tierras se esfuman y pasan a ser «tierras del Estado», según declara Israel, a medida que la Potencia ocupante trata de ampliar y fusionar los asentamientos ilegales no contiguos de Givat Hamatos, Gilo, Har Gilo y la zona denominada E1. Las organizaciones de colonos patrocinadas por el Estado, que se benefician del apoyo directo del Gobierno israelí y de la continua inacción internacional, están presionando para lograr un enorme bloque de asentamientos que destruirá la solución biestatal», denuncia con rotundidad Mansour.
La represión y la violencia de Israel
Israel sigue reprimiendo y atacando a los civiles palestinos que se atreven a oponerse a que la ocupación colonice ilegalmente sus tierras. El 25 de diciembre, las fuerzas de ocupación atacaron a manifestantes palestinos en dos incidentes separados, en manifestaciones contra la expropiación por parte de Israel de tierras palestinas cerca de Beit Dayan, al este de Nablus, y de Dayr Jarir, al nordeste de Ramala. Un manifestante palestino resultó herido por una bala israelí, y otros sufrieron asfixia por los gases lacrimógenos y las granadas sónicas disparadas contra los manifestantes civiles. El alcalde de Dayr Jarir, Ayman Alawi, recibió en la cabeza el impacto de una bala israelí cuando se unió a los habitantes de la población para protestar contra la expropiación por parte de Israel de tierras del pueblo para destinarlas a asentamiento ilegal.
Según un informe publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios el 24 de diciembre, esas políticas y prácticas ilegales de Israel no han hecho más que aumentar en el último período. Solo en las dos semanas comprendidas entre el 8 y el 21 de diciembre, las fuerzas militares israelíes mataron a un palestino, hirieron a más de 70 y detuvieron a más de 150, y demolieron 22 estructuras de propiedad palestina. El año 2020 ocupa el segundo lugar en número de estructuras y bienes de propiedad palestina demolidos desde que la Oficina comenzó a documentar la práctica de las demoliciones de viviendas y los desalojos forzosos. Esas violaciones del derecho internacional han desposeído a cientos de familias palestinas y han afectado a miles de personas. Incluso en medio de una pandemia, Israel no ha dudado en dejar sin hogar a cientos de palestinos más mientras sigue adelante con sus planes de colonización y anexión ilegales.
Las fuerzas militares israelíes están acompañadas habitualmente por colonos israelíes extremistas y milicias de colonos cuando llevan a cabo sus ataques violentos contra civiles palestinos, la destrucción de bienes, los desalojos y desplazamientos forzosos, la expansión de los asentamientos ilegales y los actos de incitación y provocación, incluso en los lugares sagrados de Jerusalén Este. Asimismo, con la ayuda e instigación de las fuerzas de ocupación, la violencia de los colonos israelíes y el terror que infunden se han intensificado recientemente, ya que estos colonos han atacado a civiles palestinos, han arrasado grandes superficies de tierra palestina y han arrancado y quemado árboles en toda Cisjordania. Mientras que las fuerzas israelíes proporcionan seguridad incondicional a los colonos, la población civil palestina sigue siendo vulnerable debido al trato marcadamente diferente que la ocupación da a los palestinos y a los colonos, ya que éstos gozan de derechos y protección de los que los primeros se ven privados por completo, al tiempo que Israel impone su régimen racista y discriminatorio de apartheid en la Palestina Ocupada, lo cual vulnera gravemente el derecho internacional.
«En ausencia de rendición de cuentas, es evidente que esa injusticia e impunidad no harán sino aumentar, lo que causará más sufrimiento humano, reducirá las esperanzas de una solución justa y perjudicará aún más la viabilidad del derecho internacional, que está siendo pisoteado ante los ojos del mundo sin que haya reacción alguna. Al acercarnos a un nuevo año, hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que este sea el año en que se respete la ley y se ponga fin a la impunidad. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades respecto de esta situación ilegal en Palestina. El derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, se tiene que respetar; y cuando se vulnera, debe haber consecuencias. Únicamente la implementación y la rendición de cuentas pueden revertir estas tendencias negativas y destructivas y salvar la posibilidad de una solución justa, duradera y amplia en virtud de la cual los pueblos palestino e israelí puedan vivir en paz y seguridad. No hay otra manera», finaliza Mansour quien no deja de pasar la oportunidad para recordar a los destinatarios de su escrito que ya ha remitido otras 699 cartas de denuncia sin que nada se haya hecho.
