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Denuncian ante la Fiscalía «el mayor escándalo de corrupción judicial en beneficio» del Santander

La denuncia aporta documentación que mostraría presuntas investigaciones ilícitas, escuchas ilegales, seguimientos y espionaje a magistrados o el supuesto amaño de resoluciones judiciales realizadas por importantes miembros de la Administración de Justicia

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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La situación para la democracia española es insostenible por el elevado número de casos en los que una parte de la Justicia ha retorcido la ley para dictar sentencias o crear doctrinas ad hoc para, presuntamente, favorecer a los poderosos.

El problema se halla en que esto no genera una movilización de los poderes democráticos para determinar la veracidad de los graves hechos publicados en estas páginas en referencia a Banco Santander y, sobre todo, que la ciudadanía no se escandalice porque ya lo vea habitual.

Las «cloacas de la Justicia» sólo pueden sobrevivir si la sumisión a los poderes no democráticos pervive durante más tiempo, incluso con el apoyo en demasiadas ocasiones del cuarto poder. Por eso, el Estado cede sus responsabilidades en las espaldas de la ciudadanía y tienen que ser los hombres y mujeres libres de España los que den la cara para desentrañar la madeja que permite sostener un sistema injusto que sólo es amable con el poderoso e injusto con el débil.  

Diario16 ha tenido acceso a la denuncia presentada por el abogado Eduardo Martín Duarte ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se denuncian una serie de hechos muy graves para que «en el ejercicio de sus funciones de velar por la independencia judicial y de investigar y conocer de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción, lleve a cabo la investigación y judicialización de los hechos denunciados».

Trato de favor al Santander

Las grabaciones que el banquero italiano Andrea Orcel afirma tener en su poder en las que, entre otras cosas, se demostraría que importantes directivos del Santander, de los que están incluidos en el selecto grupo «Promontorio Meeting», afirmaron, con el supuesto objetivo de intimidar a Orcel, que el banco presidido por Ana Patricia Botín «sólo pierde los juicios que quiere».

En los últimos meses la Fiscalía Anticorrupción ya ha recibido varias denuncias en las que se reclama la apertura de una investigación de oficio para verificar el contenido de dichas grabaciones porque demostrarían lo que muchos piensas y lo que distintas decisiones judiciales demostrarían: que el Santander lleva décadas presuntamente recibiendo un trato de favor en los tribunales españoles.

Al igual que otra denuncia presentada en el mes de marzo en un sentido similar, es fundamental que la Fiscalía inicie una investigación de oficio porque, de demostrarse que el Santander tiene la capacidad para ejercer un control de los órganos de Justicia en España, se está generando alarma social y desconfianza para las decenas de miles de personas que, a día de hoy, se están enfrentando en los tribunales contra Banco Santander. Hay que recordar que la entidad cántabra reconoció que sólo del Caso Popular tiene abiertos más de 16.000 procedimientos.

Sin embargo, la denuncia presentada por Martín Duarte que, además, es accionista del banco cántabro, reseña otro tipo de grabaciones, esta vez de carácter político, que sostendrían su acusación de trato de favor hacia el Santander.

«Las mencionadas no son las únicas grabaciones conocidas sobre los favores políticos y judiciales al Banco Santander, pudiéndose citar también aquella en la que la vicepresidenta del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, le aseguraba a don Ignacio Rupérez Calvo –entonces jefe del servicio de estudios del Santander- que ya había solucionado el tema de don Emilio Botín relativo a su juicio sobre el fraude fiscal y falsedad documental de las cesiones de crédito del Banco Santander, que se saldaría con la “doctrina Botín“», afirma la denuncia.

Según indica el escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, el contenido de las grabaciones de Orcel y de Fernández de la Vega es sumamente grave, puesto que «la ya de por sí, frágil imagen de la Administración de Justicia entre la ciudadanía española, con el desprestigio de la Judicatura por lo que aparenta un escudo o directriz para beneficiar al Banco Santander, lo que podría ser uno de los mayores, si no el mayor escándalo de corrupción judicial en beneficio de una entidad de la historia de nuestro país, que llevaría aparejada la comisión de posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, coacción, etc.».

Para el denunciante resulta preocupante que las grabaciones pongan de manifiesto lo que muchos ciudadanos y profesionales del mundo judicial ya conocían, intuían o presumían ante «los diferentes escándalos de resoluciones controvertidas que se han ido produciendo a lo largo de los años favoreciendo al Banco Santander o a sus más altos dirigentes que son sobradamente conocidas y que a título de ejemplo podemos resumir en: (1) el auto de sobreseimiento de las cesiones de crédito mediante la consagración “ad hominem” de la doctrina Botín, (2) la sentencia absolutoria  de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, (3) el sobreseimiento  de la causa por fraude fiscal por la ocultación de 2.000 millones de euros en el HSBC de Ginebra, (4) el sobreseimiento  de la querella sobre la recuperación del supuesto agujero de Banesto, (5) el sobreseimiento de la estafa inmobiliaria de la compra de los terrenos de la Ciudad Financiera del Santander, el más reciente, (6) el auto de sobreseimiento  de la causa por blanqueo de capitales de la Lista Falciani, etc.», señala el escrito.

Espionaje a magistrados y compra de sentencias

Por otro lado, la denuncia señala una serie de presuntos hechos muy graves para cuya demostración se aportan documentos que supuestamente demostrarían que dentro de la Administración de Justicia de España se pudieron dar órdenes para espiar a fiscales y magistrados o la presunta compra de resoluciones judiciales.

Según la denuncia, importantes cargos de la Justicia ordenaron, supuestamente, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a realizar seguimientos, escuchas telefónicas e, incluso, la realización de informes patrimoniales de los magistrados y fiscales supuestamente espiados, entre los que se encontrarían, entre otros, el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, o el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.  

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4 Comentarios

  1. Un ejemplo de la corrupción política y judicial de este país en beneficio del sanladron es el Robo del Banco Popular efectuado por el gobierno, donde robaron la propiedad a más de 1000.000 de españoles y se la regalaron al Santander.y los jueces callados,? Estarán todos comprados?

  2. Vaya por las ánimas, y quién los iba a decir? Con el ejemplo de justicia apañó, número 19 del mundo en el ranking Ortiz. Estoy que no me tengo. Vaya disgusto!
    Dá más asco que un vídeo porno de Espinete de los Manteros con la beata de Córdoba.

  3. Ciertamente ya no nos extrañamos de la corrupción endémica de espagnistan. Lo estamos viviendo en las propias carnes de nuestros exiliados , perseguidos y extorsionados. Aquí, parece que el terrorismo se viste de toga. la persecución de ciudadanos que se atrevieron a poner urnas. Pecado mayor contra las dictadura togada. el Sr. Pujol ya lo predijo en su momento.

  4. ¡Qué raro! ¿El Santander involucrado en un caso de corrupción? ¡¡Válgame Dios, si Ana Botín y sus secuaces son personas decentes!! (Léase únicamente en un tono acusadamente irónico).

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