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Denuncian al presidente del PP en Castilla y León por malversación

Alfonso Fernández Mañueco aspira a presidir la comunidad tras las elecciones dentro de un año, aunque cada vez lo tiene más difícil

Jorge Martín
Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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análisis

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Al presidente del PP en Castilla y León, y actual alcalde de Salamanca Alfonso Fernández Mañueco, se le complica la situación a medida que avanzan los meses. La agrupación provincial Ganemos Salamanca ya había interpuesto una querella por el denominado caso ‘Aceinsa, que ahora ha ampliado incluyendo en ella el delito de malversación de caudales públicos.

La denuncia original aseguraba que a la empresa de señalización Aceinsa, que opera en la localidad de Salamanca, donde es alcalde Mañueco, trabajó desde 2015 con un contrato caducado, a pesar de lo cual se siguió abonando en los años posteriores la cantidad adjudicada a la empresa de 1 millón de euros al año. Esta denuncia pues se originaba en un presunto delito de prevaricación por parte del presidente del PP en Castilla y León.

Ahora, después de tres años de prórrogas ilegales, el contrato de señalización sale de nuevo a licitación. Los informes técnicos de valoración aportados por el equipo de Gobierno del PP son para Ganemos “informes dirigidos y sin justificación cuyo objetivo parece que es dar la mayor puntuación a Aceinsa”. 

Ganemos sospecha del posible “amaño” en la nueva licitación de los mismos contratos e incluso de un tercero –señalización, alumbrado y semáforos-, que favorecerían a la que el grupo granate considera una de las principales empresas “amigas” del PP.

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El contrato de alumbrado público fue adjudicado en 2012 también de Aceinsa, y fue anulado judicialmente en diciembre de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La sentencia, pendiente de recurso de casación por parte del equipo de Gobierno del PP, confirma que empresa adjudicataria presentó una oferta del servicio con baja temeraria, que “no justificó” en “los valores de su oferta porque no indicó las razones de sus precios” y que, además, existen “contradicciones en las cifras”.

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