La denuncia fue presentada en la mañana del viernes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ACODAP, la asociación para la lucha contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia.

La que fuera jueza sustituta del Juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, condenó a 2 años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos a Roberto Macías, ex empleado de UGT Andalucía, que alertó sobre las presuntas facturas falsas que la federación andaluza del sindicato confeccionó supuestamente de manera fraudulenta para “justificar” las subvenciones millonarias destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía.

La sentencia, que fue notificada el pasado 13 de mayo, consideraba, sin embargo, que esas facturas presuntamente falsas confeccionadas por el sindicato eran “información reservada y sensible” y, por lo tanto, la jueza Ana María León entendía que merecían protección como si se tratara de los secretos lícitos de cualquier empresa.

Según los hechos probados de la sentencia “el 7 de noviembre de 2012, sobre las 17.02 horas, el acusado se conectó al PC, cuando se hallaba en horario laboral, conectando el dispositivo de almacenamiento masivo USB, en el que volcó o copió al menos 374 elementos (342 ficheros y 32 carpetas), lo que supone un total de 22.500 archivos o ficheros informáticos, extraídos del Servidor de datos de UGT-A, en concreto de una carpeta denominada ‘COMPRAS’ y que a su vez se hallaba dentro de otra denominada ‘CONFIDENCIAL/COMPRAS’”.

Sigue diciendo la sentencia que “dichos archivos o ficheros contenían información reservada y sensible del referido Sindicato, entre la que se encontraban facturas emitidas por diversos proveedores de UGT-A, como las mercantiles PINEDA, ASESORES DE VIAJES, LIENZO GRÁFICO, CHAVSA, PUBLICAR, SIOSA y VIAJES MACARENA, documentación relativa a los denominados “RAPEL” y “BOTES”, figuras éstas que hacían referencia a determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas, que estaban siendo objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción nº 9 de esta capital, por la presunta financiación ilegal del Sindicato, así como datos personales de alguno de sus integrantes contenidos en una agenda de teléfonos”, apuntaba la sentencia.

En su denuncia ante el CGPJ, ACODAP considera que calificar como secretos de empresa algo sobre lo que existe obligación de denunciar podría suponer, por parte de la jueza sustituta, la comisión de una falta disciplinaria muy grave de “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”.

Como regla general, dice la denuncia, el art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que tendrá la obligación de denunciar el que tenga conocimiento de la perpetración de cualquier delito público, pudiendo ser sancionado en caso contrario por falta de colaboración con la Administración de Justicia (STS 1016/2012, de 20 de diciembre).

Según la asociación denunciante, esta obligación de denunciar se compadece muy mal con el hecho de que unas facturas simuladas para defraudar al erario público puedan ser calificadas al mismo tiempo como una “información reservada y sensible” cuya denuncia suponga la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

“O es una cosa o la contraria” dice el escrito presentado ante el CGPJ, que insiste en que “no puede ser las dos cosas al mismo tiempo”, refiriéndose al hecho de que no se puede condenar por el delito de descubrimiento y revelación de secretos a quien tiene obligación de denunciar, como es el caso de Roberto Macías.

Hay que recordar que la jueza sustituta ya fue amonestada el 9 de abril de 2019 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la “mala actuación y dejadez de la Juez sustituta” cuando Ana María León hizo una sustitución en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Sevilla. A pesar de ello fue nombrada posteriormente al menos en otras cinco ocasiones más, la última de las cuales fue precisamente el juzgado de lo Penal nº 15 de la capital hispalense, que según parece habría abandonado también a fecha de hoy.

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