La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, el portavoz municipal del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, y el investigador Carlos Babío instan a la ONU a investigar al Estado español por vetar el acceso a documentación pública y privada sobre la dictadura franquista y por la existencia de fundaciones ligadas al franquismo, “un anacronismo en Europa”. Así lo destacaron delante de la emblemática Casa Cornide, donde anunciaron nuevas iniciativas en defensa de la recuperación de la memoria histórica, entre las que destacaron la denuncia que Miranda y Babío presentada en Naciones Unidas a respecto de la vulneración de la normativa internacional de Derechos Humanos por parte de España.
Ana Miranda criticó que en el Estado español existen ocho fundaciones franquistas, como son la Fundación Francisco Franco, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Hijas de Millán Astray, la Fundación Ramiro Ledesma Ramos, la Fundación Serrano Suñer y la Fundación Capitán Cortés. “Este hecho de que existan ocho fundaciones franquistas además de la imposibilidad de acceder a documentos que establece la Ley de Memoria Histórica nos llevó a presentar una denuncia en Naciones Unidas””, destacó Miranda, quien recordó que el Parlamento Europeo aprobó una Resolución contra el avance del neofascismo en Europa, de la que es coautora, que insta a prohibir las fundaciones y asociaciones que hacen apología del fascismo y el nazismo “porque son antidemocráticas y atentan contra la memoria de las víctimas”.
Esclarecimiento de la verdad
Respecto a la denuncia presentada en la ONU, de la que en septiembre se sabrá si es aceptada, la portavoz del BNG en Europa explicó que este proceso se lleva a cabo mediante un mecanismo denominado de revisión universal de derechos humanos, que se presenta cada cuatro años. “Hace cuatro años Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones, entre las que figuraba el acceso a la verdad”, señaló, en concreto el punto que afirma que “se deben facilitar mecanismos institucionales para el esclarecimiento de la verdad”. Criticó que este esclarecimiento de la verdad “no se pudo hacer” e incluso “encontramos una serie de limitaciones para acceder a documentos públicos y privados en relación con el franquismo”, tal y como le ha ocurrido al historiador Carlos Babío en sus trabajos de investigación, “con una negativa de accesos incluido el Arquivo do Reino de Galiza”. Señaló además que las fundaciones franquistas ”tienen documentos relacionados con muchas de las personas represaliadas y no se nos facilita el acceso para poder investigar”.
“El informe de Naciones Unidas reconoce que es gracias a investigadores e historiadores que se realiza ese trabajo”, destacó Miranda, al tiempo que explicó que la denuncia parte del trabajo realizado por Carlos Babío y Manuel Lorenzo materializado en el libro “Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio”, a su vez auspiciado por el entonces presidente de Galiza Sempre, Francisco Jorquera. Según recoge la denuncia, el Pazo de Meirás sigue siendo un símbolo vigente de la dictadura, en la medida en que los herederos del dictador siguen disfrutando de su propiedad, habiendo sido obligados después de una intensa lucha de la sociedad civil y diversas administraciones a declararlo como Bien de Interés Cultural (BIC). La impunidad de la que goza la familia del dictador ha hecho que incluso le hayan encargado a la Fundación Nacional Francisco Franco la gestión de las visitas, en las que realiza apología del franquismo así como en su página web.
El documento también señala que el Pazo de Meirás no ha sido ajeno a la impunidad de los crímenes y vulneraciones de Derechos Humanos perpetrados en el marco de la dictadura ya que el expolio de bienes no ha sido resarcido en democracia, sino al contrario, ya que los herederos del dictador han continuado, como en el caso del Pazo de Meirás, con la ostentación de una propiedad que sigue siendo un agravio a su memoria. En el marco de la investigación sobre el expolio del Pazo de Meirás y también en otras causas de la dictadura, España no ha facilitado el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados suficientemente, tal como se exige la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 22 establece que “se garantice el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten; lo previsto en el apartado anterior será de aplicación, en sus propios términos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos”.
Sin embargo, tal y como recoge la denuncia, España ha prohibido y sigue haciéndolo, el acceso a los fondos del franquismo, alegando la prohibición en base a la Ley de Protección de Datos Personales, contraviniendo el Reglamento europeo de Protección de Datos. Sin embargo, dicho Reglamento indica que la protección de datos no podrá obstaculizar los estudios de los historiadores. El impedimento del acceso a la información en los archivos relacionados con el franquismo y la negativa al acceso a los ficheros consolida la impunidad del franquismo, ya que el Estado, invocando riesgos a la seguridad nacional y la Ley de Secretos Oficiales, documentos históricos y grandes fondos militares y policiales los mantiene como clasificados y sin criterios claros que permitan su desclasificación, tal y como destacó el investigador Carlos Babío.
Los 9 da Casa Cornide
Francisco Jorquera, por su parte, destacó el trabajo investigador desarrollado por Babío y por Ana Miranda en el Parlamento Europeo para denunciar la impunidad actual del franquismo en el Estado español. Ademáis hizo referencia a la denuncia presentada por la familia Franco contra diversos activistas defensores de la devolución de los inmuebles incautados durante la dictadura, entre ellos nueve personas que participaron en un acto simbólico en la Casa Cornide, y que están citados a juicio el próximo 5 de noviembre en A Coruña “por un delito de faltas leves, aunque cabe la posibilidad de que la familia Franco, a través de un recurso pretenda aumentarlo y agravarlo”.
“A los 19 de Meirás se suman ahora los 9 de la Casa Cornide”, denunció Joquera, al tiempo que señaló que de los denunciados por el acto en la Casa Cornide Salvador González, Carolina Fernández, y Daniel Carballada, participaron en la comparecencia. “Este es un nuevo ejemplo del mundo al revés que se vive en el Estado español. Ciudadanos que luchan de forma democrática y de forma pacífica para denunciar la impunidad del franquismo y el expolio que practicaron los Franco tengan que sentarse en el banquillo de los acusados mientras los Franco siguen actuando con total impunidad”, criticó Jorquera.
De nuevo estoy a la lucha porque no me pisoteen la Luz. A ver si hay suerte y me la pisotean hoy un poco menos. En la sociedad, debe prevalecer el ser persona ética. En la democracia, debe prevalecer responsablemente la voluntad de la mayoría. En la política, debe prevalecer el resolver eficazmente los problemas del pueblo. En todo lo que se dice, debe prevalecer la verdad. En todas las experiencias vividas, debe prevalecer la misma vida, no con sus fallidos intentos la representación o el simulacro. Y en todo lo se piensa o se sugiere, debe prevalecer la conciencia del libre pensarlo o del sugerirlo para un futuro constructivo. Si no es así eso, cualquier pensamiento-mensaje que se extienda será tóxico. http://delsentidocritico.blogspot.com/