Orgullo LGTBI 2019. Foto Agustín Millán.

CCOO ha denunciado a las asociaciones ‘Hazte oír’, ‘Mis hijos, mi decisión’ y los grupos municipales en la Comunidad de Madrid de Vox ante la Fiscalía por delito de odio. Además, también lo ha hecho ante la Dirección General de Asuntos Sociales de Madrid por la vulneración de los derechos contra las personas LGTBI, y ante la Agencia Española de Protección de Datos por el envío masivo y sin autorización del llamado pin parental, así como por la publicación en la web del listado de centros que han realizado actividades para prevenir la homofobia e impulsar los derechos del colectivo LGTBI.

“Hazte oír pretende crear hostilidad y odio contra el colectivo LGTBI”

El pin parental es una solicitud de información previa sobre actividades relativas a la educación y diversidad sexual, la identidad y expresión de género o los diferentes modelos de familia que se organizan en los centros educativos y que este “lobby anticonstitucional”, como manifiesta Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, tilda de actividades socialmente controvertidas de las que las familias pueden excluir a sus hijos.

La asociación ‘Hazte oír’ ha repartido entre más de 23.000 centros educativos un “folleto informativo”, al que se puede acceder a través de la página www.mishijosmidecision.org, titulado “Adoctrinamiento en ideología de género” y otro llamado “Dejad a los niños en paz”, en cuya portada se ridiculiza a las personas transgénero y se abunda en la tesis del “adoctrinamiento de género”.

Galvín denuncia que “Hazte oír pretende crear hostilidad y odio contra el colectivo LGTBI, rompiendo con ello la convivencia democrática y fomentando la homofobia”. Asimismo, considera “redundante que se conceda a las familias el derecho a la autorización previa para la asistencia de sus hijos a un tipo de actividades extraescolares que están dentro del marco constitucional y amparadas por la aplicación de la normativa específica de educación vigente”.

HazteOír.org es un lobby ultra con cerca de dos millones de euros de presupuesto, destinado a atacar derechos de las mujeres y al movimiento LGTBI. Su última campaña ha sido enviar una carta a las AMPAs y a los centros educativos de toda España para reclamarles lo que llaman un “pin parental” según el cual las familias podrán solicitar a la dirección del centro educativo información sobre cualquier actividad que afecte directamente a los “valores familiares”, a “materia afectivo-sexual”, “identidad y orientación sexual”, “diversidad sexual y afectiva” o “diferentes modelos de familia”.

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