La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar el recurso de apelación del ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en el que solicitaba salir de prisión. Una vez más, los jueces entienden esta vez que existe un “altísimo riesgo de fuga” de quien ha estado moviendo sus influencias para conseguir un “refugio blindado” en el extranjero.
Rosell se encuentra en prisión provisional desde el pasado 25 de mayo por su presunta implicación en el blanqueo de comisiones ilícitas de los derechos de la selección brasileña de fútbol.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal rechazan el recurso de Rosell en el que alegaba que la propia Sala había indicado en un auto anterior, donde también se denegó su libertad, que las objeciones al recurso “podrían haberse visto minoradas con un ofrecimiento económico que afiance la responsabilidad plena del recurrente” y que por ello sus abogados habían solicitado su libertad bajo fianza de 400.000 euros. Rosell, además, en este nuevo recurso respecto del riesgo de destrucción de pruebas que no puede ser utilizado para el mantenimiento de la medida cautelar puesto que han transcurrido en exceso los seis meses máximos previstos en la Ley.
Sin embargo los jueces, en AUTO confirman la prisión acordada por la juez instructora Carmen Lamela y contestan al recurso señalando que si hubieran considerado que la medida fuera excesiva y pudiera paliarse con la prestación de una fianza así lo hubieran acordado, “lo que no se hizo”.
Para la Sala, una fianza de 400.000 euros no minimizaría el “altísimo riesgo de fuga” de quien, consta acreditado en autos, que “ha estado moviendo sus influencias para conseguir un refugio blindado a la extradición en Tailandia o en Dubái para un conocido”, según se refleja en una conversación mantenida por Rosell, el 16 de abril del año pasado, con Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, considerado por la Policía como uno de los autores del blanqueo de este procedimiento y en paradero desconocido en la actualidad.
“No existe medida alternativa, fuera de la prisión provisional incondicional, que pueda conjurar el riesgo de fuga de una persona con esa posibilidad de contactos en el extranjero, en países sin tratado de extradición con España, que se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y hasta 18 años”, Además, afirman los jueces, que mantiene en el extranjero bajo empresas pantalla y testaferros un gran potencial económico. Concluyen los magistrados, que la medida es «necesaria, proporcionada e insustituible» por otra menos grave.
