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La plataforma “NoHayJusticia se movilizará el próximo sábado 15 de diciembre frente al Tribunal Supremo, para denunciar la vulneración de derechos civiles y políticos, falta de independencia del Poder Judicial, malas prácticas denunciadas por Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) del Consejo de Europa, y que haya presos políticos en nuestro país.

La plataforma en una rueda de prensa en la Librería “Traficantes de Sueños”, ha presentado el manifiesto para denunciar que en el Estado español, “se están dictando distintas resoluciones del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional que, con una interpretación abusiva de la ley, son una clara vulneración de los derechos civiles y políticos”. Este colectivo hace un llamamiento para adherirse al manifiesto, tras la dinámica de “indefensión en la ciudadanía , a la vez que alarma social producto de la creciente falta de confianza en la tarea del Poder Judicial”.

Casos tan escandalosos como el de ‘la Manada’, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu, “sentencias que vulneran claramente la libertad de expresión (Valtònyc, Pablo Hasél,..)”, señalaron en la rueda de prensa, donde participaron entre otros Ecologistas en Acción.

Las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial, ha comportado que todavía perdure una reducida cúpula de magistrados que son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial, sin que esta promoción responda a méritos profesionales sino a su adscripción ideológica. La plataforma ‘#NoHayJustícia’ denuncia que este mecanismo de designación “atenta contra el principio de la división de poderes, siendo un auténtico fraude en el núcleo mismo del sistema democrático”. Con estos nombramientos, “el Poder Judicial es uno de los poderes que todavía no ha llevado a cabo un paso efectivo de democratización que suponga una ruptura con la época franquista”, han denunciado en la rueda de prensa.

Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española, se ha puesto de manifiesto en el informe Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO1), del Consejo de Europa que, en cuatro informes consecutivos, incluyen advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo. Los informes GRECO concluyen la absoluta parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española como consecuencia de su designación por un órgano politizado como es el CGPJ.

La aprobación y la aplicación irregular y abusiva de instrumentos jurídicos como la ley mordaza, la ley de partidos, junto a los traslados de expedientes al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, comportan “situaciones de indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en ausencia de violencia”, han afirmado los portavoces de la plataforma. Entre ellas citan como ejemplo: (prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial, etc.).

Denuncian también las políticas penitenciarias que “conlleven medidas de represión o alejamiento que comportan daños a las familias”. Esta dura actuación “va acompañada de la permisividad por parte de la judicatura con las actitudes violentas de grupos racistas y fascistas (València, Blanquerna, …), que hacen pensar en una alarmante deriva”, han señalado.

La judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos de consulta y participación popular. Hay que recordar que sólo en Catalunya hay más de 1.200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo.

El colectivo denuncia que aunque todavía no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, “la acción de la Justicia Española está comportando prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones”.

En los últimos tiempos, se están abriendo insólitos procesos penales en muchos territorios, Andalucía, Madrid, La Rioja, … imponiendo incluso penas de prisión a personas que participaban en protestas pacíficas sin respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión y manifestación.

La aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, con reminiscencias franquistas, contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones, que ha comportado más de 300 personas encausadas.

El modelo de impunidad mantenido por el poder judicial en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista es alarmante. Desde la plataforma #NoHayJustícia, denuncia la política de impunidad desde dos planos: Por un lado “obstaculizando gravemente la tramitación de la causa penal que se instruye en el Juzgado de Buenos Aires (la denominada Querella Argentina)”, denegando las órdenes de detención y los pedidos de extradición de los imputados, negándose a tomar declaración indagatoria a los propios imputados, etc… y, por otro, “inadmitiendo a trámite las querellas criminales que se presentan en los Tribunales del Estado españolEn este sentido se enmarca la no admisión de las querellas contra Antonio González Pacheco (Billy el niño).

Sentencias como la de la Manada ponen en evidencia que el Poder Judicial tiene todavía que asumir que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni privada, sino que es una cuestión de dimensión social y política.

Las convocantes denuncian “la violencia ejercida contra las mujeres es una alta negación de los derechos humanos y la evidencia del dominio patriarcal que se ejerce provocando que las mujeres no puedan lograr su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanas de pleno derecho”. La violencia machista es una de las peores lacras de las sociedades y el Poder Judicial tiene que formarse para incrementar su sensibilidad social y contribuir a su erradicación.

También han denunciado las dificultades que encuentran “las organizaciones ambientales en su acceso a la justicia: condenas en costas, restricciones a la justicia gratuita, fianzas inasumibles para parar obras que luego se acaban demostrando ilegales una vez terminadas… son la norma más que la excepción”.

El estamento judicial no suele aplicar “el artículo 510 del Código Penal, pensado para proteger colectivos históricamente discriminados (mujeres, homosexuales, negros, gitanas, etc.). Y el mero hecho de ser personas extranjeras o racializadas las convierte sistemáticamente en sospechosas”, han remarcado en la rueda de prensa.

El caso de las hipotecas, con la desigual capacidad de reacción del Poder Judicial para frenar una sentencia que era desfavorable a la banca, “son un claro indicador que pone en cuestión la neutralidad de la justicia española”, han dicho.

#NoHayJusticia “quiere ser un espacio social de denuncia contra todas estas vulneraciones de derechos”, razón por la cual, convocan una movilización conjunta, impulsada desde muchos ámbitos, “para denunciar las irregularidades manifiestas del Poder Judicial Español”, señalan en el manifiesto.

Denunciamos que, “ahora hace 40 años, se instauró una transición que pretendía blindar la monarquía, perpetuar los privilegios de las oligarquías y restringir los derechos civiles y políticos, tanto de la ciudadanía como de las diversas Naciones del Estado español”, han concluido.

#NoHayJusticia convoca el próximo 15 de diciembre en Madrid, delante de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, para visibilizar, todavía más, los fuertes déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo.

1 Comentario

  1. Es tal como refiere la denuncia, un alabar a diós. Es repugnante lo que está ocurriendo cuando se reclaman estos casos para una mínima dignidad social y de la normalidad democrática .

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