«La pobreza energética mata» es el lema elegido por alrededor de 30 organizaciones para llamar la atención sobre el impacto de la pobreza energética. Las organizaciones consideran que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y la calidad de vida. “En definitiva, en el derecho a una vida digna”, exponen.
La última encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020 indica que la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) es del 26,4% de la población residente en España.
Las organizaciones exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, «de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y del bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética». Otras cuestiones que deberán contemplarse, comentan, son «la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, y medidas para asegurar la eficiencia energética y contra la concentración de poder de los oligopolios».
«La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino víctima del modelo: el problema está en asumir la energía como un producto financiero y no como un derecho. Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales», explican.
Las organizaciones ponen el ejemplo de la Cañada Real, «donde llevan 500 días sin luz. No existe ninguna explicación coherente para esta negligencia. Hay personas que necesitan un suministro básico para la vida».
Piden abandonar el Tratado de la Carta de la Energía
Los altos precios de la electricidad, impulsados por la tensión geopolítica del gas fósil, ponen en evidencia, a juicio de las organizaciones, el “obsceno funcionamiento del mercado eléctrico”, con un modelo marginalista que no tiene en cuenta el coste real de generación y recurre a un opaco “coste de oportunidad” en la fijación de sus precios. Detallan que la «escasa transparencia en la conformación de precios se produce por la elevada concentración de este mercado en muy pocas empresas (oligopolio) y su integración vertical en todas las actividades del sistema energético: generación, transporte o distribución y comercialización, lo que dificulta la entrada de nuevos actores como las comunidades energéticas o los agregadores de demanda«. Además, alertan de que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del que el Estado español forma parte, «supone una gran barrera de cara a implementar medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y a asegurar el acceso a la energía de toda la población, ya que una modificación profunda en el modelo energético actual podría desencadenar demandas millonarias contra el Estado. Por ello, es imprescindible la salida inmediata del TCE»
Esto ha motivado a la organizaciones a exigir una decisión política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio energético. «También se debe adoptar la regulación adecuada y llevar a cabo la transposición inmediata de las Directivas Europeas de Mercado Eléctrico para impedir la formación de nuevos oligopolios. Solo así se evitarán posiciones de dominio de empresas cuyos intereses económicos son contrarios al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo (basado en un crecimiento constante de oferta y demanda y en la concentración) por otro más eficiente, descentralizado, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios con un elevado valor social, como exige Europa», advierten.
Más inversión, autoconsumo y comunidades energéticas
Por último ponen el foco en la inversión pública y local en este proceso y el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas como «actuaciones prioritarias, porque la energía comunitaria es una herramienta con gran poder para reducir la pobreza energética y otorgar soberanía energética a la sociedad. La emergencia climática obliga a realizar la transición energética de manera rápida y urgente, pero esta se debe llevar a cabo de manera participada, equitativa, inclusiva y democrática, con criterios medioambientales y de justicia social, y con un nuevo marco de generación de energía renovable accesible para todos los hogares al mínimo precio posible«
Del Gobierno, dicen, «depende que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar en el sistema energético. Es a quien corresponde crear y activar los marcos jurídicos y mecanismos económicos necesarios para asegurar que se pueda ejercer este derecho como lo indican las directivas de la UE. Y es a la propia ciudadanía a la que corresponde exigir a sus gobernantes que cumplan sus obligaciones de servicio público y básico para el interés común y la cobertura de las necesidades energéticas».
