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Deloitte no podía ser contratada para hacer la valoración del Popular

Cuando una entidad pública contrata a un experto independiente tiene la obligación de investigar si existe conflicto de interés, algo que la JUR no hizo respecto a los conflictos que tenía tanto con el Popular como con el Santander

Manuel Domínguez Moreno
Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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análisis

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Cuando la ley obliga a una administración pública, como es la Junta Única de Resolución (JUR) a recabar informes de un experto independiente a la hora de adoptar una decisión, se contrata a esa empresa a través de un proceso de licitación en el que deben presentarse los posibles conflictos de interés que pudiera tener dicho experto.

Sin embargo, en el proceso de resolución del Banco Popular, la JUR licitó la contratación en el mes de mayo de 2017 y concedió el contrato a Deloitte, tal y como se puede comprobar en la documentación contractual a la que Diario16 ha tenido acceso.

Grave conflicto de intereses

El día 18 de mayo de 2017, cuando ni siquiera se había publicado el borrador de la AEB sobre las valoraciones de entidades financieras en un proceso de resolución, Deloitte envió a la JUR una declaración en la que afirmaba que no tenía ningún conflicto de interés respecto al Banco Popular.

Sin embargo, la auditoría realizada por PwC de las cuentas del Banco Popular de 2017, se hacen públicos distintos trabajos de auditoría realizados por Deloitte para la entidad resuelta:

Por otro lado, el presidente de Deloitte España reconoció en el Congreso de los Diputados durante su declaración en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera que la auditora estaba realizando trabajos para el Banco Santander en otros países y a través de diferentes departamentos que nada tienen que ver con la auditoría.

Las prisas nunca fueron buenas

Si no hubiese habido tanta urgencia en resolver al Popular para entregárselo al Santander, la JUR estaba obligada a verificar si la declaración de Deloitte se correspondía con la realidad porque, al ser un organismo dependiente del Banco Central Europeo, tiene acceso a la información de quiénes son las empresas auditoras que trabajan con las entidades que están bajo la supervisión de la máxima autoridad financiera de la Eurozona.

Por tanto, la JUR obvió la existencia de conflicto de interés a la hora de contratar a Deloitte para que realizara el informe de valoración sobre el que se asentó la decisión de resolver al Banco Popular y de entregárselo al Santander por un euro utilizando el modelo de resolución más lesivo para los accionistas, sobre todo para los más pequeños.

Nulidad de la resolución

Esta irregularidad es otra causa de nulidad ya que elimina la validez del informe de Deloitte cuyas conclusiones fueron tomadas como referencia para la resolución de Banco Popular.

La falta de validez del documento de la auditora, por tanto, provoca la nulidad de todo el proceso porque hay que tener en cuenta que el informe de Deloitte se entregó durante los primeros días del mes de junio y entonces ya existían esos conflictos de interés que inhabilitaban la validez del contrato firmado entre la auditora y la JUR.

Por lo tanto, el informe de Deloitte es nulo y, por ende, toda la operación posterior que se basó en sus conclusiones —aunque la propia auditora se intenta lavar las manos indicando que no tuvo suficiente información o que no le dieron el tiempo necesario para realizar el trabajo— debe ser anulada por la Justicia europea.

Ya son demasiadas las irregularidades de la JUR como para que un tribunal, español o europeo, dictamine la anulación de la operación y la devolución del dinero a las más de 1,2 millones de personas arruinadas.

Acuerdos extrajudiciales

Si esto no hubiese ocurrido en España, el Santander se encontraría en una situación en la que estaría obligado a llegar a acuerdos extrajudiciales con todos los afectados, no sólo con los que cubren sus intereses comerciales, si no se quiere encontrar con una factura que, irremediablemente, será mucho más abultada si pretende agotar todas las vías judiciales, como suele hacer el banco presidido por Ana Patricia Botín buscando el agotamiento de los demandantes de justicia justa.

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3 COMENTARIOS

  1. os merecéis un monumento al periodismo autentico y no la basura que tenemos en este estercolero de pais dicho esto los estafados expropiados y robados por su propio pais y gobierno nunca recuperaran ni un céntimo a un que se anule la venta todos se lavaran las manos como izo Poncio Pilatos se echaran las culpas los unos a los otros y los estafado no recuperaremos lo que nos robaron con nocturnidad y alevosía no obstante quiero dar las gracias a este gran Periódico que es Diario 16 por toda la ayuda prestada y al esclarecimiento del mayor robo económico del siglo XXI

    • Yo ya tengo pensado como me van a devolver lo que me han robado, a mi manera, es decir por orden numérico y a la brava incluida ampliación de cementerio -no de capital- y con un dividendo a la brava; ya queda poco, será a la luz del día.
      El 7 de este mes hace ya 4 años del desfalco a los Propietarios de nuestra Banco Popular Español, dejando sin patrimonio a mas de 305.000 Familias, 1.200.000 Personas de todas las edades -menos los fallecidos- por culpa de la golfa, el golfo barbudo y sus adláteres mafiosos y cobardes de mierda.
      Saludos y ánimo.

  2. El Guindos mira a la SS König de tal manera, que parece que está echándole el mal de ojo. ¡Anda que vaya un roto para un descosido!

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