Del viejo orden público a la seguridad ciudadana

Según la STS de 5 de Abril de 1966: “el orden público nacional está integrado por aquellos principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”. Esta cláusula de cierre del ordenamiento jurídico exponía una filosofía propia de un régimen autoritario, una absoluta simbiosis entre seguridad y orden, o mejor dicho entre lo que el Estado entendía unilateralmente por “tranquilidad” y una seguridad carente de derechos. Cuando hablamos de un Estado democrático, la seguridad pasa a dotarse de un significado positivo y debe procurar el libre y efectivo ejercicio de derechos y libertades.

Si la dicotomía entre los conceptos de seguridad autoritaria y democrática parece evidente, hoy vemos cómo el legislador democrático a veces demuestra tener serias confusiones al respecto. Hace unos días asistimos a un fuerte golpe parlamentario del Partido Popular, cuando el pleno del Congreso aprobó tomar en consideración e iniciar la tramitación de las proposiciones de ley de PSOE y PNV para modificar la ley 4/2015 de 30 de marzo. Sí, esa que todos conocemos como Ley Mordaza. Dicha ley supuso un claro retroceso en materia de derechos y libertades. Plasmaba, de forma escandalosa, una involución del concepto de seguridad, acercándose de nuevo a la perspectiva citada al inicio y alejándose de una legislación avanzada en materia de protección ciudadana. El empoderamiento atribuido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la arbitrariedad en la interpretación de los hechos y las conductas sancionables venían claramente a criminalizar la movilización social y la libertad de expresión.

Tirando de hemeroteca, damos directamente con la que el TC derogó, en la igualmente famosa Ley 1/92, la popularmente denominada como Ley Corcuera e incluso Ley de la patada en la puerta. Quizá lo más recordado de aquella es que permitía a policías entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez cuando perseguían delitos de narcotráfico. El Constitucional anuló el precepto (artículo 21.2), pero igualmente se anulaba el artículo 26.j, en virtud del cual se consideraban infracciones leves de la seguridad ciudadana «todas aquéllas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente ley o en leyes especiales, relativas a la seguridad ciudadana, ‘en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas«. Su artículo 20 admitía la retención para identificación sin límite estipulado.

Llovieron entonces las críticas hacia la Ley Corcuera: alzaron la voz la Asociación Profesional de la Magistratura, el Partido Popular, Izquierda Unida y los sindicatos de clase CC.OO y UGT (representados por Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, respectivamente). Estos últimos aseguraban además que la Ley estaba pensada para vulnerar derechos de los trabajadores restringiendo el derecho de huelga.

Lo que trato de exponer aquí es que parece que tanto la derecha como el centro izquierda han demostrado tener dificultades a la hora de interpretar la seguridad ciudadana, verbigracia de una Estado democrático. Parece que legislar al respecto, ya sea de nuevas o mediante reformas parciales, acaba restringiendo derechos.

Y en estos tiempos, cuando el terrorismo es una amenaza global, con la extrema derecha abanderando soluciones xenófobas y en una Unión Europea más débil que nunca, la seguridad ciudadana se presta a ser la mejor piedra de toque, el eslabón de nuestros principios democráticos.

No obstante, hay que celebrar la batalla ganada al Partido Popular en el Congreso, sin dejar de apelar a una derogación inmediata de la Ley Mordaza y al establecimiento de una mesa de diálogo que aborde una ley orgánica que protectora de nuestro modelo de sociedad, que no criminalice la movilización social y garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión. Que también ofrezca garantías en la actuación policial, más mediación extrajudicial y medidas que aborden alternativas educativas en la prevención del delito o la corrección del mismo mediante la reeducación.

Es importante respetar la dimensión colectiva de la libertad y la seguridad como requisito básico de convivencia. Y no se trata de apelar a un concepto pueril del buenismo: las sanciones han de formar parte de una ley de protección de la seguridad. Pero mientras algunos entienden esto únicamente como restricción policial, apelamos aquí por la contemplación de medidas que favorezcan la no reiteración de conductas antisociales.

Desde Izquierda Abierta, partido en el que milito, demandamos una ley integral de seguridad ciudadana que no tipifique únicamente hecho y sanción, sino que ahonde en la prevención. De la misma manera, debe ser garantista y proporcionada no solo para quién incurre en el hecho antisocial, también para la tranquilidad de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad.

Ante una sociedad cada vez más timorata, más globalizada y más difícil de abarcar casuísticamente, es fundamental el consenso sobre qué entendemos por seguridad y qué queremos proteger. Como demócratas es prioritario no permitirnos abandonar derechos en favor del discurso exitoso del miedo o de una ajenidad negativa, dejándonos llevar de nuevo hacia conceptos más ligados al orden público que dejan en segundo plano el libre ejercicio de libertades.