El Defensor de Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha “sugerido” al Ayuntamiento de Pepino, el pueblo donde el fiscal decano de Talavera tiene su chalet construido en zona de Dominio Público Hidráulico –y por lo tanto prohibida- para que entregue a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina el expediente de la licencia de obras del citado chalet y la licencia de primera ocupación de la misma.
La sugerencia es la forma protocolaria que el Defensor del Pueblo utiliza para dirigirse a los entes públicos con los que se relaciona por conflictos como este. Otros organismos utilizan palabras más imperiosas como instar o exhortar, con una carga más imperativa, pero que tienen el mismo fin.
De este modo, Fernández Marugán sugiere «facilitar a Ecologistas en Acción Talavera de la Reina el acceso a los documentos que forman parte de los siguientes expedientes: licencia de obras para la construcción de una vivienda en la parcela 237 de la Urbanización El Gran Chaparral 2ª Fase de ese término municipal y licencia de primera ocupación de la misma, de modo que pueda ejercer la acción pública urbanística o cualquier otra que pueda corresponderle».
Esta es la respuesta que ha tenido Ecologistas en Acción al apelar al Defensor del Pueblo después de que el Ayuntamiento de Pepino —población a 9 kilómetros de Talavera— les negara el acceso a dicha información alegando que en el expediente «figuraban datos de carácter personal» y no se tenía constancia de que la asociación ecologista se hubiera interesado en el mismo.
Fernández Marugán recuerda que «todas las personas tienen el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico, de conformidad con el apartado d) del articulo 13 de la Ley 39/2015. Por lo que, atendiendo a este precepto, no se precisa que se acredite la condición de interesado para pretender obtener información sobre un expediente de licencia de obras».
Y añade: «En materia urbanística, la acción pública permite que cualquier ciudadano pueda solicitar la supervisión de determinadas obras y la Administración tiene el deber de inspeccionarlas y de comprobar si cuentan con la preceptiva licencia y se están ejecutando de conformidad con ésta y con el resto de la normativa que le sea aplicable».
El Defensor del Pueblo informa en su misiva que el Ayuntamiento de Pepino aprobó la licencia para que el Fiscal Decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, construyera su chalet en ese término municipal el 1 de agosto de 2007, «con los informes favorables del técnico municipal y de la secretaria del Ayuntamiento. La licencia de primera ocupación se concedió el 28 de abril de 2009, por Decreto de la Alcaldía (expediente L.P.O. 11/09)».
El Defensor del Pueblo también relata, tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción en 2015 por la construcción del chalet del fiscal decano, que el Ayuntamiento reconoce que «carecía de competencias al respecto, correspondiendo al Estado actuar en este caso, por estar afectado el dominio público hidráulico».
Según se desprende de las respuestas del Consistorio de Pepino al Defensor del Pueblo, ese Ayuntamiento admite, por lo tanto, que autorizó la construcción del chalé en una zona para la que no tenía ni competencia ni potestad, ya que pertenecía al Dominio Público Hidráulico.
Y era consciente de ello. La única autoridad con competencia para dar esa autorización era la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
Precisamente, debido a las denuncias reiteradas, la CHT dictó, el 6 de marzo de 2009, una resolución “imponiendo la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”.
Según revela Marugán en su carta a Ecologistas en Acción, el desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza (al que no cita por su nombre), se dirigió, el 27 de septiembre de 2017, al Ayuntamiento de Pepino requiriendo información sobre el asunto del chalet y que el Consistorio le contestó el 6 de octubre.
